*Columna de opinión escrita por Daniel Matamala, periodista, para La Tercera.

Es que el Rey Sol creía gobernar por derecho divino. Su poder venía directamente de Dios y, por lo tanto, no estaba limitado por la deliberación humana.

En contraste, la República cree que el único soberano es el pueblo, y quienes ejercen el poder no son más que delegados, investidos temporalmente con poderes limitados para el servicio de ese pueblo.

Pero, a 235 años de la revolución que inició el reemplazo de los monarcas absolutos por las repúblicas (y que le costó la cabeza al nieto del bisnieto de Luis XIV), esa concepción minimalista del poder político es desafiada por una generación de caudillos populistas que, a coro con el Rey Sol, proclama que el Estado son ellos, y nadie más que ellos.

Un ejemplo paradigmático lo tenemos al otro lado de la cordillera, con Javier Milei.

Milei se proclama como el líder de “las fuerzas del cielo”, y portador de una misión divina. El culto a sí mismo de este aspirante a Rey Sol sudamericano es impactante. Una nota de la revista Time se asombra de que, en un solo día, “Milei le dio me gusta o retuiteó 336 publicaciones, muchas de ellas delirantes elogios hacia sí mismo en mayúsculas”. Mientras más extáticas sean las loas a su persona, con mayor fervor son replicadas por él y por un aparato de propaganda gubernamental dedicado al culto a su personalidad.

La barrera entre los intereses del Estado y los del líder, entre la República y el caudillo, han desaparecido.

Mientras Argentina sufre una de las peores crisis económicas y sociales de su historia, Milei está dedicado a viajar por el mundo en el avión presidencial (el mismo que prometió vender), en una agenda que obedece a sus deseos personales.

En menos de medio año en el cargo, ya ha hecho seis giras internacionales centradas, no en cumbres con jefes de Estado, sino en mítines partidistas, reuniones con dirigentes políticos afines, y recepción de premios de escaso prestigio.

Milei también ha convertido su fervor personal por el judaísmo en la guía de la política internacional de Argentina, arrinconando a su país en materia diplomática.

Contra prácticamente toda la comunidad democrática mundial, expresa su “apoyo irrestricto” a la masacre de Gaza. Cuando estallaron hostilidades entre Irán e Israel, llegó al extremo de incluir en una reunión de gabinete, como si fuera un ministro más, al embajador israelí en Buenos Aires. También anunció el traslado de la embajada argentina, de Tel Aviv a Jerusalén, algo que solo han hecho Honduras, Guatemala, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Estados Unidos.

¿Qué interés nacional defiende Milei con esta “política de sumisión total a cambio de nada”, como la define el historiador Leandro Morgenfeld? Ninguno.

Es que cuando el Estado es un individuo, la geopolítica es suplantada por la egopolítica.

Ahora viajó a España, a una reunión de políticos de ultraderecha. En ella, envalentonado por los vítores del público ultra, trató a la esposa del Presidente del gobierno español de “corrupta”, y luego escaló el feudo republicando comentarios hacia Pedro Sánchez como “comunista, corrupto, dictador e hipócrita”. Cuando Sánchez ordenó el retiro de la embajadora de España en Buenos Aires, Milei tildó a su colega de “cobarde”.

El gobierno argentino había comunicado a España que Milei viajaba en una “visita privada”, aunque intentó rectificar cuando se cuestionó que esa visita privada fuera pagada con fondos públicos. Y ya ha anunciado que volverá a España en cuatro semanas, otra vez en un viaje que nada tiene que ver con las necesidades de su país: irá a recibir un premio de un think tank derechista.

Para el historiador Loris Zanatta, la agenda personal de Milei termina por “destruir de noche lo que la cancillería construye de día con enorme esfuerzo. Destruirlo con furia y placer, saña y sadismo”.

Es que el Presidente ya ha provocado conflictos diplomáticos con Colombia, Brasil y México, debido a sus ataques contra los líderes de esos países. No hay razones de Estado tras esas diatribas; es solo el encono ideológico de Milei contra quienes piensan distinto a él, y su compulsión por complacer a los extremistas en redes sociales. “Milei”, dice el perfil de Time, “ve el mundo a través del lente de los memes de derecha”.

De vuelta en Buenos Aires, la escalada ególatra aumentó. Lideró un homenaje a sí mismo en el Luna Park, para el lanzamiento de un libro que, tal como sus publicaciones anteriores, está plagado de descarados plagios a otros autores.

En este caso, copió textualmente párrafos completos de libros de dos economistas chilenos, y, en una suprema ironía, plagió un trabajo de Conicet, el prestigioso ente científico que ha prometido cerrar, tachando a sus trabajadores de “parásitos”.

El lanzamiento del libro plagiado terminó con un show “musical” en que Milei se celebró a sí mismo como un rockstar de pacotilla: “Soy el rey, te destrozaré”, cantó sobre una canción de La Renga, que la banda por años le ha pedido que deje de usar con fines políticos. Plagio sobre plagio: su suma devoción por la propiedad privada no alcanza a la propiedad intelectual, que viola ya como una costumbre.

Es llamativo que los peores dardos e insultos de Milei suelan dirigirse a quienes han logrado lo que él siempre soñó pero no pudo ser: un académico de prestigio, un científico serio, un músico reconocido.

“Soy el mayor exponente de la libertad en el mundo”, se autoelogia Milei, para quien sus críticos son “liliputienses que no están acostumbrados a ver a una persona que es uno de los dos líderes más importantes del mundo”.

Milei no es el primer caudillo que borra los límites entre su persona y el Estado, y olvida las fronteras entre su ego y los intereses de su Patria. Con más o menos talento, Chávez, Trump, Bucaram, AMLO, Cristina K y otros han transitado caminos similares.

Pero el autoproclamado “León”, con su extremado culto a la personalidad, y con el uso de las relaciones internacionales como mero instrumento de vendettas personales, está llevando esta egopolítica a un nuevo extremo.

A uno en que el Estado se convierte en un simple juguete para satisfacer las pulsiones de un sujeto.

*Columna de opinión escrita por Héctor Ríos Jara, Becario CONICYT University College of London, para El Mostrador.

El anuncio de una política de condonación reafirmado por el Gobierno reabrió el debate sobre la pertinencia de condonar las deudas estudiantiles. Es cierto que el Gobierno confronta el dilema de cumplir las promesas de su programa en un contexto de baja en su popularidad. No obstante, hay razones técnicas y sociales de largo plazo que justifican la pertinencia de una reforma al sistema de financiamiento y la implementación de una política de condonación.

Los sistemas de crédito estudiantil en Chile presentan varias deficiencias en su funcionamiento. La principal es su baja capacidad de recaudación. Tanto el CAE como el Fondo Solidario tienen tasas de recaudación que no superan el 50%. Si bien la oposición ha culpado al Gobierno y su promesa de condonación de la alta morosidad, la evidencia señala que el aumento de la morosidad venía al alza desde las primeras generaciones que iniciaron el pago.

El informe del Banco Mundial del 2012 señalaba que la recaudación del CAE sería más baja que lo esperado al momento de su diseño. En 2019, bajo el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, un informe de Dipres señalaba que la morosidad del CAE ya había alcanzado el 40% en 2018 y que la tasa de morosidad se elevaría en el tiempo, a menos que hubiera reformas en el sistema de crédito. De igual forma, para el caso del Fondo Solidario, las bajas tasas de recaudación están problematizadas desde finales de los 90, y fueron uno de los problemas que motivaron la creación del CAE en 2006 y que justificaron el ingreso de los bancos al sistema de créditos estudiantiles.

