*Columna de opinión escrita por Daniel Matamala, periodista, para La Tercera.

Es que el Rey Sol creía gobernar por derecho divino. Su poder venía directamente de Dios y, por lo tanto, no estaba limitado por la deliberación humana.

En contraste, la República cree que el único soberano es el pueblo, y quienes ejercen el poder no son más que delegados, investidos temporalmente con poderes limitados para el servicio de ese pueblo.

Pero, a 235 años de la revolución que inició el reemplazo de los monarcas absolutos por las repúblicas (y que le costó la cabeza al nieto del bisnieto de Luis XIV), esa concepción minimalista del poder político es desafiada por una generación de caudillos populistas que, a coro con el Rey Sol, proclama que el Estado son ellos, y nadie más que ellos.

Un ejemplo paradigmático lo tenemos al otro lado de la cordillera, con Javier Milei.

Milei se proclama como el líder de “las fuerzas del cielo”, y portador de una misión divina. El culto a sí mismo de este aspirante a Rey Sol sudamericano es impactante. Una nota de la revista Time se asombra de que, en un solo día, “Milei le dio me gusta o retuiteó 336 publicaciones, muchas de ellas delirantes elogios hacia sí mismo en mayúsculas”. Mientras más extáticas sean las loas a su persona, con mayor fervor son replicadas por él y por un aparato de propaganda gubernamental dedicado al culto a su personalidad.

La barrera entre los intereses del Estado y los del líder, entre la República y el caudillo, han desaparecido.

Mientras Argentina sufre una de las peores crisis económicas y sociales de su historia, Milei está dedicado a viajar por el mundo en el avión presidencial (el mismo que prometió vender), en una agenda que obedece a sus deseos personales.

En menos de medio año en el cargo, ya ha hecho seis giras internacionales centradas, no en cumbres con jefes de Estado, sino en mítines partidistas, reuniones con dirigentes políticos afines, y recepción de premios de escaso prestigio.

Milei también ha convertido su fervor personal por el judaísmo en la guía de la política internacional de Argentina, arrinconando a su país en materia diplomática.

Contra prácticamente toda la comunidad democrática mundial, expresa su “apoyo irrestricto” a la masacre de Gaza. Cuando estallaron hostilidades entre Irán e Israel, llegó al extremo de incluir en una reunión de gabinete, como si fuera un ministro más, al embajador israelí en Buenos Aires. También anunció el traslado de la embajada argentina, de Tel Aviv a Jerusalén, algo que solo han hecho Honduras, Guatemala, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Estados Unidos.

¿Qué interés nacional defiende Milei con esta “política de sumisión total a cambio de nada”, como la define el historiador Leandro Morgenfeld? Ninguno.

Es que cuando el Estado es un individuo, la geopolítica es suplantada por la egopolítica.

Ahora viajó a España, a una reunión de políticos de ultraderecha. En ella, envalentonado por los vítores del público ultra, trató a la esposa del Presidente del gobierno español de “corrupta”, y luego escaló el feudo republicando comentarios hacia Pedro Sánchez como “comunista, corrupto, dictador e hipócrita”. Cuando Sánchez ordenó el retiro de la embajadora de España en Buenos Aires, Milei tildó a su colega de “cobarde”.

El gobierno argentino había comunicado a España que Milei viajaba en una “visita privada”, aunque intentó rectificar cuando se cuestionó que esa visita privada fuera pagada con fondos públicos. Y ya ha anunciado que volverá a España en cuatro semanas, otra vez en un viaje que nada tiene que ver con las necesidades de su país: irá a recibir un premio de un think tank derechista.

Para el historiador Loris Zanatta, la agenda personal de Milei termina por “destruir de noche lo que la cancillería construye de día con enorme esfuerzo. Destruirlo con furia y placer, saña y sadismo”.

Es que el Presidente ya ha provocado conflictos diplomáticos con Colombia, Brasil y México, debido a sus ataques contra los líderes de esos países. No hay razones de Estado tras esas diatribas; es solo el encono ideológico de Milei contra quienes piensan distinto a él, y su compulsión por complacer a los extremistas en redes sociales. “Milei”, dice el perfil de Time, “ve el mundo a través del lente de los memes de derecha”.

De vuelta en Buenos Aires, la escalada ególatra aumentó. Lideró un homenaje a sí mismo en el Luna Park, para el lanzamiento de un libro que, tal como sus publicaciones anteriores, está plagado de descarados plagios a otros autores.

En este caso, copió textualmente párrafos completos de libros de dos economistas chilenos, y, en una suprema ironía, plagió un trabajo de Conicet, el prestigioso ente científico que ha prometido cerrar, tachando a sus trabajadores de “parásitos”.

El lanzamiento del libro plagiado terminó con un show “musical” en que Milei se celebró a sí mismo como un rockstar de pacotilla: “Soy el rey, te destrozaré”, cantó sobre una canción de La Renga, que la banda por años le ha pedido que deje de usar con fines políticos. Plagio sobre plagio: su suma devoción por la propiedad privada no alcanza a la propiedad intelectual, que viola ya como una costumbre.

Es llamativo que los peores dardos e insultos de Milei suelan dirigirse a quienes han logrado lo que él siempre soñó pero no pudo ser: un académico de prestigio, un científico serio, un músico reconocido.

“Soy el mayor exponente de la libertad en el mundo”, se autoelogia Milei, para quien sus críticos son “liliputienses que no están acostumbrados a ver a una persona que es uno de los dos líderes más importantes del mundo”.

Milei no es el primer caudillo que borra los límites entre su persona y el Estado, y olvida las fronteras entre su ego y los intereses de su Patria. Con más o menos talento, Chávez, Trump, Bucaram, AMLO, Cristina K y otros han transitado caminos similares.

Pero el autoproclamado “León”, con su extremado culto a la personalidad, y con el uso de las relaciones internacionales como mero instrumento de vendettas personales, está llevando esta egopolítica a un nuevo extremo.

A uno en que el Estado se convierte en un simple juguete para satisfacer las pulsiones de un sujeto.

*Columna de opinión escrita por Héctor Ríos Jara, Becario CONICYT University College of London, para El Mostrador.

