*Artículo escrito por Ana María Sanhuenza, periodista de El País Chile y publicado por el mismo medio.

Fue la primera hebra. En noviembre de 2014, cuando Juan Miguel Fuente-Alba (70) había dejado hace ocho meses de ser el jefe del Ejército chileno durante cuatro años (2010-2014), el fiscal José Morales (50) vio varias publicaciones por redes sociales en las que exmilitares daban cuenta de que el general en retiro tenía una vida ostentosa –con autos de lujo–, que señalaban que aquel estilo no era acorde al sueldo que había percibido durante su mandato, de 3.500.000 pesos chilenos mensuales (unos 3.800 dólares). Luego se sumaron cartas anónimas, algunas escritas a mano y otras en computador, con denuncias en el mismo sentido. Entonces el abogado, quien es parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, una de las más grandes de las cuatro regionales que hay en Santiago, decidió abrir de oficio, es decir motu proprio, una investigación en su contra por lavado de activos.

Para cuando resolvió indagar a Fuente-Alba, y luego a la esposa del uniformado Anita María Pinochet, José Morales –un fiscal con casi 24 años en el Ministerio Público– contaba en su currículum con dos largas indagatorias en las que había obtenido condenas por lavado de activos. Por ello, no llamó la atención que, por su experiencia, emprendiera esta nueva investigación que involucraba en una causa de corrupción el exjefe máximo del Ejército.

Morales, por ejemplo, en 2007 obtuvo una de las primeras sentencias en Chile por lavado de activos desde que rige la reforma procesal penal, un sistema de justicia que cambió gradualmente y que partió primero en dos regiones el año 2000 y rige desde 2005 en todo el país. Ese año el fiscal logró que el empresario Patricio Gálmez fuera sentenciado por ese delito al enviar droga desde Europa en un cargamento de bananas a través de la firma bananera Kristel Food. Y, en 2015, tras su investigación en el caso La Polar, uno de los mayores escándalos financieros chilenos protagonizado por tres altos ejecutivos de una multitienda que defraudaron a más de un millón de clientes –Pablo Alcalde, María Isabel Farah, y Julián Moreno–, la justicia los condenó, en un juicio abreviado, por infracciones a las leyes de bancos, al mercado de valores y también por lavado de activos.

Tras escuchar el fallo en el caso La Polar, en diciembre de 2015, la prensa chilena describía a Morales salir “sonriendo” del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, un contraste total con el rostro perplejo que el fiscal evidenció este lunes, cuando el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió en votación unánime a Fuente-Alba y su esposa por el delito de lavado de activos. Pero la resolución fue más allá, pues además criticó duramente el trabajo del abogado y de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) que trabajaron recopilando pruebas. Las tres juezas manifestaron en el veredicto tener “dudas razonables sobre la solidez de la imputación fiscal y respecto de la rigurosidad, seriedad y confiabilidad del análisis patrimonial en el que se basó el Ministerio Público para llevar adelante su acusación”.

Es una resolución que ha significado un duro golpe para Morales y el Ministerio Público. Pero que el fiscal pretende revertir pues ya ha anunciado que, cuando lea los argumentos en la sentencia –el lunes fue comunicado solamente el veredicto–, que serán entregados por el tribunal el 5 de agosto, pedirá anular el juicio.

El elegido por Boric

José Morales, abogado de la Universidad Central, entró al Ministerio Público en el año 2000 y es parte de la primera generación de fiscales del organismo, que se creó en 1998. Comenzó su carrera en Los Vilos, un municipio de la zona centro-norte chilena ubicado a unos 220 kilómetros de la capital de Chile. En 2001 protagonizó uno de los primeros juicios de la reforma procesal penal, cuando dos sujetos fueron condenados por los homicidios, uno calificado y el otro frustrado, de dos monjas que fueron atacadas en la Región de Coquimbo.

En la Fiscalía Metropolitana Centro Norte lleva más de una década en distintos cargos, tanto en delitos contra la propiedad como en la unidad de alta complejidad. Entre esas causas investigó en 2016 por estafas reiteradas en contra de 29 víctimas, por un perjuicio de 1.200 millones de pesos chilenos (aproximadamente 1,3 millones de dólares ) al ingeniero comercial y expanelista de televisión Rafael Garay. Fue condenado en 2017 a siete años de cárcel: cuando le revisaron sus cuentas solo le quedaban 1.250 pesos chilenos (poco más de un dólar).

Tras el estallido social que comenzó el 19 de octubre de 2019, Morales ha logrado de las pocas condenas por la quema de las estaciones de metro. En su caso, llevó a juicio a dos jóvenes por el incendio de la estación San Pablo: uno de ellos fue sentenciado a 10 años de cárcel y otro a dos, por daños.

En junio de 2022 obtuvo presidio perpetuo para el homicida de Tamara, una niña de cinco años que en febrero de 2021 fue asesinada de un disparo durante una encerrona, cuando dos hombres interaron robar el autómovil de sus padres.

Actualmente, el fiscal está en etapa de juicio por el incendio, también durante las protestas del estallido social, de la iglesia de Carabineros. Es una causa que llevaba en paralelo al caso de Fuente-Alba, que acaba de perder.

Morales ha postulado dos veces para ser fiscal nacional, en 2013 para reemplazar a Sabas Chauhuán y en 2022 para ocupar el cargo que dejó Jorge Abbott. En ambos concursos ha quedado como finalista en las quinas de candidatos que elabora la Corte Suprema, pero no ha logrado liderar el Ministerio Público.

En noviembre de 2022 estuvo muy cerca de convertirse en fiscal nacional, pues el presidente de izquierdas Gabriel Boric lo eligió como su candidato, pero su nombre fue rechazado en el Senado. Finalmente, fue nombrado en el cargo el abogado Ángel Valencia, cuando el Parlamento aceptó la tercera propuesta del mandatario.

Un nuevo juicio

José Morales investigó al general Fuente-Alba, quien fue representado por el penalista Miguel Chaves, por casi nueve años, mientras que el juicio oral se extendió por cerca de 300 días. Sin embargo, el fiscal no logró acreditar el delito reiterado de lavado de activos, que tiene como ilícito base la malversación de caudales públicos, arista que investiga la justicia militar.

La acusación en contra del excomandante se basaba en un posible desvío de fondos de 2.980 millones de pesos (cerca de 3,2 millones de dólares) que provenían de los gastos reservados del Ejército para la compra de propiedades, regalos, automóviles y viajes. E imputaba tanto al exuniformado como a su esposa haber realizado diversas acciones para ocultar el origen del dinero. Ambos arriesgaban una pena de entre 10 a 15 años de prisión, de acuerdo a lo pedido por el Ministerio Público.

Según ha dicho Chaves, el abogado del exuniformado y su esposa, “son 40 años de matrimonio” y “quedó absolutamente acreditado que en la labor de la Fiscalía y de las policías no se indagó para nada esta trayectoria patrimonial, tanto así que usaron un término que para este tipo de casos es sumamente importante: el contraste entre lo que había antes de y lo que ocurrió durante”.

