*Columna de opinión escrita por Héctor Ríos Jara, Becario CONICYT University College of London, para El Mostrador.

El anuncio de una política de condonación reafirmado por el Gobierno reabrió el debate sobre la pertinencia de condonar las deudas estudiantiles. Es cierto que el Gobierno confronta el dilema de cumplir las promesas de su programa en un contexto de baja en su popularidad. No obstante, hay razones técnicas y sociales de largo plazo que justifican la pertinencia de una reforma al sistema de financiamiento y la implementación de una política de condonación.

Los sistemas de crédito estudiantil en Chile presentan varias deficiencias en su funcionamiento. La principal es su baja capacidad de recaudación. Tanto el CAE como el Fondo Solidario tienen tasas de recaudación que no superan el 50%. Si bien la oposición ha culpado al Gobierno y su promesa de condonación de la alta morosidad, la evidencia señala que el aumento de la morosidad venía al alza desde las primeras generaciones que iniciaron el pago.

El informe del Banco Mundial del 2012 señalaba que la recaudación del CAE sería más baja que lo esperado al momento de su diseño. En 2019, bajo el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, un informe de Dipres señalaba que la morosidad del CAE ya había alcanzado el 40% en 2018 y que la tasa de morosidad se elevaría en el tiempo, a menos que hubiera reformas en el sistema de crédito. De igual forma, para el caso del Fondo Solidario, las bajas tasas de recaudación están problematizadas desde finales de los 90, y fueron uno de los problemas que motivaron la creación del CAE en 2006 y que justificaron el ingreso de los bancos al sistema de créditos estudiantiles.

Otro problema central del actual sistema de créditos es el de las condiciones onerosas de pago y su poca relación con los ingresos y empleabilidad de los egresados. En 2022, el informe de la Subsecretaría de Educación Superior indicó que casi más del 75% de los egresados percibe ingresos menores a $800 mil. El informe del observatorio económico de la UDP del 2023 señala que la tasa de desempleo de personas con educación superior completa es de 5,8% y que la tasa de subutilización de la fuerza laboral con estudios superiores alcanzó el 18,5%.

Los datos sugieren que un espectro creciente de los egresados en Chile tiene ingresos menores a los esperados, acceden a empleos con poca regularidad y trabajan en campos laborales no afines con sus grados y capacidades. Estas tendencias son aun peores en el caso de los desertores, que corresponden a casos de deudores que estudiaron 1 a 3 años y no pudieron terminar sus carreras y, pese a ello, mantienen deudas estudiantiles.

El problema del endeudamiento no es un problema individual, sino un problema de equidad de oportunidades y cohesión social. El deudor actual es una persona que convive con otras deudas, cuya suma consume gran parte de sus ingresos. La mayoría de estas deudas vienen del consumo cotidiano (alimentación, medicamentos, pago de cuentas), así como de deudas de salud e hipotecarias, que son parte de los costos de la reproducción y subsistencia de los núcleos familiares. La investigación señala que muchos de los deudores son cabezas de familia y poseen una o más cargas familiares. Además, tienen también otras responsabilidades de cuidados de sus padres o familiares cercanos y, en muchos casos, representan el principal ingreso de las familias.

El sobreendeudamiento representa una condición de fragilidad socioeconómica para las familias de grupos sociales emergentes que buscaron en la educación superior una alternativa para el ascenso social y una mejor calidad de vida. Pese a que muchos accedieron al sueño del título profesional, pocos han logrado estabilizar su situación financiera y viven en constante fragilidad económica.

Esta fragilidad, lejos de ser el resultado de sus decisiones, es en parte el resultado de una política de créditos estudiantiles que aumentó los costos de estudiar y no supo anticipar la baja en los ingresos y el empeoramiento en las condiciones laborales de los egresados. Son los casi dos millones de personas endeudadas con el CAE quienes esperan una reparación y una reforma que restaure la esperanza de movilidad social y reafirme el rol social de la educación superior en Chile.