Otro problema central del actual sistema de créditos es el de las condiciones onerosas de pago y su poca relación con los ingresos y empleabilidad de los egresados. En 2022, el informe de la Subsecretaría de Educación Superior indicó que casi más del 75% de los egresados percibe ingresos menores a $800 mil. El informe del observatorio económico de la UDP del 2023 señala que la tasa de desempleo de personas con educación superior completa es de 5,8% y que la tasa de subutilización de la fuerza laboral con estudios superiores alcanzó el 18,5%.

Los datos sugieren que un espectro creciente de los egresados en Chile tiene ingresos menores a los esperados, acceden a empleos con poca regularidad y trabajan en campos laborales no afines con sus grados y capacidades. Estas tendencias son aun peores en el caso de los desertores, que corresponden a casos de deudores que estudiaron 1 a 3 años y no pudieron terminar sus carreras y, pese a ello, mantienen deudas estudiantiles.

El problema del endeudamiento no es un problema individual, sino un problema de equidad de oportunidades y cohesión social. El deudor actual es una persona que convive con otras deudas, cuya suma consume gran parte de sus ingresos. La mayoría de estas deudas vienen del consumo cotidiano (alimentación, medicamentos, pago de cuentas), así como de deudas de salud e hipotecarias, que son parte de los costos de la reproducción y subsistencia de los núcleos familiares. La investigación señala que muchos de los deudores son cabezas de familia y poseen una o más cargas familiares. Además, tienen también otras responsabilidades de cuidados de sus padres o familiares cercanos y, en muchos casos, representan el principal ingreso de las familias.

El sobreendeudamiento representa una condición de fragilidad socioeconómica para las familias de grupos sociales emergentes que buscaron en la educación superior una alternativa para el ascenso social y una mejor calidad de vida. Pese a que muchos accedieron al sueño del título profesional, pocos han logrado estabilizar su situación financiera y viven en constante fragilidad económica.

Esta fragilidad, lejos de ser el resultado de sus decisiones, es en parte el resultado de una política de créditos estudiantiles que aumentó los costos de estudiar y no supo anticipar la baja en los ingresos y el empeoramiento en las condiciones laborales de los egresados. Son los casi dos millones de personas endeudadas con el CAE quienes esperan una reparación y una reforma que restaure la esperanza de movilidad social y reafirme el rol social de la educación superior en Chile.

También es importante recordar que la política de condonación captura una demanda ciudadana de larga data en el país y aún esta pendiente. La lucha ciudadana por una educación pública, gratuita y de calidad del 2011, y las posteriores demandas por derechos sociales y un sistema de bienestar, han sido el motor que ha impulsado las reformas al financiamiento de la educación superior de las últimas décadas. La deuda pendiente de los gobiernos en este proceso de reformas ha sido el sistema de créditos. El Gobierno de Michelle Bachelet logró avanzar en otorgar gratuidad para miles de estudiantes; sin embargo, su reforma no logró modificar el sistema de créditos estudiantiles. Esto implica que la política de créditos estudiantiles no ha sufrido cambios sustantivos desde hace más de 10 años, pese a los sucesivos intentos de terminar con el CAE y reformar los créditos presentados por Bachelet y Piñera 2, y persistencia de los problemas de los sistemas de créditos.

El anuncio del Gobierno sigue en continuidad con los esfuerzos de gobiernos previos por resolver los problemas del sistema de créditos, pero le otorga mayor relevancia al problema del sobreendeudamiento y los efectos negativos que los créditos han tenido en las familias. El anuncio del Gobierno propone una nueva alternativa de financiamiento público a la educación superior, que complemente la gratuidad y termine con las deudas bancarias y alivie a los actuales deudores. De prosperar la iniciativa, el proyecto permitirá continuar en el proceso de construir una educación pública, gratuita y de calidad para el país y avanzar un paso más hacia la creación de un sistema público de garantías sociales.

*Artículo escrito por Ana María Sanhuenza, periodista de El País Chile y publicado por el mismo medio.

Fue la primera hebra. En noviembre de 2014, cuando Juan Miguel Fuente-Alba (70) había dejado hace ocho meses de ser el jefe del Ejército chileno durante cuatro años (2010-2014), el fiscal José Morales (50) vio varias publicaciones por redes sociales en las que exmilitares daban cuenta de que el general en retiro tenía una vida ostentosa –con autos de lujo–, que señalaban que aquel estilo no era acorde al sueldo que había percibido durante su mandato, de 3.500.000 pesos chilenos mensuales (unos 3.800 dólares). Luego se sumaron cartas anónimas, algunas escritas a mano y otras en computador, con denuncias en el mismo sentido. Entonces el abogado, quien es parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, una de las más grandes de las cuatro regionales que hay en Santiago, decidió abrir de oficio, es decir motu proprio, una investigación en su contra por lavado de activos.

Para cuando resolvió indagar a Fuente-Alba, y luego a la esposa del uniformado Anita María Pinochet, José Morales –un fiscal con casi 24 años en el Ministerio Público– contaba en su currículum con dos largas indagatorias en las que había obtenido condenas por lavado de activos. Por ello, no llamó la atención que, por su experiencia, emprendiera esta nueva investigación que involucraba en una causa de corrupción el exjefe máximo del Ejército.

Morales, por ejemplo, en 2007 obtuvo una de las primeras sentencias en Chile por lavado de activos desde que rige la reforma procesal penal, un sistema de justicia que cambió gradualmente y que partió primero en dos regiones el año 2000 y rige desde 2005 en todo el país. Ese año el fiscal logró que el empresario Patricio Gálmez fuera sentenciado por ese delito al enviar droga desde Europa en un cargamento de bananas a través de la firma bananera Kristel Food. Y, en 2015, tras su investigación en el caso La Polar, uno de los mayores escándalos financieros chilenos protagonizado por tres altos ejecutivos de una multitienda que defraudaron a más de un millón de clientes –Pablo Alcalde, María Isabel Farah, y Julián Moreno–, la justicia los condenó, en un juicio abreviado, por infracciones a las leyes de bancos, al mercado de valores y también por lavado de activos.

Tras escuchar el fallo en el caso La Polar, en diciembre de 2015, la prensa chilena describía a Morales salir “sonriendo” del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, un contraste total con el rostro perplejo que el fiscal evidenció este lunes, cuando el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió en votación unánime a Fuente-Alba y su esposa por el delito de lavado de activos. Pero la resolución fue más allá, pues además criticó duramente el trabajo del abogado y de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) que trabajaron recopilando pruebas. Las tres juezas manifestaron en el veredicto tener “dudas razonables sobre la solidez de la imputación fiscal y respecto de la rigurosidad, seriedad y confiabilidad del análisis patrimonial en el que se basó el Ministerio Público para llevar adelante su acusación”.

Es una resolución que ha significado un duro golpe para Morales y el Ministerio Público. Pero que el fiscal pretende revertir pues ya ha anunciado que, cuando lea los argumentos en la sentencia –el lunes fue comunicado solamente el veredicto–, que serán entregados por el tribunal el 5 de agosto, pedirá anular el juicio.

El elegido por Boric

José Morales, abogado de la Universidad Central, entró al Ministerio Público en el año 2000 y es parte de la primera generación de fiscales del organismo, que se creó en 1998. Comenzó su carrera en Los Vilos, un municipio de la zona centro-norte chilena ubicado a unos 220 kilómetros de la capital de Chile. En 2001 protagonizó uno de los primeros juicios de la reforma procesal penal, cuando dos sujetos fueron condenados por los homicidios, uno calificado y el otro frustrado, de dos monjas que fueron atacadas en la Región de Coquimbo.