Si bien Fuente-Alba ha sido liberado en esta arista que lidera la Fiscalía, el exjefe del Ejército se encuentra sometido a proceso por la justicia militar por malversación de fondos públicos por un monto aproximado de 3.500 millones (unos 3,7 millones de dólares), falsedad de documentación y uso de un automóvil y de un avión institucional fuera de su horario del trabajo mientras era comandante en jefe. Es una causa que primero investigó la jueza Romy Rutherford y que hoy está en manos de la ministra Ana María Osorio y cuyos peritos son los mismos que han sido cuestionados este martes por el tribunal que absolvió al general y su esposa. Ello implica un desafío mayor para Morales, si es que finalmente decide, en agosto próximo, cuando analice el fallo, pedir la nulidad del juicio.

“Existe falta de precisión y rigurosidad en la investigación. El análisis contable se debe hacer bajo el prisma de lavado de activos, lo que da cuenta que el enfoque estuvo centrado en una causa distinta, llevado en otra sede”, ha dicho el tribunal oral, en el veredicto publicitado el lunes, en referencia a la investigación de la justicia militar.

Morales, tras conocer el lunes el resultado adverso, respaldó la labor de los peritos de la Policía de Investigaciones, de quienes dijo que “son serios” y que han hecho por años “un trabajo completo”, tanto para la justicia militar como para la Fiscalía.

En 2019, Fuente-Alba estuvo en prisión preventiva durante seis meses en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, en el sector oriente de Santiago, por orden de la justicia militar. La causa se encuentra abierta.

*Columna de opinión escrita por Alfredo Joignant, sociólogo y cientista político, para El País Chile.

Desde hace años que se vienen advirtiendo los serios defectos en operan en el funcionamiento diario del sistema político chileno, cuya acumulación a lo largo del tiempo lo han transformado en un espacio cacofónico y, sobre todo, ingobernable. El último episodio de disfuncionamiento del sistema consistió en que una pequeña nueva fuerza, Demócratas, desconoció el acuerdo administrativo que fue firmado por todos los partidos hace un par de años, el que establecía un calendario de rotaciones en la presidencia del Senado a partir de los resultados electorales de 2021 que arrojaron dos perfectas mitades: nadie, hasta ahora, tenía mayoría en la cámara alta.

Es ese acuerdo que se rompió, y es un fiel reflejo del mal funcionamiento del sistema político a partir de una reforma electoral bien intencionada que fue adoptada en 2015, pero que está produciendo estragos en el Congreso. Para hacerse una idea de la necesidad de introducir reformas políticas en varios niveles, pensemos tan solo en qué hubiese ocurrido si hubiese estado vigente una norma -muy común en los congresos y parlamentos modernos- para reducir el riesgo de transfuguismo: de acuerdo a esa norma, un diputado o senador que fue elegido por un determinado partido, al abandonar la tienda (por las razones que fueren) que le permitió triunfar en la elección, perdería su escaño. Pues bien, fue precisamente la ausencia de esa norma anti-tránsfugas lo que permitió que dos senadores que fueron elegidos en cupo democratacristiano, renunciaran al partido de la flecha roja, desconociendo el acuerdo administrativo y modificando las correlaciones de fuerza en el Senado.

Es altamente probable que lo mismo ocurra en la Cámara de Diputados.

Este episodio es uno de los muchos males que afectan el funcionamiento del sistema político y de partidos, cuyos rasgos más nefastos son: la excesiva fragmentación (especialmente en la cámara baja, con 21 partidos representados); la posibilidad de abandonar un partido sin costo alguno para el renunciante, en una tácita definición de quien es el propietario del cargo (¿el senador o el partido?); la posibilidad de evitar la disolución partidaria tras un mediocre desempeño electoral a partir de fusiones instrumentales con otros partidos en la misma condición; a lo que se suma un largo etcétera.

Si bien la reforma electoral del 2015 respondió a la necesidad de superar al sistema binominal, abriendo el Congreso a nuevas fuerzas, nueve años después observamos que esa reforma fue una mala reforma. No hay nada más difícil que reformar un sistema electoral, especialmente cuando eso se traduce en redistritajes (alteraciones del mapa del territorio electoral) y alteraciones de las magnitudes distritales (el número de cargos a elegir en cada distrito electoral o circunscripción senatorial). Esta dimensión del problema debe ser corregida teniendo a la vista la igualdad del valor del voto entre chilenas y chilenos, pero no en este momento. Hay cuatro otras reformas que son mucho más urgentes, todas ellas conducentes a mejorar el debate legislativo y hacer más eficiente la función legisladora de diputados y senadores.

La primera de ellas es reducir el número de partidos con representación en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lograrlo? Básicamente, de dos modos. En primer lugar, elevando los requisitos para formar e inscribir nuevos partidos: si bien la firma de un individuo seguirá siendo el principal criterio para formar a un partido, es la cantidad de firmas la que debe ser modificada, tanto a nivel nacional como regional. Lo ideal es que el sistema de partidos esté dominado por partidos nacionales, esto es por organizaciones que se inscribieron en cada una de las regiones de Chile (con un mínimo del 1% de firmas correspondientes a la cantidad de votos que fueron emitidos en la última elección a la Cámara de Diputados). En segundo lugar, empujando a que los partidos que compiten en elecciones parlamentarias alcancen, como mínimo, el umbral del 5% de los votos a nivel nacional, so pena de ser disueltos.

La segunda gran reforma es codificar legalmente la propiedad de los cargos electivos: exceptuando a personas independientes que compitieron por fuera de los partidos y contra ellos, y que tuvieron éxito en el intento, en todos los otros casos el dueño del cargo es el partido y no su ocupante. Esto quiere entonces decir que, si un diputado o senador abandona al partido a través del cual fue elegido, pierde irremediablemente el escaño.

La tercera reforma es prohibir fusiones post-electorales por motivos de sobrevivencia, con el fin de alcanzar entre dos o más partidos el anhelado umbral del 5% de los votos. Esto no quiere decir que las fusiones no puedan ocurrir, pero deben responder a un genuino ejercicio político: en tal sentido, el proceso de fusión de los partidos del Frente Amplio es un muy buen ejemplo de un proceso limpio y virtuoso.

La cuarta reforma consiste en entregar dinero público a los partidos que compiten en elecciones y alcanzan el 5% de los votos, y no a los partidos que se acaban de formar (salvo para gastos estrictamente administrativos bajo un mínimo legal).

Tengo perfecta conciencia que las reformas políticas necesitadas son muchas más (un grupo transversal de personalidades de izquierda y derecha está promoviendo una veintena, varias de ellas apegadas a la propuesta de reforma del sistema político que emanó del comité de expertos que elaboró el ante-proyecto de nueva Constitución en el marco del segundo y abortado proceso de cambio constitucional), pero hay que optar. Es imprescindible seleccionar aquellas reformas con mayor potencial para conseguir mayorías relevantes en ambas cámaras, apostando a que generarán efectos en el próximo ciclo electoral.

Este tipo de reformas no gozarán de apoyo popular, qué duda cabe (otra vez los políticos enfrascados en los temas que solo a ellos les importan). Pero lo que no ven quienes son los principales interesados en experimentar mejoras en su vida práctica y cotidiana, las personas comunes y corrientes, es que para que eso ocurra es imprescindible reformar el sistema político, garantizando un pluralismo moderado y capacidad política para gobernar a un país no solo estancado, sino que bloqueado.