También es importante recordar que la política de condonación captura una demanda ciudadana de larga data en el país y aún esta pendiente. La lucha ciudadana por una educación pública, gratuita y de calidad del 2011, y las posteriores demandas por derechos sociales y un sistema de bienestar, han sido el motor que ha impulsado las reformas al financiamiento de la educación superior de las últimas décadas. La deuda pendiente de los gobiernos en este proceso de reformas ha sido el sistema de créditos. El Gobierno de Michelle Bachelet logró avanzar en otorgar gratuidad para miles de estudiantes; sin embargo, su reforma no logró modificar el sistema de créditos estudiantiles. Esto implica que la política de créditos estudiantiles no ha sufrido cambios sustantivos desde hace más de 10 años, pese a los sucesivos intentos de terminar con el CAE y reformar los créditos presentados por Bachelet y Piñera 2, y persistencia de los problemas de los sistemas de créditos.

El anuncio del Gobierno sigue en continuidad con los esfuerzos de gobiernos previos por resolver los problemas del sistema de créditos, pero le otorga mayor relevancia al problema del sobreendeudamiento y los efectos negativos que los créditos han tenido en las familias. El anuncio del Gobierno propone una nueva alternativa de financiamiento público a la educación superior, que complemente la gratuidad y termine con las deudas bancarias y alivie a los actuales deudores. De prosperar la iniciativa, el proyecto permitirá continuar en el proceso de construir una educación pública, gratuita y de calidad para el país y avanzar un paso más hacia la creación de un sistema público de garantías sociales.

*Columna de opinión escrita por Susana Sierra, ingeniera comercial socia y fundadora de de BH Compliance, para El Mostrador.

“Hay que subir los precios (…) sin compasión, sin piedad”, se escuchó decir a un alto ejecutivo en uno de los audios interceptados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante la investigación de una “posible” nueva colusión.

Esta vez, la concertación tuvo lugar en el mercado de los gases industriales y medicinales, cuando Indura y Linde acordaron mantener los clientes que cada empresa atendía, eliminando así la competencia entre ellas, absteniéndose de participar en licitaciones donde estuviera la otra u ofertando precios más altos para no adjudicárselos.

Este “acuerdo de caballeros”, pacto de “no agresión” o estado de “paz y amor”, como lo denominaron los propios ejecutivos de Indura y Linde en sus comunicaciones interceptadas, afectó a diversos sectores industriales, siendo el hospitalario uno de los más impactados, pues los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021, es decir, en plena pandemia de COVID-19. Ello resulta aún más condenable desde el punto de vista ético, pues se vivía un periodo de alto estrés y dolor, donde la solidaridad y la colaboración resultaban literalmente vitales para enfrentar una crisis de salud global.

Según la FNE, este pacto estableció una “estricta política de aumentos de precios, alineada con el objetivo de aumentar la rentabilidad que le había sido encomendada” a los ejecutivos de cada empresa, lo que demuestra que cuando los incentivos están mal puestos, saltarse las políticas y controles establecidos no es tema mientras se obtengan los resultados esperados.

A pesar de los diversos casos de corrupción que hemos conocido y, específicamente de colusión, parece increíble que no se aprenda la lección. Ya desfilaron por tribunales empresas que acordaron los precios del confort, pollos, helicópteros o transporte de valores, por nombrar algunos. Sin embargo, esto no ha significado un ejemplo suficiente para quienes prefieren llegar a la meta sin importar cómo.

Si bien, hasta ahora, se apunta a personas con nombre y apellido –los gerentes generales de Indura y Linde, Marcelo Torres y Sergio Novelli, respectivamente, y el ejecutivo de Linde, David Lori–, el cuestionamiento a la reputación de las empresas involucradas queda de manifiesto. Ahora veremos si este fue un caso de personas o empresas y, para eso, ambas compañías deberán demostrar que contaban con los controles adecuados para prevenir que este tipo de delitos ocurrieran y que fueron estos ejecutivos los que se desviaron del camino. Por lo mismo, tendrán que presentar la evidencia de que sus programas de compliance de libre competencia estaban bien implementados.