El anuncio de una política de condonación reafirmado por el Gobierno reabrió el debate sobre la pertinencia de condonar las deudas estudiantiles. Es cierto que el Gobierno confronta el dilema de cumplir las promesas de su programa en un contexto de baja en su popularidad. No obstante, hay razones técnicas y sociales de largo plazo que justifican la pertinencia de una reforma al sistema de financiamiento y la implementación de una política de condonación.

Los sistemas de crédito estudiantil en Chile presentan varias deficiencias en su funcionamiento. La principal es su baja capacidad de recaudación. Tanto el CAE como el Fondo Solidario tienen tasas de recaudación que no superan el 50%. Si bien la oposición ha culpado al Gobierno y su promesa de condonación de la alta morosidad, la evidencia señala que el aumento de la morosidad venía al alza desde las primeras generaciones que iniciaron el pago.

El informe del Banco Mundial del 2012 señalaba que la recaudación del CAE sería más baja que lo esperado al momento de su diseño. En 2019, bajo el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, un informe de Dipres señalaba que la morosidad del CAE ya había alcanzado el 40% en 2018 y que la tasa de morosidad se elevaría en el tiempo, a menos que hubiera reformas en el sistema de crédito. De igual forma, para el caso del Fondo Solidario, las bajas tasas de recaudación están problematizadas desde finales de los 90, y fueron uno de los problemas que motivaron la creación del CAE en 2006 y que justificaron el ingreso de los bancos al sistema de créditos estudiantiles.

Otro problema central del actual sistema de créditos es el de las condiciones onerosas de pago y su poca relación con los ingresos y empleabilidad de los egresados. En 2022, el informe de la Subsecretaría de Educación Superior indicó que casi más del 75% de los egresados percibe ingresos menores a $800 mil. El informe del observatorio económico de la UDP del 2023 señala que la tasa de desempleo de personas con educación superior completa es de 5,8% y que la tasa de subutilización de la fuerza laboral con estudios superiores alcanzó el 18,5%.

Los datos sugieren que un espectro creciente de los egresados en Chile tiene ingresos menores a los esperados, acceden a empleos con poca regularidad y trabajan en campos laborales no afines con sus grados y capacidades. Estas tendencias son aun peores en el caso de los desertores, que corresponden a casos de deudores que estudiaron 1 a 3 años y no pudieron terminar sus carreras y, pese a ello, mantienen deudas estudiantiles.

El problema del endeudamiento no es un problema individual, sino un problema de equidad de oportunidades y cohesión social. El deudor actual es una persona que convive con otras deudas, cuya suma consume gran parte de sus ingresos. La mayoría de estas deudas vienen del consumo cotidiano (alimentación, medicamentos, pago de cuentas), así como de deudas de salud e hipotecarias, que son parte de los costos de la reproducción y subsistencia de los núcleos familiares. La investigación señala que muchos de los deudores son cabezas de familia y poseen una o más cargas familiares. Además, tienen también otras responsabilidades de cuidados de sus padres o familiares cercanos y, en muchos casos, representan el principal ingreso de las familias.

El sobreendeudamiento representa una condición de fragilidad socioeconómica para las familias de grupos sociales emergentes que buscaron en la educación superior una alternativa para el ascenso social y una mejor calidad de vida. Pese a que muchos accedieron al sueño del título profesional, pocos han logrado estabilizar su situación financiera y viven en constante fragilidad económica.

Esta fragilidad, lejos de ser el resultado de sus decisiones, es en parte el resultado de una política de créditos estudiantiles que aumentó los costos de estudiar y no supo anticipar la baja en los ingresos y el empeoramiento en las condiciones laborales de los egresados. Son los casi dos millones de personas endeudadas con el CAE quienes esperan una reparación y una reforma que restaure la esperanza de movilidad social y reafirme el rol social de la educación superior en Chile.

También es importante recordar que la política de condonación captura una demanda ciudadana de larga data en el país y aún esta pendiente. La lucha ciudadana por una educación pública, gratuita y de calidad del 2011, y las posteriores demandas por derechos sociales y un sistema de bienestar, han sido el motor que ha impulsado las reformas al financiamiento de la educación superior de las últimas décadas. La deuda pendiente de los gobiernos en este proceso de reformas ha sido el sistema de créditos. El Gobierno de Michelle Bachelet logró avanzar en otorgar gratuidad para miles de estudiantes; sin embargo, su reforma no logró modificar el sistema de créditos estudiantiles. Esto implica que la política de créditos estudiantiles no ha sufrido cambios sustantivos desde hace más de 10 años, pese a los sucesivos intentos de terminar con el CAE y reformar los créditos presentados por Bachelet y Piñera 2, y persistencia de los problemas de los sistemas de créditos.

El anuncio del Gobierno sigue en continuidad con los esfuerzos de gobiernos previos por resolver los problemas del sistema de créditos, pero le otorga mayor relevancia al problema del sobreendeudamiento y los efectos negativos que los créditos han tenido en las familias. El anuncio del Gobierno propone una nueva alternativa de financiamiento público a la educación superior, que complemente la gratuidad y termine con las deudas bancarias y alivie a los actuales deudores. De prosperar la iniciativa, el proyecto permitirá continuar en el proceso de construir una educación pública, gratuita y de calidad para el país y avanzar un paso más hacia la creación de un sistema público de garantías sociales.

*Columna de opinión escrita por Susana Sierra, ingeniera comercial socia y fundadora de de BH Compliance, para El Mostrador.

“Hay que subir los precios (…) sin compasión, sin piedad”, se escuchó decir a un alto ejecutivo en uno de los audios interceptados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante la investigación de una “posible” nueva colusión.

Esta vez, la concertación tuvo lugar en el mercado de los gases industriales y medicinales, cuando Indura y Linde acordaron mantener los clientes que cada empresa atendía, eliminando así la competencia entre ellas, absteniéndose de participar en licitaciones donde estuviera la otra u ofertando precios más altos para no adjudicárselos.

Este “acuerdo de caballeros”, pacto de “no agresión” o estado de “paz y amor”, como lo denominaron los propios ejecutivos de Indura y Linde en sus comunicaciones interceptadas, afectó a diversos sectores industriales, siendo el hospitalario uno de los más impactados, pues los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021, es decir, en plena pandemia de COVID-19. Ello resulta aún más condenable desde el punto de vista ético, pues se vivía un periodo de alto estrés y dolor, donde la solidaridad y la colaboración resultaban literalmente vitales para enfrentar una crisis de salud global.