*Columna de opinión escrita por Alfredo Joignant, sociólogo y cientista político, para El País Chile.

“El Gobierno debe recurrir al debate ciudadano, a la movilización social, a la recolección de firmas, a todos los mecanismos que pongan en evidencia cuál es la opinión que tiene la ciudadanía con los grandes temas”. Es con estas palabras que el senador comunista Daniel Núñez describió el ánimo de ese partido tras la pérdida de la presidencia del Senado por parte del oficialismo, desatando un vendaval de críticas en la derecha y un evidente distanciamiento del gobierno con ese llamado a la movilización social por las reformas. Solo encontró algún eco en Diego Vela, presidente del partido Revolución Democrática.

El problema planteado por el senador Núñez se sitúa en varios niveles.

En primer lugar, la invocación a la movilización social gatilló todo tipo de miedos en la derecha económica, así como pesadillas y fantasías en la derecha política, al encontrarse todavía traumatizados por el estallido social de octubre de 2019 (el que por lo demás goza de pésima reputación según las encuestas de opinión). Es cierto: no hay razón para asumir traumas ajenos, pero sí para considerarlos a la hora de hacer política cuando se trata de actores que estarán directamente implicados en la negociación legislativa y en el diálogo gremial.

En segundo lugar, el llamado a la movilización por las reformas no repara en que sobre varias de ellas (especialmente en el debate previsional), las izquierdas se encuentran severamente dominadas por el discurso ideológico de derechas que subraya que las cotizaciones de los afiliados al sistema privado de AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) son solo de las personas. Si bien existe un verdadero colapso de la marca AFP entre los chilenos, esto no significa que la opinión pública se encuentre orientada hacia un sistema de reparto, ni menos hacia el principio que lo sustenta, la solidaridad. La creencia (de derechas) sobre el destino natural de las cotizaciones hacia las cuentas individuales ha calado muy hondo: nada se saca con reivindicar la movilización social para introducir reformas solidarias en este ámbito de la realidad cuando las creencias de los chilenos se refieren a un sistema exactamente opuesto. Si la movilización social apunta a producir cambios políticos en el corto plazo, la creencia neoliberal en la salvación individual basada en el esfuerzo personal supone una lucha ideológica de largo plazo.

En tercer lugar, el llamado del senador Núñez se da en en un contexto de derrota política del oficialismo en la Cámara Alta: ¿cómo no ver que, en estas condiciones, la movilización social suena inevitablemente a presión social (con todas las connotaciones que la derecha quiere ver en ella), y no al poder de persuasión que ésta puede generar en la política? ¿Es razonable actuar bajo el supuesto que diputados y senadores cambiarán sus preferencias en función de la presión social social? Supongamos por un instante que sea así: ese cambio de las preferencias no será el fruto del intercambio racional de argumentos (en el que podría imperar el peso habermasiano del mejor argumento), sino de una expectativa oportunista sobre las mejores chances para ganar una elección.

Finalmente, el llamado a la movilización social no toma seriamente en consideración las dos grandes derrotas de las izquierdas en los últimos dos años. En primer lugar, la derrota aplastante de la primera propuesta de cambio constitucional en septiembre de 2022 (62% a 38%), la que efectivamente abría un cauce político e institucional para el cambio de sistema previsional. En segundo lugar, el triunfo arrollador de la derecha tradicional y, sobre todo, de la extrema derecha (Republicanos) en la elección de consejeros constitucionales para redactar un segundo proyecto de constitución, bajo un sistema de voto obligatorio que permitió aumentar la masa de votantes (especialmente a favor de candidatos de derechas) en cinco millones de personas. Todo conspira en contra de la sensatez de la movilización social por las reformas, y por tanto de su eficacia legislativa.

Se podrá retrucar que en Estados Unidos el propio presidente Joe Biden se unió a la huelga de trabajadores de la industria automotriz en Michigan en septiembre de 2023, en una verdadera movilización social por el aumento del 40% del sueldo de los trabajadores. Si bien se trata de un episodio único en la historia moderna de los Estados Unidos en el que un presidente se une a una huelga obrera, esto no se compara con el problema chileno: la mayoría política en ambas cámaras es hostil a la agenda de reformas del Gobierno, en medio de un tóxico clima de opinión que se traduce en la negación de la sal y el agua a cualquier reforma que modifique en el margen el modelo económico.

Vaya retroceso.

Si bien la propuesta de derechas de nueva Constitución fue también derrotada en las urnas, esto no significa que el clima de opinión sobre las reformas políticas y sociales que Chile necesita hayan adoptado un giro socialdemócrata.

Todo lo anterior ha colocado en una posición difícil al Gobierno del presidente Boric, cuyos ministros políticos tuvieron que salir rápidamente a aclarar la postura del Poder Ejecutivo: conscientes de que son minoría en el Senado y, con toda probabilidad, en la Cámara de Diputados, la ministra del Interior Carolina Tohá dejó meridianamente claro que no es rol del Gobierno llamar a la movilización social, sino más bien de dialogar con la oposición con el fin de desembocar en algún tipo de negociación en materia tributaria y previsional.

¿Hay fuerza, convicción y voluntad en los partidos oficialistas para provocar movilización social? La respuesta es no. Todos los partidos pueden concordar en que la movilización social es importante, pero esta se torna en un desafío inabordable en tiempos en los que las izquierdas están en retroceso, mientras que sus partidos se encuentran en franca debilidad: tan solo el 10% de los afiliados a dos partidos del Frente Amplio votaron por conformar, de modo telemático y en dos días, un partido único. Si a eso le sumamos la ausencia de convicción por movilizar al pueblo en condiciones de alta debilidad política, el resultado es claro: el llamado a la movilización social del senador Núñez es irracional, infringiendo un grave daño a la remota posibilidad de que un comunista sea presidente de la Cámara de Diputados.

Este cuadro de limitaciones y restricciones describe un escenario de reformismo imposible en los dos años que quedan de gobierno del presidente Boric. Es altamente probable que, de haber reformas, estas se darán bajo las condiciones que las derechas planteen, lo que obliga al gobierno a promover algo del espíritu originario de corte socialdemócrata en el difícil diálogo sobre las reformas que está siendo promovido por los ministros sectoriales.

El impacto de la derrota de la primera Convención Constitucional, el 4 de septiembre de 2022, fue de tal magnitud, que las reformas económicas y sociales se encuentran marcadas por el sello del minimalismo.

Dicho de otro modo, un reformismo imposible.

*Columna de opinión escrita por Ana María Sanhueza, periodista, para El País Chile.

El presidente Gabriel Boric ha salido esta semana de vacaciones y cuando regrese comenzará oficialmente su segundo tiempo, los últimos dos años de su mandato, que termina el 11 de marzo de 2025. Ha sido un Gobierno con dificultades que, además, ha debido enfrentar catástrofes, como han sido los incendios forestales que siguen provocando dolor. El lunes se confirmó la víctima 133.