En la Fiscalía Metropolitana Centro Norte lleva más de una década en distintos cargos, tanto en delitos contra la propiedad como en la unidad de alta complejidad. Entre esas causas investigó en 2016 por estafas reiteradas en contra de 29 víctimas, por un perjuicio de 1.200 millones de pesos chilenos (aproximadamente 1,3 millones de dólares ) al ingeniero comercial y expanelista de televisión Rafael Garay. Fue condenado en 2017 a siete años de cárcel: cuando le revisaron sus cuentas solo le quedaban 1.250 pesos chilenos (poco más de un dólar).

Tras el estallido social que comenzó el 19 de octubre de 2019, Morales ha logrado de las pocas condenas por la quema de las estaciones de metro. En su caso, llevó a juicio a dos jóvenes por el incendio de la estación San Pablo: uno de ellos fue sentenciado a 10 años de cárcel y otro a dos, por daños.

En junio de 2022 obtuvo presidio perpetuo para el homicida de Tamara, una niña de cinco años que en febrero de 2021 fue asesinada de un disparo durante una encerrona, cuando dos hombres interaron robar el autómovil de sus padres.

Actualmente, el fiscal está en etapa de juicio por el incendio, también durante las protestas del estallido social, de la iglesia de Carabineros. Es una causa que llevaba en paralelo al caso de Fuente-Alba, que acaba de perder.

Morales ha postulado dos veces para ser fiscal nacional, en 2013 para reemplazar a Sabas Chauhuán y en 2022 para ocupar el cargo que dejó Jorge Abbott. En ambos concursos ha quedado como finalista en las quinas de candidatos que elabora la Corte Suprema, pero no ha logrado liderar el Ministerio Público.

En noviembre de 2022 estuvo muy cerca de convertirse en fiscal nacional, pues el presidente de izquierdas Gabriel Boric lo eligió como su candidato, pero su nombre fue rechazado en el Senado. Finalmente, fue nombrado en el cargo el abogado Ángel Valencia, cuando el Parlamento aceptó la tercera propuesta del mandatario.

Un nuevo juicio

José Morales investigó al general Fuente-Alba, quien fue representado por el penalista Miguel Chaves, por casi nueve años, mientras que el juicio oral se extendió por cerca de 300 días. Sin embargo, el fiscal no logró acreditar el delito reiterado de lavado de activos, que tiene como ilícito base la malversación de caudales públicos, arista que investiga la justicia militar.

La acusación en contra del excomandante se basaba en un posible desvío de fondos de 2.980 millones de pesos (cerca de 3,2 millones de dólares) que provenían de los gastos reservados del Ejército para la compra de propiedades, regalos, automóviles y viajes. E imputaba tanto al exuniformado como a su esposa haber realizado diversas acciones para ocultar el origen del dinero. Ambos arriesgaban una pena de entre 10 a 15 años de prisión, de acuerdo a lo pedido por el Ministerio Público.

Según ha dicho Chaves, el abogado del exuniformado y su esposa, “son 40 años de matrimonio” y “quedó absolutamente acreditado que en la labor de la Fiscalía y de las policías no se indagó para nada esta trayectoria patrimonial, tanto así que usaron un término que para este tipo de casos es sumamente importante: el contraste entre lo que había antes de y lo que ocurrió durante”.

Si bien Fuente-Alba ha sido liberado en esta arista que lidera la Fiscalía, el exjefe del Ejército se encuentra sometido a proceso por la justicia militar por malversación de fondos públicos por un monto aproximado de 3.500 millones (unos 3,7 millones de dólares), falsedad de documentación y uso de un automóvil y de un avión institucional fuera de su horario del trabajo mientras era comandante en jefe. Es una causa que primero investigó la jueza Romy Rutherford y que hoy está en manos de la ministra Ana María Osorio y cuyos peritos son los mismos que han sido cuestionados este martes por el tribunal que absolvió al general y su esposa. Ello implica un desafío mayor para Morales, si es que finalmente decide, en agosto próximo, cuando analice el fallo, pedir la nulidad del juicio.

“Existe falta de precisión y rigurosidad en la investigación. El análisis contable se debe hacer bajo el prisma de lavado de activos, lo que da cuenta que el enfoque estuvo centrado en una causa distinta, llevado en otra sede”, ha dicho el tribunal oral, en el veredicto publicitado el lunes, en referencia a la investigación de la justicia militar.

Morales, tras conocer el lunes el resultado adverso, respaldó la labor de los peritos de la Policía de Investigaciones, de quienes dijo que “son serios” y que han hecho por años “un trabajo completo”, tanto para la justicia militar como para la Fiscalía.

En 2019, Fuente-Alba estuvo en prisión preventiva durante seis meses en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, en el sector oriente de Santiago, por orden de la justicia militar. La causa se encuentra abierta.

*Columna de opinión escrita por Susana Sierra, ingeniera comercial socia y fundadora de de BH Compliance, para El Mostrador.

“Hay que subir los precios (…) sin compasión, sin piedad”, se escuchó decir a un alto ejecutivo en uno de los audios interceptados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante la investigación de una “posible” nueva colusión.

Esta vez, la concertación tuvo lugar en el mercado de los gases industriales y medicinales, cuando Indura y Linde acordaron mantener los clientes que cada empresa atendía, eliminando así la competencia entre ellas, absteniéndose de participar en licitaciones donde estuviera la otra u ofertando precios más altos para no adjudicárselos.

Este “acuerdo de caballeros”, pacto de “no agresión” o estado de “paz y amor”, como lo denominaron los propios ejecutivos de Indura y Linde en sus comunicaciones interceptadas, afectó a diversos sectores industriales, siendo el hospitalario uno de los más impactados, pues los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021, es decir, en plena pandemia de COVID-19. Ello resulta aún más condenable desde el punto de vista ético, pues se vivía un periodo de alto estrés y dolor, donde la solidaridad y la colaboración resultaban literalmente vitales para enfrentar una crisis de salud global.

Según la FNE, este pacto estableció una “estricta política de aumentos de precios, alineada con el objetivo de aumentar la rentabilidad que le había sido encomendada” a los ejecutivos de cada empresa, lo que demuestra que cuando los incentivos están mal puestos, saltarse las políticas y controles establecidos no es tema mientras se obtengan los resultados esperados.

A pesar de los diversos casos de corrupción que hemos conocido y, específicamente de colusión, parece increíble que no se aprenda la lección. Ya desfilaron por tribunales empresas que acordaron los precios del confort, pollos, helicópteros o transporte de valores, por nombrar algunos. Sin embargo, esto no ha significado un ejemplo suficiente para quienes prefieren llegar a la meta sin importar cómo.

Si bien, hasta ahora, se apunta a personas con nombre y apellido –los gerentes generales de Indura y Linde, Marcelo Torres y Sergio Novelli, respectivamente, y el ejecutivo de Linde, David Lori–, el cuestionamiento a la reputación de las empresas involucradas queda de manifiesto. Ahora veremos si este fue un caso de personas o empresas y, para eso, ambas compañías deberán demostrar que contaban con los controles adecuados para prevenir que este tipo de delitos ocurrieran y que fueron estos ejecutivos los que se desviaron del camino. Por lo mismo, tendrán que presentar la evidencia de que sus programas de compliance de libre competencia estaban bien implementados.

Casos como estos terminan enlodando más allá de sus protagonistas. Por ejemplo, el sector privado en general es apuntado, a pesar de no tener relación con las malas prácticas de unos pocos y lo mismo ocurre con los trabajadores de las compañías cuestionadas. Así se esparcen los tentáculos de la corrupción, pagando justos por pecadores. Por eso es tan importante que las personas, a la hora de buscar trabajo, se preocupen de que las compañías tengan programas de compliance.