Según la FNE, este pacto estableció una “estricta política de aumentos de precios, alineada con el objetivo de aumentar la rentabilidad que le había sido encomendada” a los ejecutivos de cada empresa, lo que demuestra que cuando los incentivos están mal puestos, saltarse las políticas y controles establecidos no es tema mientras se obtengan los resultados esperados.

A pesar de los diversos casos de corrupción que hemos conocido y, específicamente de colusión, parece increíble que no se aprenda la lección. Ya desfilaron por tribunales empresas que acordaron los precios del confort, pollos, helicópteros o transporte de valores, por nombrar algunos. Sin embargo, esto no ha significado un ejemplo suficiente para quienes prefieren llegar a la meta sin importar cómo.

Si bien, hasta ahora, se apunta a personas con nombre y apellido –los gerentes generales de Indura y Linde, Marcelo Torres y Sergio Novelli, respectivamente, y el ejecutivo de Linde, David Lori–, el cuestionamiento a la reputación de las empresas involucradas queda de manifiesto. Ahora veremos si este fue un caso de personas o empresas y, para eso, ambas compañías deberán demostrar que contaban con los controles adecuados para prevenir que este tipo de delitos ocurrieran y que fueron estos ejecutivos los que se desviaron del camino. Por lo mismo, tendrán que presentar la evidencia de que sus programas de compliance de libre competencia estaban bien implementados.

Casos como estos terminan enlodando más allá de sus protagonistas. Por ejemplo, el sector privado en general es apuntado, a pesar de no tener relación con las malas prácticas de unos pocos y lo mismo ocurre con los trabajadores de las compañías cuestionadas. Así se esparcen los tentáculos de la corrupción, pagando justos por pecadores. Por eso es tan importante que las personas, a la hora de buscar trabajo, se preocupen de que las compañías tengan programas de compliance.

Como se ha dicho repetidamente en este último tiempo, especialmente con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos, el rol de las empresas es fundamental para prevenir delitos corporativos y determinar las responsabilidades penales. En este caso, como ya es costumbre, nuevamente conocemos los hechos gracias a una denuncia que permitió a la FNE rastrear la colusión, derivando en la petición de delación compensada de Linde.

Ante la variedad de casos que hemos conocido este último tiempo, queda la sensación de que corromper las instituciones es fácil y sencillo y, en efecto, puede serlo si no se ejercen los controles adecuados. No podemos olvidar que las empresas están formadas por personas, todas susceptibles de caer en la tentación de tomar el camino fácil y por eso es tan importante contar con programas de compliance efectivos que les permitan prevenir la corrupción y detectarla en caso de que ocurra, con fuertes controles cruzados y el monitoreo continuo de terceros independientes. Esto permitirá a las compañías defenderse y apuntar a las responsabilidades individuales.

Hoy es más importante que nunca reconstruir la confianza, en un contexto de grandes cuestionamientos a las instituciones públicas y privadas. No es posible que los corruptos sigan empañando los pocos avances que se realizan en ese sentido, escudados en la memoria de corto plazo de una sociedad desmoralizada, que siente que impera la impunidad por culpa de quienes han protagonizado hechos de altísimo cuestionamiento ético.

Como en este caso, donde había que subir los precios “sin compasión y sin piedad” en medio de una pandemia.

*Columna de opinión escrita por Daniel Matamala, periodista, para La Tercera.

Las diligencias de la PDI revelaron una serie de irregularidades cometidas por la patrulla a cargo, incluida la adulteración del kilometraje del vehículo y del libro de detenidos. El fiscal alcanzó a acusar a los carabineros envueltos, pero entonces el caso fue traspasado a la justicia militar, por haber uniformados involucrados.

Allí languideció por años.

En 2010 y 2016, sucesivas reformas firmadas por los Presidentes Piñera y Bachelet permitieron al fin que crímenes como el de Huenante fueran vistos por tribunales civiles. Pero ya era demasiado tarde. Cuando el caso volvió a la justicia regular, en 2018, encontrar nueva evidencia ya era casi imposible. Su abogado alertó que pruebas clave se habían perdido y ocultado.

Hoy José Huenante tendría 35 años. Su familia lo sigue buscando. Y su caso sigue impune.

En 2018, Camilo Catrillanca fue asesinado de un tiro en la nuca mientras, desarmado, se trasladaba en un tractor junto a un adolescente de 15 años. Las primeras versiones oficiales atribuyeron los hechos a un enfrentamiento, aseguraron que no había registro de cámaras, y, luego, que esa evidencia había sido destruida.

Sin embargo, gracias a las reformas de Piñera y Bachelet, este caso fue visto por un fiscal, en la justicia civil, que desarticuló el encubrimiento. Las imágenes del crimen salieron a la luz, el carabinero Carlos Alarcón confesó que fue obligado a mentir por sus superiores, y la justicia condenó al autor por un homicidio consumado y uno frustrado.

El crimen de Catrillanca tuvo verdad y justicia. El de Huenante, ni la una ni la otra.

Este jueves, Chile retrocedió a los tiempos oscuros de la justicia militar. Las comisiones unidas de la Cámara de Diputados aprobaron que los actos cometidos por militares y policías en ciertas circunstancias, como los estados de excepción y otras, “serán siempre conocidos” por tribunales militares.

Fue el punto culminante de una semana de ataques políticos contra la justicia. Una campaña de acoso y derribo que pretende intimidar a fiscales y jueces que han tenido la insolencia de hacer su trabajo: investigar eventuales delitos.

Y si no se dejan intimidar, deshacerse de ellos.

Esta campaña se aprovechó del deleznable asesinato de tres carabineros en Cañete. La misma mañana en que se conoció el crimen, RN y la UDI ya pedían una ley de amnistía para carabineros y militares responsables de torturas, mutilaciones y homicidios de civiles entre 2019 y 2020. Luego, exigieron la destitución de los fiscales Armendáriz y Chong, y su presión política logró que la Fiscalía postergara la formalización del general Ricardo Yáñez.

La diputada RN Camila Flores habló de “carabineros que son perseguidos por el activismo judicial de la fiscal Chong”. (Sabemos que el odio político contra Chong tiene otro origen: es la única fiscal que ha logrado meter en la cárcel por corrupción a un senador en Chile, el UDI Jaime Orpis).