La reconstrucción de las por ahora más de 7.000 casas de los cerros de Viña del Mar arrasados por el fuego tomará gran parte de la agenda de esta Administración en su segundo periodo. En paralelo, el Gobierno intentará, en marzo, sacar adelante en el Senado su reforma estrella, la de pensiones. No serán tiempos fáciles. El proceso de recuperación de los barrios está a cargo de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, cuyo estilo de trabajo ha descrito en detalle la periodista Antonieta de la Fuente. Será la carrera más difícil de la secretaria de Estado, una ordenada abogada que practica triatlón y natación en su tiempo libre, y que espera tener un plan concreto de recuperación la tercera semana de marzo. También ha sincerado que cualquier proceso no demorará menos de dos años.

Boric llega a la mitad de su Administración en una versión distinta de sí mismo, según ha destacado el ensayista y quien fue el principal asesor del socialista Ricardo Lagos, Ernesto Ottone. El sociólogo, que se reconoce muy crítico de este Gobierno, nos ha dicho en una entrevista que “Boric ha tenido una maduración” que debe ser apreciada, en referencia a la sorpresiva autocrítica que hizo el mandatario en el funeral del expresidente Sebastián Piñera sobre el papel que tuvo cuando fue su oposición. Son palabras que han seguido resonando, y que le han costado cuestionamientos en el propio oficialismo, sobre todo en parlamentarios comunistas. Es algo que para Ottone ha sido de fondo, mucho más que una escaramuza. Pero que ha dejado a Boric en otro pie, “en una posición de Estado, en que tú no hablas para los tuyos, para quienes te apoyan ni para los amigos con que te criaste políticamente”.

El presidente se mantiene con un piso del 30% de aprobación, aunque en la última medición de la encuestadora Cadem, que mide cada semana el pulso de los chilenos, le ha dado un 3% de apoyo, hasta el 33%. En contraste, Boric recibió el viernes una ovación en el evento Juntos Chile se levanta para apoyar a los damnificados por los incendios. Son curiosidades del momento, pero que ocurren, al mismo tiempo que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ha sido ratificada como la figura política más importante de la oposición, con un 74% de respaldo ciudadano en el primer sondeo tras la muerte de Piñera y ocho puntos más que hace un mes.

*Columna de opinión escrita por Alfredo Joignant para El País Chile.

Tras casi dos años de Gobierno, son evidentes las dificultades que el presidente Gabriel Boric ha debido enfrentar. Los obstáculos han sido enormes: obstruccionismo parlamentario de la derecha en una actitud abiertamente revanchista en contra del Frente Amplio por haber incurrido en el mismo pecado cuando era oposición al anterior Gobierno de Sebastián Piñera(2018-2022); espiral inflacionaria (en vías de ser contenida); una crisis en seguridad pública que no cede en intensidad, tanto en número de asesinatos como en percepción de inseguridad; el conflicto en La Araucanía que ha logrado ser contenido mediante la presencia en terreno de unidades del Ejército; fallas garrafales de gestión gubernamental; inexperiencia del primer Gabinete que se tradujo en una verdadera debacle en nueve meses y en el ingreso hegemónico del Socialismo Democrático, y un largo etcétera.

Sumemos a este inventario de problemas el definitivo fracaso del proceso de cambio constitucional, especialmente el primer intento (2021-2022) que fue hegemonizado por la izquierda más ultra, lo que llevó al Gobierno a través de un ministro cercano al presidente (Giorgio Jackson) a supeditar –en un arranque de irresponsabilidad– el éxito de las reformas del Gobierno al triunfo del voto apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 (el 62% de los chilenos lo rechazó). Buena parte de la explicación de estos problemas se debe al carácter experimental de este Gobierno, en un doble sentido de la palabra: en primer lugar, por cobijar en su seno a dos coaliciones (toda una rareza, y no solo en un régimen presidencial) y, en segundo lugar, por haber conquistado la hegemonía electoral en buena lid por la nueva izquierda frenteamplista en alianza con el Partido Comunista (Apruebo Dignidad), al derrotar tanto en votos como en escaños a la centroizquierda en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2021.

Sin embargo, hay un aspecto contra el cual la nueva izquierda en el Gobierno ha tropezado una y otra vez, desde el presidente Boric hasta varios de sus ministros y subsecretarios: las palabras y las conductas que fueron proferidas cuando eran oposición al segundo Gobierno de Piñera. Periódicamente, las derechas recuerdan esas palabras para evidenciar la magnitud de las contradicciones que experimenta el Gobierno.

Ese es el caso, evidente, en materia de legislación sobre seguridad pública. Durante el Gobierno de Piñera, la oposición de izquierdas (especialmente frenteamplista, que terminó por arrastrar a los socialistas cuyo complejo por no parecer lo suficientemente de izquierda grafica un inconsciente inexplicablemente culposo) le negó a la Administración de derecha cualquier tipo de legislación que se tradujese en un aumento de la represión y las penas (en clave de izquierdas: en una disminución de los derechos de las personas). Si bien la ministra del interior Carolina Tohá (del Socialismo Democrático) ha tenido un relativo éxito en legislar sobre las mismas materias en las que fracasó el Gobierno de Piñera, eso se ha pagado al costo de tragarse las palabras cuando se era oposición y de aceptar que los socios más de izquierda voten en contra de no pocas de estas leyes.

¿Cómo no recordar las críticas feroces a la policía por haber cometido violaciones a los derechos humanos durante el estallido social? Lo mismo se puede decir de la advertencia del diputado Boric cuando era candidato presidencial: “Señor Piñera, está avisado, se le va a perseguir por las graves violaciones a los DD.HH. cometidas bajo su mandato”. Lo irónico es que, en la actual crisis de seguridad, el propio general director de Carabineros ha expresado su gratitud al presidente por haber rápidamente solucionado varios problemas logísticos heredados de la anterior Administración.

Pero el ejemplo más espectacular de contradicción entre las palabras y los actos es el reciente acuerdo alcanzado entre el Estado de Chile a través de CODELCO y la empresa minera Soquimich (SQM) en materia de litio. Durante años todas las izquierdas deploraron el neoliberalismo, mostrando escozor ante cualquier tipo de política pública que involucrase a agentes empresariales identificados con el modelo de desarrollo chileno. Pues bien, SQM (una empresa líder a nivel mundial) es uno de esos agentes, cuya fama en Chile se origina en el rol que cumplió uno de sus principales accionistas, Julio Ponce Lerou, quien fue yerno del dictador Augusto Pinochet. Una vez más hubo que tragarse las palabras, sin siquiera expresar algún tipo de justificación por la crítica histórica mordaz a SQM (por lo demás justificada, debido al rol corruptor que esta empresa jugó a través de la entrega de dinero para campañas electorales). Pero al mismo tiempo, la inconsistencia es patente entre la crítica histórica y la necesidad de pragmatismo en el presente: Chile tiene una oportunidad fantástica para explotar el abundante litio que sus salares contienen, y el acuerdo alcanzado con esta empresa (cuyas capacidades técnicas son reconocidas) es una decisión eminentemente racional.

Este largo inventario de contradicciones e inconsistencias entre las palabras y las decisiones de Gobierno ha alcanzado niveles paroxísticos en Chile, dada la virulencia de las críticas que fueron emitidas hasta hace apenas un par de años. Para ser justos, el problema lo enfrentan todos los gobiernos democráticos, aunque unos más que otros.