Como se ha dicho repetidamente en este último tiempo, especialmente con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos, el rol de las empresas es fundamental para prevenir delitos corporativos y determinar las responsabilidades penales. En este caso, como ya es costumbre, nuevamente conocemos los hechos gracias a una denuncia que permitió a la FNE rastrear la colusión, derivando en la petición de delación compensada de Linde.

Ante la variedad de casos que hemos conocido este último tiempo, queda la sensación de que corromper las instituciones es fácil y sencillo y, en efecto, puede serlo si no se ejercen los controles adecuados. No podemos olvidar que las empresas están formadas por personas, todas susceptibles de caer en la tentación de tomar el camino fácil y por eso es tan importante contar con programas de compliance efectivos que les permitan prevenir la corrupción y detectarla en caso de que ocurra, con fuertes controles cruzados y el monitoreo continuo de terceros independientes. Esto permitirá a las compañías defenderse y apuntar a las responsabilidades individuales.

Hoy es más importante que nunca reconstruir la confianza, en un contexto de grandes cuestionamientos a las instituciones públicas y privadas. No es posible que los corruptos sigan empañando los pocos avances que se realizan en ese sentido, escudados en la memoria de corto plazo de una sociedad desmoralizada, que siente que impera la impunidad por culpa de quienes han protagonizado hechos de altísimo cuestionamiento ético.

Como en este caso, donde había que subir los precios “sin compasión y sin piedad” en medio de una pandemia.

*Columna de opinión escrita por Daniel Matamala, periodista, para La Tercera.

Las diligencias de la PDI revelaron una serie de irregularidades cometidas por la patrulla a cargo, incluida la adulteración del kilometraje del vehículo y del libro de detenidos. El fiscal alcanzó a acusar a los carabineros envueltos, pero entonces el caso fue traspasado a la justicia militar, por haber uniformados involucrados.

Allí languideció por años.

En 2010 y 2016, sucesivas reformas firmadas por los Presidentes Piñera y Bachelet permitieron al fin que crímenes como el de Huenante fueran vistos por tribunales civiles. Pero ya era demasiado tarde. Cuando el caso volvió a la justicia regular, en 2018, encontrar nueva evidencia ya era casi imposible. Su abogado alertó que pruebas clave se habían perdido y ocultado.

Hoy José Huenante tendría 35 años. Su familia lo sigue buscando. Y su caso sigue impune.

En 2018, Camilo Catrillanca fue asesinado de un tiro en la nuca mientras, desarmado, se trasladaba en un tractor junto a un adolescente de 15 años. Las primeras versiones oficiales atribuyeron los hechos a un enfrentamiento, aseguraron que no había registro de cámaras, y, luego, que esa evidencia había sido destruida.

Sin embargo, gracias a las reformas de Piñera y Bachelet, este caso fue visto por un fiscal, en la justicia civil, que desarticuló el encubrimiento. Las imágenes del crimen salieron a la luz, el carabinero Carlos Alarcón confesó que fue obligado a mentir por sus superiores, y la justicia condenó al autor por un homicidio consumado y uno frustrado.

El crimen de Catrillanca tuvo verdad y justicia. El de Huenante, ni la una ni la otra.

Este jueves, Chile retrocedió a los tiempos oscuros de la justicia militar. Las comisiones unidas de la Cámara de Diputados aprobaron que los actos cometidos por militares y policías en ciertas circunstancias, como los estados de excepción y otras, “serán siempre conocidos” por tribunales militares.

Fue el punto culminante de una semana de ataques políticos contra la justicia. Una campaña de acoso y derribo que pretende intimidar a fiscales y jueces que han tenido la insolencia de hacer su trabajo: investigar eventuales delitos.

Y si no se dejan intimidar, deshacerse de ellos.

Esta campaña se aprovechó del deleznable asesinato de tres carabineros en Cañete. La misma mañana en que se conoció el crimen, RN y la UDI ya pedían una ley de amnistía para carabineros y militares responsables de torturas, mutilaciones y homicidios de civiles entre 2019 y 2020. Luego, exigieron la destitución de los fiscales Armendáriz y Chong, y su presión política logró que la Fiscalía postergara la formalización del general Ricardo Yáñez.

La diputada RN Camila Flores habló de “carabineros que son perseguidos por el activismo judicial de la fiscal Chong”. (Sabemos que el odio político contra Chong tiene otro origen: es la única fiscal que ha logrado meter en la cárcel por corrupción a un senador en Chile, el UDI Jaime Orpis).

El republicano Cristián Araya habló de “fiscales y jueces indecentes convertidos en verdaderos activistas del octubrismo”. Una escalada a la que se sumó la alcaldesa Evelyn Matthei, al denunciar que “fiscales están inventando delitos”.

Estos políticos están usurpando la labor de la justicia y destruyendo la independencia de los poderes del Estado. Y lo hacen difundiendo información falsa o engañosa para minar la confianza de los ciudadanos en la justicia.

Un caso ilustrativo al respecto: muchos políticos, así como almirantes en retiro de la Armada, están usando el caso de Yordan Llempi como argumento para traspasar los casos a la justicia militar. En él, según la candidata Marcela Cubillos, infantes de marina están siendo llevados a juicio por “el delito de haber llegado a tiempo a defender y salvar a otros carabineros que estaban bajo ataque terrorista”.

Eso es falso. En ese caso, un grupo de manifestantes cortó una ruta y se enfrentó con carabineros e infantes de marina. Sin embargo, la actuación de estos últimos desconcertó a los mismos policías. El sargento de Carabineros Raúl Canales declaró que el encargado de la Armada “se arrancó con los tarros. No me hizo caso y quiso hacer su procedimiento sin tomar en cuenta a mi persona como el más antiguo de Carabineros”.

Las comunicaciones radiales dan cuenta de ese descontrol, con instrucciones entre los marinos como “indios culiaos” y “me importa un pico si una mujer se va a morir”. Quien murió fue Yordan Llempi, un joven de 23 años ultimado de un tiro en el patio de su propia casa mientras, junto a su familia, intentaba llegar a la leñera para guarecerse de los disparos.

La Fiscalía acusa al cabo de la Armada Ricardo Seguel por esa muerte. Pero Seguel, como todo chileno, civil o militar, goza de presunción de inocencia. Será un tribunal independiente, en un juicio público y transparente, el que decida si es o no culpable.

Todo lo contrario a la justicia militar, donde quien investiga, acusa y condena es una misma persona, un uniformado sometido a la estructura de mando. No es una justicia ciega; es una justicia parcial, donde el militar es juzgado por su propia institución.

La comisión de la Cámara aprobó este proyecto por 14 votos a 12, gracias al apoyo del “demócrata” Miguel Ángel Calisto y el “amarillo” Andrés Jouannet. Los autoproclamados partidos de centro, herederos de los “30 años” y la Concertación, votaron así por traicionar una de las banderas históricas de la Concertación: la igualdad ante la ley y la desmilitarización de la justicia.

Al día siguiente, esta aberración fue rechazada por un solo voto en la sala de la Cámara, pero la oposición ya anunció que insistirá en el Senado.

En resumen: buscan dictar amnistías para que crímenes ya juzgados contra civiles queden en la impunidad. Intimidan a fiscales para impedirles hacer su trabajo. Diseñan una justicia ad-hoc, a la carta, para uniformados. Dividen a los chilenos en dos clases distintas ante la justicia, unos con más derechos que otros. Estos políticos están atacando las bases mismas del estado de derecho y destruyendo la igualdad ante la ley.

No quieren justicia. Lo que quieren es impunidad.

*Artículo escrito por Mesa de noticias de El Mostrador.