El republicano Cristián Araya habló de “fiscales y jueces indecentes convertidos en verdaderos activistas del octubrismo”. Una escalada a la que se sumó la alcaldesa Evelyn Matthei, al denunciar que “fiscales están inventando delitos”.

Estos políticos están usurpando la labor de la justicia y destruyendo la independencia de los poderes del Estado. Y lo hacen difundiendo información falsa o engañosa para minar la confianza de los ciudadanos en la justicia.

Un caso ilustrativo al respecto: muchos políticos, así como almirantes en retiro de la Armada, están usando el caso de Yordan Llempi como argumento para traspasar los casos a la justicia militar. En él, según la candidata Marcela Cubillos, infantes de marina están siendo llevados a juicio por “el delito de haber llegado a tiempo a defender y salvar a otros carabineros que estaban bajo ataque terrorista”.

Eso es falso. En ese caso, un grupo de manifestantes cortó una ruta y se enfrentó con carabineros e infantes de marina. Sin embargo, la actuación de estos últimos desconcertó a los mismos policías. El sargento de Carabineros Raúl Canales declaró que el encargado de la Armada “se arrancó con los tarros. No me hizo caso y quiso hacer su procedimiento sin tomar en cuenta a mi persona como el más antiguo de Carabineros”.

Las comunicaciones radiales dan cuenta de ese descontrol, con instrucciones entre los marinos como “indios culiaos” y “me importa un pico si una mujer se va a morir”. Quien murió fue Yordan Llempi, un joven de 23 años ultimado de un tiro en el patio de su propia casa mientras, junto a su familia, intentaba llegar a la leñera para guarecerse de los disparos.

La Fiscalía acusa al cabo de la Armada Ricardo Seguel por esa muerte. Pero Seguel, como todo chileno, civil o militar, goza de presunción de inocencia. Será un tribunal independiente, en un juicio público y transparente, el que decida si es o no culpable.

Todo lo contrario a la justicia militar, donde quien investiga, acusa y condena es una misma persona, un uniformado sometido a la estructura de mando. No es una justicia ciega; es una justicia parcial, donde el militar es juzgado por su propia institución.

La comisión de la Cámara aprobó este proyecto por 14 votos a 12, gracias al apoyo del “demócrata” Miguel Ángel Calisto y el “amarillo” Andrés Jouannet. Los autoproclamados partidos de centro, herederos de los “30 años” y la Concertación, votaron así por traicionar una de las banderas históricas de la Concertación: la igualdad ante la ley y la desmilitarización de la justicia.

Al día siguiente, esta aberración fue rechazada por un solo voto en la sala de la Cámara, pero la oposición ya anunció que insistirá en el Senado.

En resumen: buscan dictar amnistías para que crímenes ya juzgados contra civiles queden en la impunidad. Intimidan a fiscales para impedirles hacer su trabajo. Diseñan una justicia ad-hoc, a la carta, para uniformados. Dividen a los chilenos en dos clases distintas ante la justicia, unos con más derechos que otros. Estos políticos están atacando las bases mismas del estado de derecho y destruyendo la igualdad ante la ley.

No quieren justicia. Lo que quieren es impunidad.

*Columna de opinión escrita por Juan Legal.

¿La derecha, si la derecha, interesada en que se hagan reformas políticas?

¿Ahora no quieren usufructuar de la fragmentación y repiten como un coro de niños cantores esa frase ordinaria de que se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo?

¿Ahora quieren eliminar a los partidos chicos, que ellos alentaron hasta la saciedad con la finalidad de obstruir los cambios sociales y económicos, hasta que lo lograron?

¿No decían hasta hace poco tiempo que los temas constitucionales, políticos o de ampliar y profundizar la democracia, no le importaban a la gente, que estaba más interesada en los botones de pánico, o de los chapulines vestidos de rojo, o de la nieve en el centro de Santiago?

¿Por qué no plantearon estas reformas en el primer proceso constitucional, el del Octubrismo?

¿Y cuándo se les apareció la virgen a los republicanos, porque eso fue lo que sucedió, trataron de imponer sus propuestas, pasando máquina, igual que los Octubristas?

Esas propuestas también fueron ampliamente rechazadas por el país.

Una cosa es ser ingenuos, voluntaristas, ideologizados, y otra cosa es ser estúpidos.

Es como Tiburón Tres, cada vez más grande el tiburón y más efectos especiales, cuando la verdad es solo una: el tiburón inventó tres películas para comerse a su persecutor.

Historia conocida y cada vez más poco estética.

La verdad es que si la Ximena Rincón y el Walker chico desaparecen con la regla del 5% hasta podríamos tentarnos y aceptar la reforma. La oferta es realmente suculenta y atractiva. Como diría alguno de los próceres de la transición, que desaparezcan le haría bien a la democracia.

Sin embargo, aunque el precio es caro para la calidad del producto, luego del shock inicial despertamos de aquel lindo sueño y volvemos a la realidad.  Los demócratas y los Amarillos se van a ir a pique igual, con reforma o sin reforma al sistema político, entonces, ¿qué quiere de verdad la derecha, los coludidos dirigentes empresariales y los medios de comunicación afines a la oposición (que son casi todos, incluido el canal estatal)?

Lo que quieren es tener al gobierno enredado en una agenda política los próximos dos años y  al mismo tiempo seguir parando las reformas sociales.

Por eso se volvieron locos cuando Boric condicionó el apoyo del gobierno a los cambios al sistema político a la buena fe y disposición de los obstruccionistas a ceder en el congreso en materia de pacto fiscal y cambios al sistema de pensiones.

Por eso es por lo que los dueños chilenos de empresas (no los extranjeros) de pronto se han vuelto demócratas y quieren perfeccionar la democracia, la misma que nunca tuvieron la intención de recuperar, porque eran Pinochetistas y en su corazoncito lo siguen siendo.

Vimos en ENADE 2024 a los poderes fácticos de la derecha sin sus mediocres intermediarios. Esta vez hablaron ellos de mil formas, antes, durante y después de su reunión anual. Todo esto a pesar de que los resultados financieros de sus empresas fueron mucho mejor de lo que esperaban.

Quieren disciplina en el Parlamento porque sin disciplina surgen los chicos, los díscolos, que los enredan a ellos a la hora de defender sin vacilaciones sus intereses económicos.