¿Qué significa gobernar? Pues bien, la unidad esencial de análisis es el lenguaje, dado que es través de él que el ejercicio del poder político y sus contra-poderes se comunican. Cuando el vínculo entre las palabras y la política real es inconsistente, ¿cómo sorprenderse que los chilenos queden desconcertados, moviéndose entre la desconfianza, la desafección y el descontento? Sin duda, estas tres D expresan el gran mal que aqueja a las democracias representativas, el malestar en la representación: recetas y balas de plata para enfrentar estas inconsistencias no existen. Solo se puede apelar a la conciencia reflexiva de los actores políticos cuando hablan como si no existiese un mañana, en la creencia de que las palabras se las lleva el viento, o que los pueblos tienen la memoria corta. Algo de verdad hay en esto, pero al mismo tiempo es importante no perder de vista que quienes habitan el pueblo tienen algo de memoria y, sobre todo, no son tontos.

*Columna de opinión escrita por Michelle Bachelet para El País Chile.

Cuando comenzamos con el camino constitucional buscábamos tener una nueva Constitución que nos entregara un marco de encuentro, robusto y flexible, que nos permitiera abordar los desafíos que enfrenta nuestro país. Desafortunadamente, en lugar de unirnos, la actual propuesta de texto constitucional nos divide y nos seguirá dividiendo a la hora de enfrentar los temas de Estado.

La Constitución debe ser un piso común para lo que somos y lo que queremos ser. Debe ser el marco en el que quepamos todos y todas, y que sea capaz de representarnos a todos y todas. Y eso no sucede con la propuesta del texto constitucional, porque tiene ciertas normas que no podemos dejar pasar.

El texto con el que nos encontramos refleja los intereses de un solo sector político, es decir, repite los mismos errores del proceso anterior. Según los expertos, tiene deficiencias técnicas graves y podría llevar a un alto riesgo de judicialización.

En algunos temas como los derechos de las mujeres, la propuesta pone un límite a lo que hemos impulsado por décadas, una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria. Es momento de resistir los intentos por hacernos retroceder en los avances conseguidos. La despenalización del aborto en tres causales podría ser declarada inconstitucional por la norma que establece que “la ley protege la vida de quien está por nacer”; y por la norma que establece que “niño es todo ser humano menor de 18 años”.

También tenemos que pensar en nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes son el futuro de Chile, y cuyos derechos y deberes no están garantizados explícitamente en esta propuesta. Esto es especialmente preocupante si pensamos en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o abandono.

En materia de salud, se constitucionaliza el modelo de las isapres y el derecho a la salud se condiciona a la capacidad económica de las personas. En tanto, en materia de previsión social se impide reformar el sistema para que otorgue pensiones dignas, un anhelo de la ciudadanía desde hace años. Además, establece normas regresivas, como la eliminación del pago de contribuciones, que disminuirá el Fondo Común Municipal que sirve a tantos municipios de escasos recursos para que tengan un mayor presupuesto, sin asegurar una manera cierta de reemplazarlos.

Las verdaderas preocupaciones de las chilenas y chilenos no se resuelven con este texto constitucional. Porque, a pesar de lo que muchos han dicho y quieren hacer creer en la campaña, la seguridad nunca se ha resuelto por ninguna Constitución. Y para hacer frente a ese desafío que trasciende a los gobiernos, se necesita la unidad de toda la sociedad. Necesitamos que hoy los políticos se concentren en las prioridades de la ciudadanía: seguridad, empleo, salud, vivienda, educación, entre otras.

Y eso es lo que permitirá el voto En contra, cerrar finalmente este proceso –como han señalado ya los partidos políticos– y dejar espacio para que haya acuerdo en estas materias prioritarias. Por el contrario, si se aprobara el texto, lo que vendría serían años en que tanto este Gobierno como el próximo deberían dedicar su tiempo y energías a implementar la nueva Constitución. Estaríamos durante años esperando que se pongan de acuerdo en aprobar las leyes y realizar las contrataciones necesarias para hacer realidad una mala propuesta constitucional.

Como decía el obispo sudafricano, Desmond Tutu, yo soy una rehén de la esperanza. Por eso tengo esperanza en que las chilenas y chilenos entenderán que la Constitución debería unirnos, debería entregarnos certezas para los próximos años, debería incluir a todos los sectores políticos y debería asegurar los derechos tanto de los hombres como de las mujeres. La Constitución debería fortalecer nuestra democracia.

El próximo 17 de diciembre tenemos que ir a votar con la convicción de que la opción que elijamos nos permitirá como país concentrarnos en los desafíos que aquejan a las personas hoy, y que nos permita, con mayor unidad, llegar a acuerdos que nos aseguren un futuro más próspero para todos y todas. No queremos que nadie se joda en nuestro país, como se ha planteado en una de las franjas. Chile se merece que sigamos trabajando por una visión que nos una y no nos divida. Que no se joda nadie.

*Columna de opiníon escrita por Alfredo Joignant para El País Chile.

Hace un puñado de días (el 7 de noviembre), el Consejo Constitucional le entregó al presidente Gabriel Boric la propuesta de nueva Constitución, la que será sometida a aprobación o rechazo popular en un plebiscito el 17 de diciembre próximo. La presidenta del órgano redactor hoy extinto, Beatriz Hevia, no trepidó en criticar solapadamente a la manera de cómo Chile está siendo gobernado, convocando en un registro polémico y cargado de memoria a los “verdaderos chilenos” para aprobar esta nueva Constitución (la frase completa fue: “Los verdaderos chilenos anhelan con esperanza que se cierre este proceso constitucional y que los políticos dejemos nuestras diferencias ideológicas y programáticas y nos pongamos a su servicio”).

La respuesta no se hizo esperar: las redes sociales hirvieron y el mundo político de izquierdas asoció inmediatamente esta distinción entre “verdaderos” (y tácitamente falsos chilenos) con el fascistoide calificativo de “humanoides” que el miembro de la junta militar durante la dictadura (el almirante José Toribio Merino) utilizó para nombrar a los comunistas (“Hay dos tipos de seres humanos: unos que los llamo humanos y otros, humanoides. Los humanoides pertenecen al Partido Comunista” o “tenemos que hacernos la conciencia y absoluta voluntad de vencer en la lucha entre ser cristianos o ser humanoides”, en el periódico Las últimas noticias el 31 de mayo de 1988).

El recuerdo de ese calificativo tan estigmatizante ha sido persistente, ya que el almirante hizo de los días martes (los martes de Merino) durante la década del 80 un día en el que conversaba, de modo informal, con la prensa para decir brutalidades de naturaleza incluso racista (aun se recuerda su “Los bolivianos son auquénidos metamorfoseados que aprendieron a hablar, pero no a pensar”, con el fin de descalificar la reivindicación del país altiplánico de una salida soberana al mar). Hevia, una consejera constitucional que fue elegida en cupo del partido Republicano de extrema derecha, no ha logrado, ni logrará aclarar lo que quiso decir, ni siquiera apelando como fuente inspiradora a una antigua frase proveniente de la Constitución de 1833 (“ya llegó el día suspirado en que van a realizarse las esperanzas de los verdaderos chilenos, de esos chilenos honrados y pacíficos que miran con toda la sinceridad de su corazón por el bienestar de sus conciudadanos”).