En una intensa sesión, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados despacharon a la sala de la Cámara Baja el proyecto de ley que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las fuerzas de orden y las Fuerzas Armadas. En la instancia, los parlamentarios aprobaron una indicación que devuelve a la justicia militar los casos en que militares o policías incurran en un delito cumpliendo labores de orden público.

Dicha aprobación no estuvo exenta de polémicas, ya que en primer lugar, la indicación presentada por los diputados Andrés Jouannet (Amarillos por Chile), los RN Ximena Ossandón, Camila Flores, Andrés Longton y Diego Schalper, los gremialistas Jorge Alessandri y Henry Leal y la independiente Gloria Naveillan fue sometida a una votación sobre admisibilidad, la que fue superada por un estrecho 14 a favor y 12 en contra. Posteriormente fue aprobada por la misma cantidad de votos.

En concreto, el texto incorpora un artículo nuevo que modifica la competencia de los tribunales militares, que dice que “durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación a los actos electorales y plebiscitarios a que se refiere la Constitución Política de la República, los delitos imputados a militares en actos de servicio militar, en cumplimiento de sus labores o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenidos en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”.

Esta jornada el proyecto se verá en Sala, y se espera que esta moción sea parte importante de la discusión.

Gobierno: norma es inadmisible

Antes de la votación, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, dijo que dicha norma aprobada por estrecho margen era inadmisible debido a que escapaba de las “ideas matrices” del mensaje presidencial y anunció reserva de constitucionalidad por parte del Ejecutivo.

“Siempre el autor, el mocionante, o el Presidente de la República cuando presenta mensaje, son los que determinan cuáles son las ideas matrices de un proyecto de ley, y el sentido de las ideas matrices es muy relevante, ya que permite que no se aborden materias que no han sido objeto del debate parlamentario con la suficiente acuciosidad y con el tiempo necesario”, indicó.

“Por lo tanto, nosotros hacemos la reserva de constitucionalidad en la eventualidad de que esto tenga que ser resuelto por el órgano jurisdiccional correspondiente”, cerró.

En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que es necesario que cuando se decide una jurisdicción, “no hay que darle garantías a una parte, hay que darles garantías a todas las partes”.

“Si el Congreso empieza a decir ‘queremos que el tribunal tal vea esto, porque así le damos garantías a una parte’, estamos mal. Los tribunales tienen que aplicar la ley, y tienen que aplicarla respecto de acusados y acusadores, y tiene que darle garantías a ambos”, destacó.

Otras normas aprobadas

En la instancia, también aprobaron una moción -también presentada por el diputado Jouannet- sobre la distinción del armamento letal. El parlamentario apuntó a que Carabineros y las FF.AA. tengan la posibilidad de ocupar sus armas letales cuando sufren un ataque, a pesar  de que su armamento “es aquel que, empleado conforme a su diseño y destinación, tiene alta probabilidad de causar la muerte o lesiones graves”.

Paralelamente, las comisiones apoyaron una indicación de Andrés Longton (RN, que indica que “el uso de la fuerza potencialmente letal constituye una medida que procede sólo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en las etapas previas y justificada en caso de cumplimiento del deber, legítima defensa, cumplimiento de una orden judicial, con el objeto de detener a una persona que oponga resistencia a la autoridad, para impedir su fuga o para la protección de infraestructura crítica, cuando exista peligro grave de verse afectada”.

Otra moción respaldada fue una indicación presentada por Luis Sánchez (Republicanos) que define que el uso de la fuerza debe adecuarse a los grados de resistencia o agresión, a los que se enfrente el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Por otro lado, se rechazó el artículo 10, que hacía referencia a la implementación de reglamentos. El Ejecutivo lamentó el hecho, ya que, en voz de la ministra del Interior, Carolina Tohá, “de esta forma el proyecto solo quedaría como una norma genérica”.

Columna de opinión escrita por Carlos Monge, periodista y analista internacional, para El Mostrador.

Si se le pidiera a un alumno de pregrado de la carrera de Relaciones Internacionales una nómina simple de los atributos que un país debe poseer para tener un peso internacional relevante y sostener su autodeterminación en el complejo escenario internacional actual, de seguro destacaría, en primer lugar, sus capacidades tecnológicas, industriales y militares. Vale decir, un conjunto de elementos materiales que, al igual que su población, su espacio geográfico natural, sus riquezas evidentes y potenciales y su ubicación en el mapa mundial, constituyen la base de lo que se podría llamar su “poder duro” (o hardpower, en caso de que se prefiera usar el término en inglés).

Pero junto a estas variables, de carácter objetivo y que, en principio, se presentan como bastante consolidadas, el análisis y la revisión de los factores que otorgan importancia y jerarquía a un país dado en el concierto global de las naciones, requiere también de otras cualidades que exceden con mucho a aquellas relacionadas con su mera infraestructura productiva, de transporte y de comunicaciones. La cual, al fin de cuentas, es solo un soporte de recursos técnicos sobre los cuales descansan una serie de intangibles, de carácter más subjetivo, pero no por ello menos decisivos, como podrían ser, por ejemplo, sus fortalezas educativas, culturales y sanitarias, el grado de cohesión e integración solidaria de su sociedad bajo banderas y preceptos comunes.

Y, en lo que se refiere a valores estrictamente políticos e ideacionales, la fortaleza de su aparato estatal; la consistencia y coherencia histórica de su diplomacia; la “solidez de su sistema de alianzas y de cooperación internacional” y también, siguiendo conceptos expresados en un reciente artículo del especialista Ricardo Aronskind, “la capacidad de su elite dirigente para identificar objetivos estratégicos propios de largo plazo y sostenerlos a lo largo del tiempo hasta lograr las metas establecidas”.

Este recetario básico constituye una suerte de “jaula de hierro”, de la cual ningún voluntarismo permite escapar, por más esfuerzo que se ponga en la tarea. Y es, sin duda, un conjunto de premisas y de factores condicionantes que a Milei, al menos, parecen tener sin cuidado desde que asumió como presidente de Argentina, el 10 de diciembre de 2023. A partir de lo cual se ha empeñado en llevar adelante una política exterior altamente ideologizada, y por momentos hasta naif o ingenua, en la que el rasgo más determinante ha sido poner a sus preferencias personales por encima de las políticas del Estado y el interés nacional de su país. En efecto, como bien apunta Aronskind, Milei y sus colaboradores en el área externa, encabezados por su canciller, la economista y empresaria cordobesa Diana Mondino, parecen haber tenido acceso al listado de atributos que mencionamos en primer término como imprescindibles para ejercer una política externa independiente y autónoma, y lo emplean “como brújula para avanzar exactamente en la dirección opuesta: concentran todas sus energías en debilitar y degradar cada uno de los rubros de ese listado estratégico para que la nación sea libre y soberana”.

Dicho juicio podría aparecer, a ojos de algunos, como muy radical y descalificador, pero basta con remitirse a los hechos para observar cómo, en muy poco tiempo, Milei y su equipo han destruido algunos de los pilares básicos de la política exterior argentina, con un estilo avasallador y jacobino. En un estilo muy propio, por otra parte, de quien se ha atribuido a sí mismo la misión mesiánica de destruir a una “casta” corrupta que debe ser barrida del escenario público.

Repasemos algunos de los hitos de su agenda externa que han puesto de cabeza a los tradicionales principios del Palacio San Martín en este ámbito. Para empezar, alineó a Argentina, sin matices de ningún tipo y de manera absoluta, en la confrontación que actualmente puso de un lado a Israel (con el apoyo de EE.UU. y de la mayor parte de Europa Occidental) y del otro a Hamas, Hezbollah, Siria, Yemen e Irán, entre otros. Antes de ser electo presidente dijo que mudaría la embajada de su país desde Tel Aviv y Jerusalén, y lo confirmó en su visita a Israel, de febrero de este año, donde oró en el Muro de los Lamentos.