Exigieron al Presidente una agenda para ellos, porque creen que van a ganar las elecciones próximas y van a gobernar en dos años más. Reclamaron derechos de dueños de Chile. Y frente a este despliegue de poder estamos los chilenos y el gobierno.

¿Qué hacer?

Solo somos tontos hasta las doce. No ceder ni entretenerse en puntos a estas alturas secundarios; concentrarse en las pensiones y pacto fiscal.

Si no hay acuerdo lo que sigue es convocar a los chilenos a una lucha de largo plazo, buscando mayoría en las próximas elecciones y en las que sigan.

Detrás de la llamada incertidumbre está una realidad virtual creada por la derecha, que solamente va a ser modificada el día que los grupos económicos de verdad se tomen en serio el tema de la desigualdad. Que nada se saca con hacer crecer la torta si no se distribuye. Que no hay distribución sin crecimiento, pero que tampoco hay crecimiento sin distribución.

Pero en estos días el verdadero “hombre enfermo” de occidente está en América.

Es Venezuela.

El colapso económico y social provocado por la dictadura de Nicolás Maduro es considerado por expertos como el peor derrumbe en décadas de un país que no esté viviendo una guerra. El desempleo, la hiperinflación, la violencia, la represión política y la miseria han llevado a cerca de ocho millones de venezolanos a emprender un éxodo que organismos internacionales califican como el más grande en la historia del continente.

Es una crisis que afecta a toda América. La migración de millones de personas en tan breve tiempo tiene un efecto desestabilizador sobre cualquier sociedad, y así está ocurriendo en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Ha pasado una década desde que la huida comenzó a cobrar características de éxodo. Pero aún los países de América son incapaces de abordar el problema en conjunto. Donde necesitamos políticas racionales y coordinación internacional, tenemos dirigencias que usan el tema venezolano como un arma arrojadiza en la guerrilla partidista interna.

En nuestro país, la campaña de 2017 vio el nacimiento del concepto “Chilezuela”, acuñado por partidarios de Sebastián Piñera para descalificar a sus adversarios.

Luego, Piñera usó la diáspora para posicionarse como líder internacional contra Maduro. Anunció que “vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad”. En su cuenta pública ante el Congreso, anunció a los venezolanos que “Chile es y seguirá siendo el asilo contra la opresión”.

El exembajador en Caracas, Pedro Ramírez, advertía que “cerca de 450 mil venezolanos están solicitando antecedentes para poder trasladarse a Chile”. La oposición a Maduro decía que “Chile es uno de los países donde la mayoría de los venezolanos están tratando de llegar”.

Lo prudente habría sido bajar la retórica. Pero, incluso en 2019, la vocera Cecilia Pérez declaraba que se les seguiría recibiendo “hasta que el país lo resista”.

Luego, el Presidente Piñera fue convencido de que sería protagonista del derrumbe del régimen. Fue a Cúcuta, esperando que una multitud atravesara la frontera, con la complicidad de los militares venezolanos, y Maduro cayera ese mismo día.

Mejor aconsejados, presidentes frontalmente opuestos a Maduro, como Bolsonaro, Macri y Vizcarra, se restaron; lo mismo hizo el vicepresidente de Estados Unidos. Piñera se quedó solo junto al Presidente de Colombia, como la cara internacional del fiasco.

La página negra de Cúcuta es una lección sobre lo que ocurre cuando se actúa con voluntarismo, sin escuchar a los expertos en diplomacia, en una crisis de esta magnitud.

La oposición de entonces, hoy oficialismo, también ha sido parte del problema. Por años, tuvo una actitud ambigua ante el régimen venezolano, que oscilaba entre la admiración por su proyecto y el negacionismo frente a su carácter dictatorial.

Ya en el gobierno, tampoco ha sido capaz de definir una política de Estado. Más bien ha dado palos de ciego, al parecer condicionado por la consideración que el Partido Comunista sigue teniendo por el régimen de Maduro, al que la línea oficial del PC se resiste a calificar de dictadura.

Entre el oportunismo y la imprevisión, la crisis del hombre enfermo de América golpea fuerte a Chile: problemas sociales por la migración masiva, penetración de bandas criminales importadas y, ahora, la tesis de Fiscalía sobre un “móvil político” que se “originó en Venezuela”, como línea de investigación en el asesinato del exmilitar disidente Ronald Ojeda.

Si se confirma el involucramiento del régimen de Maduro en un crimen cometido en Chile, sería un hecho de la máxima gravedad. Lamentablemente, las reacciones políticas siguen aportando mucho ruido y poca estrategia.

Aquí cabe recordar otro episodio: el reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela. En teoría sonaba bien: Maduro es un dictador, y había que apoyar a las fuerzas democráticas que se le oponían.

Pero en la práctica fue un desastre: para su gestión del día a día, los gobiernos deben relacionarse con quienes realmente controlan sus países, no con autoridades simbólicas. La aventura de Guaidó terminó con la disidencia fracturada y con un Maduro más fortalecido que nunca.

Hoy pasa algo similar. Compitiendo por quién da la cuña más indignada, los políticos exigen cerrar las fronteras y romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Al mismo tiempo, exigen la extradición de los dos sospechosos del crimen (que debe conceder el país con el que quieren romper relaciones), expulsar a los migrantes irregulares (que deben ser recibidos por ese mismo país), y denunciar el caso Ojeda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (instancia de la que los mismos políticos exigían que Chile se retirara).

Es la diferencia entre competir por quien grita más fuerte, y tomar decisiones en el áspero mundo de la realpolitik internacional.

Chile debe usar todas sus herramientas diplomáticas, económicas y políticas de presión. Para eso, lo primero es recuperar nuestra tradición de unidad interna en temas de Estado. No más trincheras ni frases para la galería. Tal como ocurrió en las demandas de La Haya o la guerra de Irak, corresponde que el Presidente convoque a todas las fuerzas políticas, y las involucre en una estrategia de Estado en este asunto.

Y como somos un país pequeño, dependemos de la coordinación con otras naciones, y con los tan vilipendiados organismos internacionales, para acumular poder y presionar de manera efectiva a una dictadura que sólo responde al lenguaje de la fuerza.

Son pasos ineludibles ante la descomposición de un régimen que amenaza con enfermar a todo un continente.

*Columna de opinión escrita por Alfredo Joignant, sociólogo y cientista político, para El País Chile.