Casos como estos terminan enlodando más allá de sus protagonistas. Por ejemplo, el sector privado en general es apuntado, a pesar de no tener relación con las malas prácticas de unos pocos y lo mismo ocurre con los trabajadores de las compañías cuestionadas. Así se esparcen los tentáculos de la corrupción, pagando justos por pecadores. Por eso es tan importante que las personas, a la hora de buscar trabajo, se preocupen de que las compañías tengan programas de compliance.

Como se ha dicho repetidamente en este último tiempo, especialmente con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos, el rol de las empresas es fundamental para prevenir delitos corporativos y determinar las responsabilidades penales. En este caso, como ya es costumbre, nuevamente conocemos los hechos gracias a una denuncia que permitió a la FNE rastrear la colusión, derivando en la petición de delación compensada de Linde.

Ante la variedad de casos que hemos conocido este último tiempo, queda la sensación de que corromper las instituciones es fácil y sencillo y, en efecto, puede serlo si no se ejercen los controles adecuados. No podemos olvidar que las empresas están formadas por personas, todas susceptibles de caer en la tentación de tomar el camino fácil y por eso es tan importante contar con programas de compliance efectivos que les permitan prevenir la corrupción y detectarla en caso de que ocurra, con fuertes controles cruzados y el monitoreo continuo de terceros independientes. Esto permitirá a las compañías defenderse y apuntar a las responsabilidades individuales.

Hoy es más importante que nunca reconstruir la confianza, en un contexto de grandes cuestionamientos a las instituciones públicas y privadas. No es posible que los corruptos sigan empañando los pocos avances que se realizan en ese sentido, escudados en la memoria de corto plazo de una sociedad desmoralizada, que siente que impera la impunidad por culpa de quienes han protagonizado hechos de altísimo cuestionamiento ético.

Como en este caso, donde había que subir los precios “sin compasión y sin piedad” en medio de una pandemia.

*Artículo escrito por Mesa de noticias de El Mostrador.

En una intensa sesión, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados despacharon a la sala de la Cámara Baja el proyecto de ley que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las fuerzas de orden y las Fuerzas Armadas. En la instancia, los parlamentarios aprobaron una indicación que devuelve a la justicia militar los casos en que militares o policías incurran en un delito cumpliendo labores de orden público.

Dicha aprobación no estuvo exenta de polémicas, ya que en primer lugar, la indicación presentada por los diputados Andrés Jouannet (Amarillos por Chile), los RN Ximena Ossandón, Camila Flores, Andrés Longton y Diego Schalper, los gremialistas Jorge Alessandri y Henry Leal y la independiente Gloria Naveillan fue sometida a una votación sobre admisibilidad, la que fue superada por un estrecho 14 a favor y 12 en contra. Posteriormente fue aprobada por la misma cantidad de votos.

En concreto, el texto incorpora un artículo nuevo que modifica la competencia de los tribunales militares, que dice que “durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación a los actos electorales y plebiscitarios a que se refiere la Constitución Política de la República, los delitos imputados a militares en actos de servicio militar, en cumplimiento de sus labores o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenidos en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”.

Esta jornada el proyecto se verá en Sala, y se espera que esta moción sea parte importante de la discusión.

Gobierno: norma es inadmisible

Antes de la votación, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, dijo que dicha norma aprobada por estrecho margen era inadmisible debido a que escapaba de las “ideas matrices” del mensaje presidencial y anunció reserva de constitucionalidad por parte del Ejecutivo.

“Siempre el autor, el mocionante, o el Presidente de la República cuando presenta mensaje, son los que determinan cuáles son las ideas matrices de un proyecto de ley, y el sentido de las ideas matrices es muy relevante, ya que permite que no se aborden materias que no han sido objeto del debate parlamentario con la suficiente acuciosidad y con el tiempo necesario”, indicó.