¿Por qué?

Porque la frase de la discordia fue pronunciada en un evento solemne en el que se encontraba presente el disenso constitucional chileno que se busca resolver, el mismo disenso que se originó a comienzos de los 80 y que Merino revivió en varias oportunidades cuando este excomandante en jefe de la Armada presidía la Comisión Legislativa Conjunta para reformar la Constitución de 1980 (esa misma Constitución, reformada en sus aspectos más aberrantes en 2005, que se pretende superar desde que se inició el proceso de cambio constitucional en 2020). Es, entonces, en el contexto de este disenso constitucional hasta ahora no resuelto que se inscribe la invocación de los “verdaderos chilenos”, rememorando inevitablemente las palabras de Merino.

Pero hay algo más profundo en las palabras de Beatriz Hevia. No es primera vez, ni será la última, en donde lo que se encuentra en juego es una definición del pueblo chileno. Esto no debe ser motivo de sorpresa, ya que en el primero proceso fallido de cambio constitucional que fuese liderado por una variada fauna de izquierdas, el pueblo fue invocado y definido de distintos modos, con regular frecuencia: desde el nacimiento de un nuevo pueblo, según el ensayista Carlos Ruiz, hasta la multitud que recuperó su confianza en sí misma, según Rodrigo Karmy, sin olvidar que la fuerza que terminó hegemonizando la primera Convención Constitucional llevaba como nombre La lista del pueblo.

En todas estas locuciones, se le atribuían al pueblo virtudes que las élites y oligarquías chilenas le negaban sistemáticamente, al punto de ver en la actuación del pueblo durante el estallido social de octubre de 2019 una confirmación de un ethos singular, porque popular. Pues bien, en este segundo intento de cambio constitucional, con un órgano redactor enteramente dominado por la extremaderecha que somete a la derecha clásica, es una figura también virtuosa del pueblo que emerge: pero la de un pueblo reaccionario, esto es un grupo del que no pueden formar parte todos los chilenos, ya que para integrarlo se requiere ser un “verdadero” chileno, cuyo ethos se resume en la idea del buen chileno.

Lo que es lamentable en estas batallas de palabras es que tienen lugar en el momento más importante y delicado de un debate político: el momento en el que se están redefiniendo las reglas superiores de la convivencia colectiva, la Constitución, en cuya redacción debiesen estar presentes definiciones amplias, o si se quiere sin exclusiones, de lo que ser chileno quiere decir. Es esto lo que explica que este segundo plebiscito tenga chances de éxito sumamente improbables.

Sabemos que “el pueblo” es un “constructo complicado, ambiguo en el mundo moderno”, sobre todo cuando es acompañado por un adjetivo: patriótico, virtuoso, sensible, auténtico o simplemente común, como bien lo recuerda Sophia Rosenfeld en su libro Democracy and Truth: a Short History. Pero cuando se le atribuye a un pueblo un ethos que lo homogeneiza pagando al precio fuerte la exclusión de quienes no son dignos (por las razones que fuere) de formar parte de él, entonces se entiende con claridad la imposibilidad de dirimir la controversia constitucional chilena.

*Columna de opinión escrita por Alfredo Joignant para El País Chile.

A menos de 50 días del plebiscito de salida del 17 de diciembre, todas las encuestas muestran lo improbable del triunfo de la opción A favor del texto de nueva Constitución que será entregado en los próximos días al presidente de la República. Salvo una encuesta extravagante (Black § White) que arroja un empate, las últimas mediciones de Criteria, Feedback y Pulso Ciudadano muestran entre 20 y 40 puntos de diferencia. Estas diferencias grotescas entre encuestas debiesen alertar sobre los fenómenos de intoxicación de la opinión pública, ya que son estos fenómenos los que degradan la disputa democrática.

Pero también degradan la competencia democrática las alertas por un posible nuevo estallido social en caso de triunfar la opción A favor. No son pocos en la academia que han levantado esa voz de alerta jugando a la profecía (de modo parecido al juego del oráculo en el que incurrieron varios ensayistas al proclamar “no la vieron venir” en 2019), pero hay también políticos relevantes que están incursionando en la infusión del miedo (por ejemplo, el senador y presidente del Partido por la Democracia Jaime Quintana, ayer en el diario El Mercurio, quien no descartó esta eventualidad debido a la continuidad de las condiciones que originaron el estallido social en 2019). No es esa la forma de persuadir sobre las opciones en juego. Como en un juego de máscaras, una parte de la izquierda está repitiendo la misma mala práctica de la derecha en el anterior plebiscito, asustar más que convencer, y no faltarán las noticias falsas de lado y lado que repletaron la escena mediática en el año 2022.

Razones para la crítica a este texto hay muchas, y ninguna necesita actuar burdamente sobre las emociones. Lo que se necesita, entonces, es incursionar en un registro de justificaciones sobre la controversia constitucional a partir de razones claramente expresadas. Es así como es un verdadero objeto de controversia la perpetuación de la propiedad sobre los derechos de agua (agregando a la actual Constitución la facultad de “disponer, transmitir o transferir” esos derechos); hay una verdadera amenaza a la ley de aborto por tres causales mediante dos normas (“la ley protege la vida de quien está por nacer” y un “niño es todo ser humano menor de 18 años”); se circunscribe la limitación del derecho a huelga al procedimiento de negociación colectiva; se eleva el quórum para reformar la Constitución respecto del texto reformado actualmente vigente; se desdibuja el Estado Social y Democrático de Derecho, y un largo etcétera.

Pero lo anterior, siendo sumamente relevante, no puede opacar dos preguntas inquietantes: ¿cuál es la esperanza de vida de un momento constituyente? ¿hasta qué momento dura el efecto del resultado del plebiscito de entrada que fue votado en octubre de 2020? Ciertamente, las respuestas no son jurídicas, sino sociales y políticas. Si uno entiende por momento constituyente (Jason Frank) una situación en la que el pueblo reclama para sí y por sí mismo el ejercicio (o una parte) del poder político y una participación que trasciende la organización legal cotidiana del Estado, entonces claramente se trata de un momento que dejó de existir. En cuanto a si nos encontramos en un momento constitucional (Ackerman), entendido como momento de efervescencia colectiva enteramente circunscrito por instituciones y reglas, entonces sí se puede decir que nos encontramos en él, aunque sin ningún tipo de efervescencia popular. Qué duda cabe: de verificarse la derrota del A favor, ninguno de estos dos momentos seguirá existiendo. De hecho, el propio Gobierno de Gabriel Boric desechó públicamente avanzar en un tercer proceso de cambio constitucional, dejando sin piso a comunistas y a uno que otro diputado frenteamplista que se aferran al resultado del plebiscito de entrada de octubre de 2020 como argumento para continuar.