Es más: el 14 de abril pasado sumó al embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, a una reunión de gabinete de emergencia convocada luego de que Milei regresara imprevistamente de una visita al exterior, con EE.UU. como cabeza de serie, como consecuencia de una ofensiva con misiles y drones del régimen de Teherán contra territorio judío, en represalia ante un ataque aéreo que mató a varios jefes militares iraníes en el consulado de ese país en Damasco (Siria). Para Milei, quien dice haberse convertido a la religión hebraica, Israel representa los valores occidentales en lucha contra “el mal”, acorde con su visión escatológica de los asuntos mundiales, y no hay mucho más que hablar al respecto. En ese sentido, se ha alejado radicalmente de la postura tradicional de la Cancillería argentina que propiciaba la solución de dos Estados (uno israelí y otro palestino), como garantía final y sine qua non de paz para el convulsionado Medio Oriente.

“Occidentalización dogmática”

Pero esa no es, por cierto, la única expresión de una política exterior caracterizada por su adscripción a una “occidentalización dogmática”, concepto acuñado por el experto argentino Luciano Anzelini. Para muestra, algunos botones:

• A fines de marzo, los ministerios de Defensa de Argentina y Dinamarca informaron la suscripción de una carta de intención para la adquisición de 24 aviones de combate Lockheed Martin F-16 y su equipamiento de apoyo. “Estamos sentando las bases para la cooperación en el área de defensa entre Dinamarca, Estados Unidos y la Argentina. Seguimos fortaleciendo nuestras fuerzas y recuperando la capacidad supersónica que nos permita custodiar y defender nuestro espacio aéreo”, declaró el ministro de Defensa, Luis Petri.

Según Román Lejtman, del portal web Infobae, Milei se había contactado, antes de que se difundiera este acuerdo, con Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden, en Washington, y recibió en la Casa Rosada, como es público y notorio, a Antony Blinken, secretario de Estado del país del norte. Más aún, su jefe de gabinete, Nicolás Posse, se reunió dos veces con William Burns, actual jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en dos citas en las que el tema central “fue uno solo: China y su ofensiva en América Latina”. Allí, entonces, se gestó el sonoro portazo a una anterior oferta de Beijing de equipamiento militar en condiciones que parecían ventajosas para Argentina. “Sullivan, Blinken y Burns sabían –Lejtman dixit– que Xi Jinping ofrecía 34 aviones de guerra JF-17 a precio de ganga, y recomendaron que la operación de softpower chino sea rechazada para siempre. Milei aceptó la sugerencia de la Casa Blanca”.

• La compra de los F-16 estadounidenses que, según algunos rumores, habría sido descartada previamente por Colombia por considerar que los aparatos ya estaban obsoletos, no solo tiene ingredientes geopolíticos sino también prácticos que es pertinente analizar. El doctor en RR.II. Luciano Anzelini, en un artículo titulado “Milei y la compra de los F-16”, abunda en estos aspectos recordando que, cuando Argentina adquirió a EE.UU. un grupo de Skyhawk A4-AR en 1997, si bien la compra alcanzó a 35 aeronaves, solo dieciocho estaban en condiciones de ser operadas de manera inmediata. Y también hay dudas en relación con cuánto equipamiento moderno Estados Unidos estaría dispuesto a traspasar a estas nuevas plataformas de combate, considerando que el conflicto de Malvinas todavía está latente y lejos de ser superado, y Londres es un socio preferente de Washington. Anzelini recuerda que el planeamiento defensivo-militar se basa en lo que en jerga castrense se denomina “Mirilado”. Es decir, “no solo se contemplan los medios (M), sino también la infraestructura (I), los recursos humanos (R), la información (I), la logística (L), el adiestramiento (A), la doctrina (D) y la organización (O). Por ejemplo -añade-, y en lo que (se) refiere a la logística, cabría preguntarse por cuántos años los proveedores de Estados Unidos garantizarán el sostenimiento de los vetustos F-16; o si se repetirán los mismos inconvenientes que la Argentina tuvo con los A4-AR adquiridos en la década del 90”.

¿Un Menem 2.0?

A propósito de los años 90 viene al caso, asimismo, señalar que hay comparaciones que resultan incluso abusivas cuando se intenta hacer una analogía entre la política exterior de Carlos Menem y la de Javier Milei. Cierto es que al inicio de la década de 1990, y con el comienzo de una breve etapa de hegemonía cuasiunipolar de parte de EE.UU., al extinguirse la URSS, Menem decidió enviar naves a la guerra del Golfo (1990-1991) dentro del marco de lo que Guido Di Tella, su canciller, llamó las “relaciones carnales” con Washington, y que el propio riojano, más pudoroso, prefirió denominar un “giro copernicano” en la habitual política exterior argentina. Pero ese era otro mundo, muy distante al de hoy, en términos de distribución de poder y de transición hegemónica a escala global.

Carlos Escudé, asesor de Di Tella y académico connotado, quien fuera además creador de la noción de “realismo periférico”, partía de la base de que países del Sur Global, como Argentina, solo podían desarrollar una política exterior autónoma pagando altos costos –es decir, un trade off importante–, que en última instancia recaían sobre los hombros de la propia ciudadanía. Frente a eso, proponía entonces una política externa de carácter utilitarista y pragmática que, en ningún caso, puede confundirse con el alineamiento incondicional y absolutamente subordinado que propugna Milei, en relación con Estados Unidos.

Escudé definía a un país periférico como aquel que i) tiene algo que ofrecer; por ejemplo, recursos naturales que la gran potencia necesita; y ii) posee una situación geográfica estratégicamente significativa. Y a continuación, concluía, en El realismo de los Estados débiles, que “Argentina no cae en ninguna de las categorías de arriba. Su economía no es complementaria con la de los Estados Unidos, sino que por el contrario tiende a ser competitiva”. Además, “no posee suficientes recursos petrolíferos como para ser un exportador importante”. Ni tiene “el canal de Panamá, el cobre de Chile, el caucho de Brasil, ni el estaño de Bolivia. Geográficamente está en el fin del mundo”.

Mutatis mutandi, hoy la situación es completamente distinta. Está el “triángulo del litio” (Argentina, Chile y Bolivia) que concentra un alto porcentaje de reservas conocidas de ese mineral estratégico, y en suelo argentino se encuentra el yacimiento de Vaca Muerta, extraordinariamente abundante en recursos energéticos de gas y petróleo. Por si fuera poco, como destaca Anzelini en otro texto, “nuestra posición geográfica es más relevante que nunca, resultando el Estrecho de Magallanes un espacio estratégico tanto por su rol como vía navegable entre el océano Atlántico y el Pacífico como por constituir un punto privilegiado de acceso a la Antártida”.

Escudé, por otra parte, estaba muy lejos de asignarle a China un carácter “maligno” de por sí, como se le atribuye desde Washington, y prefería verla como una importante oportunidad de diversificación de los lazos exteriores argentinos a la que “debemos sacarle el máximo provecho”.

Así las cosas, el parecido de Milei con Menem solo queda reducido al largo de las patillas de ambos y el compartido enamoramiento (en tiempos muy diferentes, conviene subrayar) respecto al denominado “Consenso de Washington”, que configura, como se sabe, las Tablas de la Ley fundacionales del neoliberalismo. Milei, con todo, sigue empeñado en sellar su Santa Alianza con la Casa Blanca, guiado tal vez (al igual que el general Leopoldo Galtieri, en su momento) por la peregrina idea de que comportarse en forma dócil y aquiescente con EE.UU. podría permitirle destrabar el siempre complicado puzle de las Malvinas y convertirlo en dueño, por qué no, o al menos en el poseedor de las llaves que aseguren el tránsito fluido por el estrecho de Magallanes, en medio de la creciente pugnacidad geopolítica global.