Desde hace años que se vienen advirtiendo los serios defectos en operan en el funcionamiento diario del sistema político chileno, cuya acumulación a lo largo del tiempo lo han transformado en un espacio cacofónico y, sobre todo, ingobernable. El último episodio de disfuncionamiento del sistema consistió en que una pequeña nueva fuerza, Demócratas, desconoció el acuerdo administrativo que fue firmado por todos los partidos hace un par de años, el que establecía un calendario de rotaciones en la presidencia del Senado a partir de los resultados electorales de 2021 que arrojaron dos perfectas mitades: nadie, hasta ahora, tenía mayoría en la cámara alta.

Es ese acuerdo que se rompió, y es un fiel reflejo del mal funcionamiento del sistema político a partir de una reforma electoral bien intencionada que fue adoptada en 2015, pero que está produciendo estragos en el Congreso. Para hacerse una idea de la necesidad de introducir reformas políticas en varios niveles, pensemos tan solo en qué hubiese ocurrido si hubiese estado vigente una norma -muy común en los congresos y parlamentos modernos- para reducir el riesgo de transfuguismo: de acuerdo a esa norma, un diputado o senador que fue elegido por un determinado partido, al abandonar la tienda (por las razones que fueren) que le permitió triunfar en la elección, perdería su escaño. Pues bien, fue precisamente la ausencia de esa norma anti-tránsfugas lo que permitió que dos senadores que fueron elegidos en cupo democratacristiano, renunciaran al partido de la flecha roja, desconociendo el acuerdo administrativo y modificando las correlaciones de fuerza en el Senado.

Es altamente probable que lo mismo ocurra en la Cámara de Diputados.

Este episodio es uno de los muchos males que afectan el funcionamiento del sistema político y de partidos, cuyos rasgos más nefastos son: la excesiva fragmentación (especialmente en la cámara baja, con 21 partidos representados); la posibilidad de abandonar un partido sin costo alguno para el renunciante, en una tácita definición de quien es el propietario del cargo (¿el senador o el partido?); la posibilidad de evitar la disolución partidaria tras un mediocre desempeño electoral a partir de fusiones instrumentales con otros partidos en la misma condición; a lo que se suma un largo etcétera.

Si bien la reforma electoral del 2015 respondió a la necesidad de superar al sistema binominal, abriendo el Congreso a nuevas fuerzas, nueve años después observamos que esa reforma fue una mala reforma. No hay nada más difícil que reformar un sistema electoral, especialmente cuando eso se traduce en redistritajes (alteraciones del mapa del territorio electoral) y alteraciones de las magnitudes distritales (el número de cargos a elegir en cada distrito electoral o circunscripción senatorial). Esta dimensión del problema debe ser corregida teniendo a la vista la igualdad del valor del voto entre chilenas y chilenos, pero no en este momento. Hay cuatro otras reformas que son mucho más urgentes, todas ellas conducentes a mejorar el debate legislativo y hacer más eficiente la función legisladora de diputados y senadores.

La primera de ellas es reducir el número de partidos con representación en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lograrlo? Básicamente, de dos modos. En primer lugar, elevando los requisitos para formar e inscribir nuevos partidos: si bien la firma de un individuo seguirá siendo el principal criterio para formar a un partido, es la cantidad de firmas la que debe ser modificada, tanto a nivel nacional como regional. Lo ideal es que el sistema de partidos esté dominado por partidos nacionales, esto es por organizaciones que se inscribieron en cada una de las regiones de Chile (con un mínimo del 1% de firmas correspondientes a la cantidad de votos que fueron emitidos en la última elección a la Cámara de Diputados). En segundo lugar, empujando a que los partidos que compiten en elecciones parlamentarias alcancen, como mínimo, el umbral del 5% de los votos a nivel nacional, so pena de ser disueltos.

La segunda gran reforma es codificar legalmente la propiedad de los cargos electivos: exceptuando a personas independientes que compitieron por fuera de los partidos y contra ellos, y que tuvieron éxito en el intento, en todos los otros casos el dueño del cargo es el partido y no su ocupante. Esto quiere entonces decir que, si un diputado o senador abandona al partido a través del cual fue elegido, pierde irremediablemente el escaño.

La tercera reforma es prohibir fusiones post-electorales por motivos de sobrevivencia, con el fin de alcanzar entre dos o más partidos el anhelado umbral del 5% de los votos. Esto no quiere decir que las fusiones no puedan ocurrir, pero deben responder a un genuino ejercicio político: en tal sentido, el proceso de fusión de los partidos del Frente Amplio es un muy buen ejemplo de un proceso limpio y virtuoso.

La cuarta reforma consiste en entregar dinero público a los partidos que compiten en elecciones y alcanzan el 5% de los votos, y no a los partidos que se acaban de formar (salvo para gastos estrictamente administrativos bajo un mínimo legal).

Tengo perfecta conciencia que las reformas políticas necesitadas son muchas más (un grupo transversal de personalidades de izquierda y derecha está promoviendo una veintena, varias de ellas apegadas a la propuesta de reforma del sistema político que emanó del comité de expertos que elaboró el ante-proyecto de nueva Constitución en el marco del segundo y abortado proceso de cambio constitucional), pero hay que optar. Es imprescindible seleccionar aquellas reformas con mayor potencial para conseguir mayorías relevantes en ambas cámaras, apostando a que generarán efectos en el próximo ciclo electoral.

Este tipo de reformas no gozarán de apoyo popular, qué duda cabe (otra vez los políticos enfrascados en los temas que solo a ellos les importan). Pero lo que no ven quienes son los principales interesados en experimentar mejoras en su vida práctica y cotidiana, las personas comunes y corrientes, es que para que eso ocurra es imprescindible reformar el sistema político, garantizando un pluralismo moderado y capacidad política para gobernar a un país no solo estancado, sino que bloqueado.

*Columna de opinión escrita por Juan Legal.

Este espectáculo deprimente y obsceno se desarrolla como una obra de teatro del absurdo aunque los chilenos tengan problemas económicos angustiantes, las interminables listas de espera para la atención de salud, reflejen mejor que cualquier explicación o estadística la enorme desigualdad que existe en nuestro país y el temor a ser víctima de la delincuencia sea el pan de cada día en barrios y espacios públicos.