“Por lo tanto, nosotros hacemos la reserva de constitucionalidad en la eventualidad de que esto tenga que ser resuelto por el órgano jurisdiccional correspondiente”, cerró.

En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que es necesario que cuando se decide una jurisdicción, “no hay que darle garantías a una parte, hay que darles garantías a todas las partes”.

“Si el Congreso empieza a decir ‘queremos que el tribunal tal vea esto, porque así le damos garantías a una parte’, estamos mal. Los tribunales tienen que aplicar la ley, y tienen que aplicarla respecto de acusados y acusadores, y tiene que darle garantías a ambos”, destacó.

Otras normas aprobadas

En la instancia, también aprobaron una moción -también presentada por el diputado Jouannet- sobre la distinción del armamento letal. El parlamentario apuntó a que Carabineros y las FF.AA. tengan la posibilidad de ocupar sus armas letales cuando sufren un ataque, a pesar  de que su armamento “es aquel que, empleado conforme a su diseño y destinación, tiene alta probabilidad de causar la muerte o lesiones graves”.

Paralelamente, las comisiones apoyaron una indicación de Andrés Longton (RN, que indica que “el uso de la fuerza potencialmente letal constituye una medida que procede sólo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en las etapas previas y justificada en caso de cumplimiento del deber, legítima defensa, cumplimiento de una orden judicial, con el objeto de detener a una persona que oponga resistencia a la autoridad, para impedir su fuga o para la protección de infraestructura crítica, cuando exista peligro grave de verse afectada”.

Otra moción respaldada fue una indicación presentada por Luis Sánchez (Republicanos) que define que el uso de la fuerza debe adecuarse a los grados de resistencia o agresión, a los que se enfrente el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Por otro lado, se rechazó el artículo 10, que hacía referencia a la implementación de reglamentos. El Ejecutivo lamentó el hecho, ya que, en voz de la ministra del Interior, Carolina Tohá, “de esta forma el proyecto solo quedaría como una norma genérica”.

Columna de opinión escrita por Carlos Monge, periodista y analista internacional, para El Mostrador.

Si se le pidiera a un alumno de pregrado de la carrera de Relaciones Internacionales una nómina simple de los atributos que un país debe poseer para tener un peso internacional relevante y sostener su autodeterminación en el complejo escenario internacional actual, de seguro destacaría, en primer lugar, sus capacidades tecnológicas, industriales y militares. Vale decir, un conjunto de elementos materiales que, al igual que su población, su espacio geográfico natural, sus riquezas evidentes y potenciales y su ubicación en el mapa mundial, constituyen la base de lo que se podría llamar su “poder duro” (o hardpower, en caso de que se prefiera usar el término en inglés).

Pero junto a estas variables, de carácter objetivo y que, en principio, se presentan como bastante consolidadas, el análisis y la revisión de los factores que otorgan importancia y jerarquía a un país dado en el concierto global de las naciones, requiere también de otras cualidades que exceden con mucho a aquellas relacionadas con su mera infraestructura productiva, de transporte y de comunicaciones. La cual, al fin de cuentas, es solo un soporte de recursos técnicos sobre los cuales descansan una serie de intangibles, de carácter más subjetivo, pero no por ello menos decisivos, como podrían ser, por ejemplo, sus fortalezas educativas, culturales y sanitarias, el grado de cohesión e integración solidaria de su sociedad bajo banderas y preceptos comunes.

Y, en lo que se refiere a valores estrictamente políticos e ideacionales, la fortaleza de su aparato estatal; la consistencia y coherencia histórica de su diplomacia; la “solidez de su sistema de alianzas y de cooperación internacional” y también, siguiendo conceptos expresados en un reciente artículo del especialista Ricardo Aronskind, “la capacidad de su elite dirigente para identificar objetivos estratégicos propios de largo plazo y sostenerlos a lo largo del tiempo hasta lograr las metas establecidas”.