Para ello, recibió con inusuales honores, casi de jefe de Estado, a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono, en la Casa Rosada, y luego viajó a Ushuaia para reunirse de nuevo con ella y anunciar, desde el extremo austral, la creación de una base naval conjunta con la nación norteamericana. Acto al que consideró el primer paso para la “recuperación por la vía diplomática” de las Islas Malvinas y Georgias del Sur.

Pruebas de amor

Se sellaba así un romance que acumula ya múltiples y variados episodios de acercamiento. A saber:

• El anuncio de una nueva doctrina de política exterior que pone el acento en una alianza estratégica con EE.UU e Israel, y les baja el perfil en todos los planos a la integración latinoamericana (excepto en lo que se refiere al comercio con Brasil, que para Argentina es de importancia crucial).
• La cancelación del acuerdo con China para la construcción de la central nuclear Atucha III.
• La admisión de la presencia del cuerpo de ingenieros del Ejército de EE.UU en la gestión de la Hidrovía Santa Fe-Buenos Aires, en el tramo argentino de una vía fluvial que conecta a cinco países.
• El cuestionamiento a la presencia china en la estación de observación satelital de Neuquén, donde ya se ha anunciado una “visita” de autoridades argentinas. “No una inspección”, según acotó un funcionario de gobierno, conocedor tal vez del hecho de que China es hoy el primer socio comercial de Argentina.
• La asociación con EE.UU. para llevar adelante la construcción de un polo logístico antártico en la isla grande de Tierra del Fuego.
• El haber recibido, sin la autorización previa del Congreso, al patrullero guardacostas estadounidense USCGC James (WMSL-754).
• Y último pero no menos importante: la adquisición por valor de 600 millones de dólares de 24 aviones cazabombarderos estadounidenses F-16, con algunas actualizaciones a nivel de equipamientos, en lugar de los aviones chinos JF-17 de última generación que ofrecía Beijing.

Tal vez estos gestos basten, en la óptica de Milei, para ganarse el aprecio definitivo de la hasta ahora primera superpotencia, y de ese modo ingresar a las “grandes ligas” del poder mundial, esperando quizás que un hipotético triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre facilite su “cruzada” redentora que tiene como fin reposicionar a Occidente en su lucha contra el eje Rusia-China-Irán.

“No queríamos dejar de aprovechar la ocasión para darle la bienvenida a la Argentina a la general Richardson (…) y expresar nuestro agradecimiento por su visita y por el apoyo que el Gobierno de EE.UU. ha demostrado a este nuevo Gobierno”, sostuvo Milei, al arribar a Ushuaia, el 5 de abril pasado. Calificando, a su vez, a la futura Base Naval Integrada como “un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”.

Y ya en el discurso oficial de recepción a Richardson fue aún más taxativo, al señalar que “tanto el pueblo norteamericano como el argentino tienen en común que cuando adoptaron las ideas de la libertad pudieron emprender las expansiones territoriales más importantes de su historia, a la altura de su ambición y vitalidad”.

Queda la duda pendiente, eso sí, con respecto a qué tipo de expansiones son aquellas en la que Milei hoy está pensando.

*Columna de opinión escrita por Juan Legal.

¿La derecha, si la derecha, interesada en que se hagan reformas políticas?

¿Ahora no quieren usufructuar de la fragmentación y repiten como un coro de niños cantores esa frase ordinaria de que se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo?

¿Ahora quieren eliminar a los partidos chicos, que ellos alentaron hasta la saciedad con la finalidad de obstruir los cambios sociales y económicos, hasta que lo lograron?

¿No decían hasta hace poco tiempo que los temas constitucionales, políticos o de ampliar y profundizar la democracia, no le importaban a la gente, que estaba más interesada en los botones de pánico, o de los chapulines vestidos de rojo, o de la nieve en el centro de Santiago?

¿Por qué no plantearon estas reformas en el primer proceso constitucional, el del Octubrismo?

¿Y cuándo se les apareció la virgen a los republicanos, porque eso fue lo que sucedió, trataron de imponer sus propuestas, pasando máquina, igual que los Octubristas?

Esas propuestas también fueron ampliamente rechazadas por el país.

Una cosa es ser ingenuos, voluntaristas, ideologizados, y otra cosa es ser estúpidos.

Es como Tiburón Tres, cada vez más grande el tiburón y más efectos especiales, cuando la verdad es solo una: el tiburón inventó tres películas para comerse a su persecutor.

Historia conocida y cada vez más poco estética.

La verdad es que si la Ximena Rincón y el Walker chico desaparecen con la regla del 5% hasta podríamos tentarnos y aceptar la reforma. La oferta es realmente suculenta y atractiva. Como diría alguno de los próceres de la transición, que desaparezcan le haría bien a la democracia.

Sin embargo, aunque el precio es caro para la calidad del producto, luego del shock inicial despertamos de aquel lindo sueño y volvemos a la realidad.  Los demócratas y los Amarillos se van a ir a pique igual, con reforma o sin reforma al sistema político, entonces, ¿qué quiere de verdad la derecha, los coludidos dirigentes empresariales y los medios de comunicación afines a la oposición (que son casi todos, incluido el canal estatal)?

Lo que quieren es tener al gobierno enredado en una agenda política los próximos dos años y  al mismo tiempo seguir parando las reformas sociales.

Por eso se volvieron locos cuando Boric condicionó el apoyo del gobierno a los cambios al sistema político a la buena fe y disposición de los obstruccionistas a ceder en el congreso en materia de pacto fiscal y cambios al sistema de pensiones.

Por eso es por lo que los dueños chilenos de empresas (no los extranjeros) de pronto se han vuelto demócratas y quieren perfeccionar la democracia, la misma que nunca tuvieron la intención de recuperar, porque eran Pinochetistas y en su corazoncito lo siguen siendo.

Vimos en ENADE 2024 a los poderes fácticos de la derecha sin sus mediocres intermediarios. Esta vez hablaron ellos de mil formas, antes, durante y después de su reunión anual. Todo esto a pesar de que los resultados financieros de sus empresas fueron mucho mejor de lo que esperaban.

Quieren disciplina en el Parlamento porque sin disciplina surgen los chicos, los díscolos, que los enredan a ellos a la hora de defender sin vacilaciones sus intereses económicos.

Exigieron al Presidente una agenda para ellos, porque creen que van a ganar las elecciones próximas y van a gobernar en dos años más. Reclamaron derechos de dueños de Chile. Y frente a este despliegue de poder estamos los chilenos y el gobierno.

¿Qué hacer?

Solo somos tontos hasta las doce. No ceder ni entretenerse en puntos a estas alturas secundarios; concentrarse en las pensiones y pacto fiscal.

Si no hay acuerdo lo que sigue es convocar a los chilenos a una lucha de largo plazo, buscando mayoría en las próximas elecciones y en las que sigan.

Detrás de la llamada incertidumbre está una realidad virtual creada por la derecha, que solamente va a ser modificada el día que los grupos económicos de verdad se tomen en serio el tema de la desigualdad. Que nada se saca con hacer crecer la torta si no se distribuye. Que no hay distribución sin crecimiento, pero que tampoco hay crecimiento sin distribución.

*Noticia escrita y publica por Emol/ El Mercurio.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, profundizó en el oficio que su cartera envió a Gendarmería, para que diera cuenta, de forma mensual, a jueces y fiscales, acerca del número de internos, capacidad y condiciones de las distintas cárceles del país.