De lo anterior se sigue una segunda pregunta. En octubre de 2020, el electorado chileno votó abrumadoramente por un cambio de Constitución (78,28% versus 21,72%, con el 50,9% de participación en un régimen de votación voluntaria), lo que se tradujo en un 62% de rechazo de la propuesta de un nuevo texto constitucional el 4 de septiembre de 2022 (con el 85% de participación en un régimen de votación obligatoria). Ahora, Chile se encuentra ad portas de plebiscitar una segunda propuesta de texto constitucional, nuevamente con sufragio obligatorio. ¿Qué ocurre, social, política y normativamente hablando, con lo que efectivamente se votó en octubre de 2020? Si bien el resultado sigue allí, ¿hasta qué punto, y hasta cuando seguirá siendo una expresión vigente de la voluntad del pueblo cuando ese mismo pueblo rechazó dos propuestas y dejó atrás tanto las condiciones del momento constituyente como las del momento constitucional? ¿En qué medida la voluntad del pueblo se origina en un solo episodio plebiscitario (antecedido por un enorme estallido social), y cómo se entronca con el resultado de dos plebiscitos posteriores?

Gabriel Negretto, un destacado especialista en el funcionamiento de asambleas constituyentes, ha sugerido en varias oportunidades que, de no aprobarse una nueva Constitución en un segundo proceso, Chile debiese detener el proceso de cambio constitucional. Desde mi perspectiva, esta sugerencia es correcta, pero por razones de agotamiento del momento (constituyente o constitucional), así como por un probable hastío de los chilenos. De ser así, entonces todo el mundo político deberá seriamente interrogarse sobre su conducta e ineficacia, responsabilizándose por las consecuencias que los partidos generaron, dado que el pueblo decidió avanzar sin ellos, y tal vez contra ellos.

*Artículo escrito por Antonia Laborde para El País Chile.

La propuesta constitucional que los chilenos votarán A favor o En contra en un plebiscito el 17 de diciembre ya está prácticamente lista. El pleno del Consejo Constitucional, un órgano elegido por la ciudadanía compuesto por 50 miembros y dominado por los 33 consejeros de las derechas, ha aprobado este lunes el informe de la Comisión Mixta, la última instancia para destrabar los asuntos más polémicos, pero donde las derechas hicieron valer su mayoría y la izquierda no logró las modificaciones esperadas para moderar el texto. La votación de esta tarde ha sido de 32 votos a favor —un consejero de la oposición se ausentó— y 17 en contra, del oficialismo. El consejo debe votar el documento íntegro antes de entregárselo al presidente Gabriel Boric y a la ciudadanía, el 7 de noviembre.

“Por decisiones políticas que superaban la voluntad de algunos comisionados, el espíritu de acuerdos fue reemplazado por metas políticas ajenas al pacto constitucional”, ha lamentado Verónica Undurraga, de la centroizquierda oficialista y presidenta de la Comisión Experta, instancia conformada por 24 profesionales designados por los partidos políticos. “No logramos el propósito de ofrecerle al país una buena Constitución que permitiera reencontrarnos”, ha añadido. Los expertos redactaron un anteproyecto que logró un apoyo transversal, pero que en los últimos meses ha sufrido alteraciones significativas en el Consejo, impulsadas principalmente por el Partido Republicano, de la extrema derecha, y apoyadas por Chile Vamos, de la derecha tradicional.

“Nadie fue marginado de construir acuerdos”, ha defendido este lunes la presidenta del Consejo Constitucional, la republicana Beatriz Hevia, “pero hay que tener voluntad de querer ser parte de esos acuerdos y hay sectores que también se fueron excluyendo con la lógica del todo o nada. O me das lo que yo quiero o no me sumo a un acuerdo, y esa es una forma de autoexcluirse”, ha añadido.

Tras cuatro meses y medio de debates y votaciones en el pleno constitucional y en la Comisión Mixta, una de las grandes temáticas que aborda la propuesta es la consagración de un Estado social y democrático de derecho, una aspiración histórica de la centroizquierda y la izquierda, pero no quedó como quería el oficialismo. En la Constitución actual el modelo que está implícito es el del Estado subsidiario, que da un papel clave a los privados en la provisión de derechos sociales. En el artículo 1 de la propuesta, en el inciso tercero, se define a Chile como un Estado social y democrático de derecho “que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

La consagración del Estado social figura después dos incisos, que establecen que “la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia”, y que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”. Desde la izquierda, consideran que otros artículos que incluye la propuesta constitucional dejan “vacía” la definición de Estado social de derecho, como el que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado” o el que cada cotizante previsional “tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta [los fondos previsionales]. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”. Las críticas apuntan a que se impediría el rol solidario.

En materia educacional, la propuesta reconoce “el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos” y el que “las personas tienen el derecho de abrir y desarrollar establecimientos educacionales”. Quienes abogan por potenciar la educación pública, consideran que el texto no altera el sistema actual, donde la educación particular-subvencionada es cada vez más fuerte. También se garantiza el “financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados”.

En cuanto a la vivienda, la propuesta consagra el derecho “a la vivienda adecuada”, que no figura en la Constitución actual. Además, queda estipulado que el Estado “promoverá, a través de instituciones estatales y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad a la ley”. Uno de los temas polémicos en esta materia es la exención tributaria de la primera vivienda, una norma de gran apoyo popular, pero que beneficia solo a las personas de mayores ingresos. De manera infructuosa, la izquierda intentó eliminarlo.

Otra norma que el oficialismo quería cambiar y no lo consiguió es la que define que “la ley protege la vida de quien está por nacer” y el que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”. Los críticos plantean que estos artículos podrían colisionar con la ley de aborto tres causales que rige en Chile desde 2017 y que permite la interrupción del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación. La objeción de conciencia, que la derecha dura quería consagrar institucionalmente, finalmente quedó estipulada así: “El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión comprende, además, la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley”.

Sobre el principio de paridad, las derechas cedieron al reemplazar que la ley “promueva” al acceso por el “asegurar” “el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional”. También se incluye una norma transitoria —que en principio había sido rechazada— para que en las próximas dos elecciones parlamentarias ningún sexo supere la proporción 60%-40%.

La polémica enmienda sobre la expulsión de migrantes que ingresen por pasos no habilitados “en el menor tiempo posible” quedó en la propuesta constitucional. “La ley establecerá los procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan sido condenados a presidio efectivo por crímenes o simples delitos cometidos en el territorio nacional y que hayan cumplido la pena en Chile”. Además, se “procurará” que los extranjeros cumplan su pena en su país de origen. La izquierda estaba en contra de esta norma, pero sí se votó por unanimidad el incluir que todos estos procedimientos deberán efectuarse “con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile”.

El Consejo también modificó el sistema político. El Servicio Electoral de Chile deberá realizar un redistritaje con un tope máximo de 138 diputados; 17 escaños menos. Los partidos políticos deberán conseguir al menos el 5% de los votos a nivel nacional para acceder a la repartición de escaños en una elección parlamentaria, una norma que cuenta con una serie de excepciones y que se aplicaría gradualmente. También establece que los parlamentarios que renuncien a su partido perderán su escaño en el Congreso, una norma impulsada contra la fragmentación política que hoy existe en el Congreso chileno. Las derechas aprobaron que alcaldes y concejales puedan ser “reelegidos sucesivamente en sus cargos hasta por dos veces en cada comuna”.