Los partidos y muchos políticos no respetan la palabra empeñada, firmada, proclamada, exhibida a sabiendas del dolo de incumplir. Porque, a estas alturas, no cabe duda que como saben que no tienen palabra, sabían también cuando firmaron que el documento suscrito no valía nada.

Patéticos títeres de otros, de los que de verdad ganan con el inmovilismo, con impedir que se aprueben las reformas, con la legalidad de abusos impresentables y que siguen cometiéndose invariablemente, a pesar del estallido social y que tengamos un gobierno de izquierda, con comunistas y frenteamplistas.

Los grupos económicos, el verdadero poder de Chile, siguen imponiendo su bloqueo, sus privilegios y su visión ideológica neo liberal.

Acusan de ideologismo a las autoridades de gobierno y, como niños bien educados, estos salen de inmediato a la prensa a hacer aclaraciones y, en algunos casos, a renegar de lo que son aún y de lo que han sido.

Muchos dirigentes son blandengues e incompetentes, por eso viven asustados de las críticas y de los críticos. Y lo que es peor es que la derecha los cachó y por eso los domesticó.

“Gallito de la pasión, no salgas a enamorar, que el día menos pensado algo te puede pasar, cocoroco cocoroco cocoroco”.

Si alguien considera desmedido estos comentarios, vamos a probarlos.

¿Alguien tiene dudas de que reiterar la invitación a llegar a acuerdo en materia de tributos y en materia previsional es casi una humillación, porque todos sabemos que la derecha hasta la saciedad ha dicho que no van a ceder en ninguno de los dos temas? ¿Qué sentido tiene insistir? ¿Acaso el gobierno piensa que la oposición va a pagar el costo político por su obcecación o por el empantanamiento de las reformas? ¿No saben que, a pesar de la actitud de la derecha, al final del día los gobiernos siempre pagan el mayor costo cuando no se avanza, aunque no sea su culpa? ¿No es más claro y menos ingenuo terminar con las frases sin sentido y salir todos con fuerza a emplazarlos, a sacarlos al pizarrón? Este es un ejemplo de debilidad.

Otra prueba. La llamada «doctrina Tohá” no solo no tiene asidero jurídico sino que destroza la presunción de inocencia, que es una conquista de la humanidad contra los abusos de poder. Esa presunción protege a los débiles y a los que son inocentes.

La “doctrina Tohá” deja en manos de los fiscales, los periodistas, los alborotadores, y de los que tienen intereses obscuros, la continuidad de los ministros y de los altos funcionarios públicos, lo que es inaceptable. ¿Y si son inocentes? ¿Y si un fiscal corrompido por los narcos decide formalizar al ministro de justicia porque los inhibidores de celulares violan los derechos humanos de los presos?

Lo que pasa es que la “doctrina Tohá” es una capitulación, porque el gobierno no se atreve a pedirle la renuncia al Director de Carabineros, ante su pronta formalización, porque tiene que dar explicaciones todos los días en temas de seguridad ciudadana y esa petición de renuncia puede ser entendida como quitarle el apoyo a la institución de Carabineros. Además si decidiera respaldarlo tendría un conflicto con parte de sus propios adherentes, que quieren la salida de Yáñez por su rol el 18 de Octubre y días posteriores.

Entonces aparece la “doctrina Tohá”. Dicho de otra manera, para salvar la cara y no tomar decisiones nos cargamos la presunción de inocencia. No vale la pena referirse a la explicación de que el general tiene que dedicarse a su defensa porque es vergonzosa. Otra prueba del “cocoroco”.

“Este es el cuento del gallo pelado que salta la tapia y se queda enredado”.

*Columna de opinión escrita por Alfredo Joignant, sociólogo y cientista político, para El País Chile.

“El Gobierno debe recurrir al debate ciudadano, a la movilización social, a la recolección de firmas, a todos los mecanismos que pongan en evidencia cuál es la opinión que tiene la ciudadanía con los grandes temas”. Es con estas palabras que el senador comunista Daniel Núñez describió el ánimo de ese partido tras la pérdida de la presidencia del Senado por parte del oficialismo, desatando un vendaval de críticas en la derecha y un evidente distanciamiento del gobierno con ese llamado a la movilización social por las reformas. Solo encontró algún eco en Diego Vela, presidente del partido Revolución Democrática.

El problema planteado por el senador Núñez se sitúa en varios niveles.

En primer lugar, la invocación a la movilización social gatilló todo tipo de miedos en la derecha económica, así como pesadillas y fantasías en la derecha política, al encontrarse todavía traumatizados por el estallido social de octubre de 2019 (el que por lo demás goza de pésima reputación según las encuestas de opinión). Es cierto: no hay razón para asumir traumas ajenos, pero sí para considerarlos a la hora de hacer política cuando se trata de actores que estarán directamente implicados en la negociación legislativa y en el diálogo gremial.

En segundo lugar, el llamado a la movilización por las reformas no repara en que sobre varias de ellas (especialmente en el debate previsional), las izquierdas se encuentran severamente dominadas por el discurso ideológico de derechas que subraya que las cotizaciones de los afiliados al sistema privado de AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) son solo de las personas. Si bien existe un verdadero colapso de la marca AFP entre los chilenos, esto no significa que la opinión pública se encuentre orientada hacia un sistema de reparto, ni menos hacia el principio que lo sustenta, la solidaridad. La creencia (de derechas) sobre el destino natural de las cotizaciones hacia las cuentas individuales ha calado muy hondo: nada se saca con reivindicar la movilización social para introducir reformas solidarias en este ámbito de la realidad cuando las creencias de los chilenos se refieren a un sistema exactamente opuesto. Si la movilización social apunta a producir cambios políticos en el corto plazo, la creencia neoliberal en la salvación individual basada en el esfuerzo personal supone una lucha ideológica de largo plazo.

En tercer lugar, el llamado del senador Núñez se da en en un contexto de derrota política del oficialismo en la Cámara Alta: ¿cómo no ver que, en estas condiciones, la movilización social suena inevitablemente a presión social (con todas las connotaciones que la derecha quiere ver en ella), y no al poder de persuasión que ésta puede generar en la política? ¿Es razonable actuar bajo el supuesto que diputados y senadores cambiarán sus preferencias en función de la presión social social? Supongamos por un instante que sea así: ese cambio de las preferencias no será el fruto del intercambio racional de argumentos (en el que podría imperar el peso habermasiano del mejor argumento), sino de una expectativa oportunista sobre las mejores chances para ganar una elección.