Según detalló El Mercurio, la medida apunta a que todos los actores del Sistema de Justicia Penal tengan a la vista los datos, en el contexto de la sobrepoblación penal que hoy existe en el país. Según ha señalado Cordero, en los últimos 24 meses, el aumento ha sido de un 40%, mientras que el número de plazas (41.000) se mantiene igual hace una década.

El oficio generó revuelo, incluso algunas voces tildaron de «irresponsable» al ministro, mientras que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, ya ha comentado que los jueces deben resolver en Derecho, y si no hay cárceles, eso es competencia del Ejecutivo.

«Yo lo único que hice, es que esa información que es pública, se entregue permanentemente. No sé desde cuándo decir datos públicos y decir la verdad es un problema», se defendió esta mañana Cordero en conversación con Radio Universo.

En esa línea, precisó que todas las recomendaciones internacionales en materia de gestión penitenciaria «es que el sistema de justicia tenga pleno conocimiento de la capacidad del sistema penitenciario; no para inhibir la posición de los jueces ni de los fiscales, sino que, esencialmente, para que sepan cómo está operando el sistema penitenciario».

«Esto, porque a mayor sobrepoblación, la segregación por seguridad se hace difícil o derechamente imposible; pero desde el punto de vista de la gestión de seguridad, si un fiscal quiere tener segregado a una persona por un determinado tipo de delito, es de responsabilidad del sistema penitenciario que le informe su capacidad», dijo Cordero. Mismo caso si Gendarmería desea hacer un traslado y existe una cárcel sobrepoblada.

El ministro insistió en que «hay dos cosas que me sorprenden de esa reacción. O nos da vergüenza a mirarnos al espejo, o tenemos una culpa del porte de una catedral, porque lo único que he hecho yo, es emitir un oficio que diga ‘esto es lo último que ha pasado en los últimos 24 meses'».

Añadió en esa línea que el tema de la sobrepoblación es relevante, no sólo por un tema de derechos, sino también «por la gestión de la seguridad penitenciaria».

Respecto a los dichos del ministro Blanco, Cordero remarcó que «tiene razón, a los jueces les corresponde aplicar la ley, y ojo que también con los años, nosotros hemos ido aumentando penas, eliminando beneficios, y las leyes no se han hecho cargo del impacto penitenciario. Yo le encuentro la razón al ministro Blanco, pero es mi responsabilidad como ministro de Justicia, informarle al sistema institucional y a la comunidad en general».

Pero en estos días el verdadero “hombre enfermo” de occidente está en América.

Es Venezuela.

El colapso económico y social provocado por la dictadura de Nicolás Maduro es considerado por expertos como el peor derrumbe en décadas de un país que no esté viviendo una guerra. El desempleo, la hiperinflación, la violencia, la represión política y la miseria han llevado a cerca de ocho millones de venezolanos a emprender un éxodo que organismos internacionales califican como el más grande en la historia del continente.

Es una crisis que afecta a toda América. La migración de millones de personas en tan breve tiempo tiene un efecto desestabilizador sobre cualquier sociedad, y así está ocurriendo en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Ha pasado una década desde que la huida comenzó a cobrar características de éxodo. Pero aún los países de América son incapaces de abordar el problema en conjunto. Donde necesitamos políticas racionales y coordinación internacional, tenemos dirigencias que usan el tema venezolano como un arma arrojadiza en la guerrilla partidista interna.

En nuestro país, la campaña de 2017 vio el nacimiento del concepto “Chilezuela”, acuñado por partidarios de Sebastián Piñera para descalificar a sus adversarios.

Luego, Piñera usó la diáspora para posicionarse como líder internacional contra Maduro. Anunció que “vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad”. En su cuenta pública ante el Congreso, anunció a los venezolanos que “Chile es y seguirá siendo el asilo contra la opresión”.

El exembajador en Caracas, Pedro Ramírez, advertía que “cerca de 450 mil venezolanos están solicitando antecedentes para poder trasladarse a Chile”. La oposición a Maduro decía que “Chile es uno de los países donde la mayoría de los venezolanos están tratando de llegar”.

Lo prudente habría sido bajar la retórica. Pero, incluso en 2019, la vocera Cecilia Pérez declaraba que se les seguiría recibiendo “hasta que el país lo resista”.

Luego, el Presidente Piñera fue convencido de que sería protagonista del derrumbe del régimen. Fue a Cúcuta, esperando que una multitud atravesara la frontera, con la complicidad de los militares venezolanos, y Maduro cayera ese mismo día.

Mejor aconsejados, presidentes frontalmente opuestos a Maduro, como Bolsonaro, Macri y Vizcarra, se restaron; lo mismo hizo el vicepresidente de Estados Unidos. Piñera se quedó solo junto al Presidente de Colombia, como la cara internacional del fiasco.

La página negra de Cúcuta es una lección sobre lo que ocurre cuando se actúa con voluntarismo, sin escuchar a los expertos en diplomacia, en una crisis de esta magnitud.

La oposición de entonces, hoy oficialismo, también ha sido parte del problema. Por años, tuvo una actitud ambigua ante el régimen venezolano, que oscilaba entre la admiración por su proyecto y el negacionismo frente a su carácter dictatorial.

Ya en el gobierno, tampoco ha sido capaz de definir una política de Estado. Más bien ha dado palos de ciego, al parecer condicionado por la consideración que el Partido Comunista sigue teniendo por el régimen de Maduro, al que la línea oficial del PC se resiste a calificar de dictadura.

Entre el oportunismo y la imprevisión, la crisis del hombre enfermo de América golpea fuerte a Chile: problemas sociales por la migración masiva, penetración de bandas criminales importadas y, ahora, la tesis de Fiscalía sobre un “móvil político” que se “originó en Venezuela”, como línea de investigación en el asesinato del exmilitar disidente Ronald Ojeda.

Si se confirma el involucramiento del régimen de Maduro en un crimen cometido en Chile, sería un hecho de la máxima gravedad. Lamentablemente, las reacciones políticas siguen aportando mucho ruido y poca estrategia.

Aquí cabe recordar otro episodio: el reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela. En teoría sonaba bien: Maduro es un dictador, y había que apoyar a las fuerzas democráticas que se le oponían.

Pero en la práctica fue un desastre: para su gestión del día a día, los gobiernos deben relacionarse con quienes realmente controlan sus países, no con autoridades simbólicas. La aventura de Guaidó terminó con la disidencia fracturada y con un Maduro más fortalecido que nunca.

Hoy pasa algo similar. Compitiendo por quién da la cuña más indignada, los políticos exigen cerrar las fronteras y romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Al mismo tiempo, exigen la extradición de los dos sospechosos del crimen (que debe conceder el país con el que quieren romper relaciones), expulsar a los migrantes irregulares (que deben ser recibidos por ese mismo país), y denunciar el caso Ojeda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (instancia de la que los mismos políticos exigían que Chile se retirara).

Es la diferencia entre competir por quien grita más fuerte, y tomar decisiones en el áspero mundo de la realpolitik internacional.

Chile debe usar todas sus herramientas diplomáticas, económicas y políticas de presión. Para eso, lo primero es recuperar nuestra tradición de unidad interna en temas de Estado. No más trincheras ni frases para la galería. Tal como ocurrió en las demandas de La Haya o la guerra de Irak, corresponde que el Presidente convoque a todas las fuerzas políticas, y las involucre en una estrategia de Estado en este asunto.

Y como somos un país pequeño, dependemos de la coordinación con otras naciones, y con los tan vilipendiados organismos internacionales, para acumular poder y presionar de manera efectiva a una dictadura que sólo responde al lenguaje de la fuerza.

Son pasos ineludibles ante la descomposición de un régimen que amenaza con enfermar a todo un continente.