Cuando faltan ocho semanas para que los chilenos acudan a las urnas a votar por el segundo intento para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, pero que ha sido reformada más de sesenta veces desde 1989, los sondeos de opinión pública revelan que la mayoría pretende rechazarla. La última encuesta semanal de Cadem, publicada este domingo, señala que el 54% pretende votar en contra, un 31% a favor y un 15% todavía no lo sabe.

Artículo escrito por Antonia Laborde para El País Chile.

Este lunes comienza a votar las observaciones. El proceso constitucional chileno entra este lunes en una fase clave. El Consejo Constitucional, un órgano elegido por la ciudadanía compuesto por 50 miembros y dominado por los 33 consejeros de las derechas, recibirá un informe con todas las observaciones realizadas por la Comisión de Expertos designados por los partidos, en un proceso donde los especialistas no lograron acercar posiciones. Los consejeros votarán a partir de este lunes una a una las observaciones y, de no llegar a consensos, pasarán a una Comisión Mixta, compuesta por expertos y consejeros. De acuerdo al republicano Luis Silva, de la extrema derecha, podría haber un texto definitivo de propuesta de nueva Constitución a fines de esta semana, según dijo este domingo en el programa Mesa Central de canal 13.

En la etapa anterior, la del debate de los 24 expertos, no se llegaron a acuerdos en asuntos sustanciales. Lo explicó la especialista Alejandra Krauss, de la centroizquierda: “Leyendo normas que pasan al Consejo para la revisión y las que ya son parte del texto que se plebiscitará [en diciembre]. Se corrigieron errores técnicos, se suprimieron normas que jamás debieron estar. Pero en derechos como educación, salud, pensiones, negociación colectiva y huelga hay retrocesos”, escribió la democristiana.

Hasta ahora, las derechas han hecho valer su contundente mayoría en el Consejo y la propuesta tiene un sello conservador que no solo ha alertado a la izquierda, sino también a líderes del centro político. En la etapa que se inicia los consejeros deberán votar cada una de las indicaciones realizadas por los expertos, entre las que figuran varias que podrían moderar el borrador. Los 22 representantes del Partido Republicano, de la derecha dura, sin embargo, cuentan con poder de veto. El escenario juega en contra del oficialismo.

La cronología del debate

Este segundo proceso constitucional chileno comenzó con el trabajo de los 24 integrantes de la Comisión de Expertos –de todo el espectro político–, un órgano nombrado por el Congreso chileno. Este grupo elaboró un anteproyecto constitucional moderado que logró un apoyo transversal. El 7 de junio, le entregaron el documento al Consejo Constitucional dominado por las derechas, donde se aprobaron modificaciones profundas. Incluyeron normas polémicas como “el derecho a la vida de quien está por nacer”, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados, la objeción de conciencia institucional y la exención tributaria de la primera vivienda (que beneficia a los de mayores ingresos, aunque se trata de una norma de gran apoyo popular). La semana pasada los expertos recibieron ese texto y votaron más de 600 modificaciones para entregárselas en un informe este lunes a los consejeros.

El núcleo de los expertos pretendía lograr nuevamente un acuerdo político transversal, como en la primera etapa, pero fracasaron en su intento. Cada observación debía ser aprobada por 14 de los 24 integrantes. Si se no lograba el número, quedaba la enmienda que les había llegado a sus manos. La derecha tradicional, la coalición de Chile Vamos, jugó un papel esencial. En algunos casos, hubo descolgados que se sumaron a la izquierda y, por ejemplo, dieron sus votos para eliminar la exención tributaria de la primera vivienda y la objeción de conciencia institucional, que sacaron del texto (aunque en esta nueva fase puede volver a incluirse).

En los casos en que los expertos no llegaron a consenso hay algunos que sacan ronchas en la izquierda. Uno de los principales es la norma de que “la ley protege la vida de quien está por nacer” y el que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”. El oficialismo plantea que estos artículos podrían colisionar con la ley de aborto tres causales que rige en Chile desde 2017 y que permite la interrupción del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación.

Como apuntaba Krauss, luego del debate de los expertos se mantuvieron normas respecto de derechos sociales que son rechazadas por los sectores de izquierda y centroizquierda. Quedó el artículo que reza, por ejemplo, que las cotizaciones obligatorias de salud deben ser administradas siempre por una entidad pública y otra privada, lo que podría bloquear que el Estado pueda administrarlas en su totalidad y respaldar el sistema actual de la industria de las isapres, las aseguradoras de salud privadas. Algo similar ocurrió con las pensiones, donde se mantiene la protección de la propiedad de los fondos y la libertad de elección vinculada a la administración de estos recursos por entidades privadas como públicas.

En las observaciones, el Estado social, una aspiración histórica de la centroizquierda chilena, fue devuelto al artículo primero de la propuesta, en el inciso tres —el Consejo Constitucional lo había dejado en el segundo— pero, aún así, no quedó en el lugar que ocupó en el anteproyecto de la Comisión Experta: inciso dos.

Gabriel Osorio, experto socialista, escribió: “Espero que en la etapa que viene, se pueda arreglar este entuerto y no se siga apostando por un plebiscito adversarial, que tanto daño ha hecho a Chile y que solo busca una ventaja sectorial y de corto plazo”.

La derecha está a favor

Lo rechazado en la Comisión de Expertos ya no tiene vuelta atrás. Lo aprobado, sin embargo, entra esta semana en una fase determinante. El pleno del Consejo deberá aprobar (30 de 50 votos) o rechazar (33 de 50) sus observaciones. En esta instancia está en juego el grueso de la propuesta constitucional y los temas claves para los republicanos, que tienen poder de veto. Si se reúnen los votos necesarios a favor, pasa al texto final. Si no, deriva a la Comisión Mixta, integrada por 12 integrantes, seis expertos y seis consejeros. Previsiblemente, estará conformada por cinco integrantes de izquierda y siete de derecha, proporcional a la configuración del Consejo. Los nombres se definirán este lunes. La Comisión Mixta es, básicamente, la gran instancia de los acuerdos finales.

Mientras, los principales líderes de la derecha han comenzado a dar vueltas las cartas para llamar a apoyar el nuevo texto en el plebiscito del 17 de diciembre, cuando la ciudadanía deberá decir si está En Contra o A Favor de la propuesta. Este fin de semana fue el turno del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que en El Mercurio dijo que “un eventual rechazo nos deja en una situación muy negativa de inestabilidad e incertidumbre”. Desde el ala liberal de la derecha, el excandidato presidencial Sebastián Sichel, dijo en La Tercera: “Voy a votar A favor, a pesar de José Antonio Kast, porque sé que el texto final no es el que quería ni el que le gustaría”.

El oficialismo de Gabriel Boric sigue firme en su postura de no dar vuelta sus cartas ante el referéndum, pero resulta evidente que, tal y como está, el Gobierno no quiere el texto que se trabaja.

De acuerdo a la encuesta Plaza Pública Cadem, de este domingo, un 28% dice que votará a favor en diciembre y 53% que rechazará, sin cambios respecto a la medición de la semana anterior.