Finalmente, el llamado a la movilización social no toma seriamente en consideración las dos grandes derrotas de las izquierdas en los últimos dos años. En primer lugar, la derrota aplastante de la primera propuesta de cambio constitucional en septiembre de 2022 (62% a 38%), la que efectivamente abría un cauce político e institucional para el cambio de sistema previsional. En segundo lugar, el triunfo arrollador de la derecha tradicional y, sobre todo, de la extrema derecha (Republicanos) en la elección de consejeros constitucionales para redactar un segundo proyecto de constitución, bajo un sistema de voto obligatorio que permitió aumentar la masa de votantes (especialmente a favor de candidatos de derechas) en cinco millones de personas. Todo conspira en contra de la sensatez de la movilización social por las reformas, y por tanto de su eficacia legislativa.

Se podrá retrucar que en Estados Unidos el propio presidente Joe Biden se unió a la huelga de trabajadores de la industria automotriz en Michigan en septiembre de 2023, en una verdadera movilización social por el aumento del 40% del sueldo de los trabajadores. Si bien se trata de un episodio único en la historia moderna de los Estados Unidos en el que un presidente se une a una huelga obrera, esto no se compara con el problema chileno: la mayoría política en ambas cámaras es hostil a la agenda de reformas del Gobierno, en medio de un tóxico clima de opinión que se traduce en la negación de la sal y el agua a cualquier reforma que modifique en el margen el modelo económico.

Vaya retroceso.

Si bien la propuesta de derechas de nueva Constitución fue también derrotada en las urnas, esto no significa que el clima de opinión sobre las reformas políticas y sociales que Chile necesita hayan adoptado un giro socialdemócrata.

Todo lo anterior ha colocado en una posición difícil al Gobierno del presidente Boric, cuyos ministros políticos tuvieron que salir rápidamente a aclarar la postura del Poder Ejecutivo: conscientes de que son minoría en el Senado y, con toda probabilidad, en la Cámara de Diputados, la ministra del Interior Carolina Tohá dejó meridianamente claro que no es rol del Gobierno llamar a la movilización social, sino más bien de dialogar con la oposición con el fin de desembocar en algún tipo de negociación en materia tributaria y previsional.

¿Hay fuerza, convicción y voluntad en los partidos oficialistas para provocar movilización social? La respuesta es no. Todos los partidos pueden concordar en que la movilización social es importante, pero esta se torna en un desafío inabordable en tiempos en los que las izquierdas están en retroceso, mientras que sus partidos se encuentran en franca debilidad: tan solo el 10% de los afiliados a dos partidos del Frente Amplio votaron por conformar, de modo telemático y en dos días, un partido único. Si a eso le sumamos la ausencia de convicción por movilizar al pueblo en condiciones de alta debilidad política, el resultado es claro: el llamado a la movilización social del senador Núñez es irracional, infringiendo un grave daño a la remota posibilidad de que un comunista sea presidente de la Cámara de Diputados.

Este cuadro de limitaciones y restricciones describe un escenario de reformismo imposible en los dos años que quedan de gobierno del presidente Boric. Es altamente probable que, de haber reformas, estas se darán bajo las condiciones que las derechas planteen, lo que obliga al gobierno a promover algo del espíritu originario de corte socialdemócrata en el difícil diálogo sobre las reformas que está siendo promovido por los ministros sectoriales.

El impacto de la derrota de la primera Convención Constitucional, el 4 de septiembre de 2022, fue de tal magnitud, que las reformas económicas y sociales se encuentran marcadas por el sello del minimalismo.

Dicho de otro modo, un reformismo imposible.

*Columna escrita por Juan Legal.

El país de nunca jamás instituyó la impunidad como ethos cultural.

Puro Chile infectado de corruptos, sin cielo azulado, ni campos de flores bordados, ni de cerca la copia feliz del edén.

Casi por desasimiento la sociedad ha ido transformando en letra muerta las reglas jurídicas. Hablamos sólo del derecho positivo porque las normas morales ya no le importan a nadie.

Es común el relativismo moral. Una cosa puede ser legal pero inmoral y como la moral es intrascendente todo está bien. Está permitido actuar de una manera inmoral. No pasa nada. Ahora bien, si la regla legal es muy exigente, simplemente no se cumple y tampoco pasa nada.

Eso se llama desuetudo, es decir, la falta de eficacia de una norma o un conjunto de normas porque nadie las cumple. Dicho de otra manera, derogación de la ley por la costumbre de vulnerarla. Entre otros casos esa es la justificación ilegal de la práctica habitual de filtrar información para que sean estériles las investigaciones judiciales. Para que sean como cachetadas de payasos. Frases famosas como “caiga quién caiga” “nos querellaremos contras los que resulten responsables” “sobre los culpables caerá todo el peso de la ley” resultan vacías, pueriles, mentirosas.

En esto de la impostura puede haber combinaciones y parcialidades. Me refiero al acatamiento parcial, que conduce a aplicar la ley solo en parte, lo que siempre es justificado por la creencia de que aplicarla con rigor es como matar a una mosca con un cañón. Son los prudentes, los que se dejan orejear, los nuevos fariseos.

Es algo así como los que dicen ser cristianos a su manera, que significa acatar y cumplir solo aquello que me gusta y/o me conviene. Acá hay demócratas a su manera, policías a su manera, jueces a su manera, funcionarios de Contraloría que no encuentran nada de malo ni poco estético en participar en viajes, comidas o reuniones sin ley de lobby con políticos, abogados, empresarios, estafadores y ladrones.

Todo esto genera escándalos y muchos de los sacerdotes del templo rasgan vestiduras en una bien urdida danza de apareamiento con la mentira.

La prensa busca culpables, los cínicos piden que las instituciones funciones, a pesar de que hace tiempo que dejaron de funcionar de un modo justo, imparcial y probo.

Frente a este depresivo diagnóstico la pregunta es: ¿Qué hacer?

Podríamos partir por decir la verdad, depurar las instituciones y elegir gente decente que se sume a los correctos, a los justos, a los pacíficos, a los sabios, a los verdaderos patriotas. Da lo mismo si son de derecha, centro, izquierda o independientes.

Como dijo alguna vez Frei Montalva “una alta moral está pidiendo Chile.”