Este recetario básico constituye una suerte de “jaula de hierro”, de la cual ningún voluntarismo permite escapar, por más esfuerzo que se ponga en la tarea. Y es, sin duda, un conjunto de premisas y de factores condicionantes que a Milei, al menos, parecen tener sin cuidado desde que asumió como presidente de Argentina, el 10 de diciembre de 2023. A partir de lo cual se ha empeñado en llevar adelante una política exterior altamente ideologizada, y por momentos hasta naif o ingenua, en la que el rasgo más determinante ha sido poner a sus preferencias personales por encima de las políticas del Estado y el interés nacional de su país. En efecto, como bien apunta Aronskind, Milei y sus colaboradores en el área externa, encabezados por su canciller, la economista y empresaria cordobesa Diana Mondino, parecen haber tenido acceso al listado de atributos que mencionamos en primer término como imprescindibles para ejercer una política externa independiente y autónoma, y lo emplean “como brújula para avanzar exactamente en la dirección opuesta: concentran todas sus energías en debilitar y degradar cada uno de los rubros de ese listado estratégico para que la nación sea libre y soberana”.

Dicho juicio podría aparecer, a ojos de algunos, como muy radical y descalificador, pero basta con remitirse a los hechos para observar cómo, en muy poco tiempo, Milei y su equipo han destruido algunos de los pilares básicos de la política exterior argentina, con un estilo avasallador y jacobino. En un estilo muy propio, por otra parte, de quien se ha atribuido a sí mismo la misión mesiánica de destruir a una “casta” corrupta que debe ser barrida del escenario público.

Repasemos algunos de los hitos de su agenda externa que han puesto de cabeza a los tradicionales principios del Palacio San Martín en este ámbito. Para empezar, alineó a Argentina, sin matices de ningún tipo y de manera absoluta, en la confrontación que actualmente puso de un lado a Israel (con el apoyo de EE.UU. y de la mayor parte de Europa Occidental) y del otro a Hamas, Hezbollah, Siria, Yemen e Irán, entre otros. Antes de ser electo presidente dijo que mudaría la embajada de su país desde Tel Aviv y Jerusalén, y lo confirmó en su visita a Israel, de febrero de este año, donde oró en el Muro de los Lamentos.

Es más: el 14 de abril pasado sumó al embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, a una reunión de gabinete de emergencia convocada luego de que Milei regresara imprevistamente de una visita al exterior, con EE.UU. como cabeza de serie, como consecuencia de una ofensiva con misiles y drones del régimen de Teherán contra territorio judío, en represalia ante un ataque aéreo que mató a varios jefes militares iraníes en el consulado de ese país en Damasco (Siria). Para Milei, quien dice haberse convertido a la religión hebraica, Israel representa los valores occidentales en lucha contra “el mal”, acorde con su visión escatológica de los asuntos mundiales, y no hay mucho más que hablar al respecto. En ese sentido, se ha alejado radicalmente de la postura tradicional de la Cancillería argentina que propiciaba la solución de dos Estados (uno israelí y otro palestino), como garantía final y sine qua non de paz para el convulsionado Medio Oriente.

“Occidentalización dogmática”

Pero esa no es, por cierto, la única expresión de una política exterior caracterizada por su adscripción a una “occidentalización dogmática”, concepto acuñado por el experto argentino Luciano Anzelini. Para muestra, algunos botones:

• A fines de marzo, los ministerios de Defensa de Argentina y Dinamarca informaron la suscripción de una carta de intención para la adquisición de 24 aviones de combate Lockheed Martin F-16 y su equipamiento de apoyo. “Estamos sentando las bases para la cooperación en el área de defensa entre Dinamarca, Estados Unidos y la Argentina. Seguimos fortaleciendo nuestras fuerzas y recuperando la capacidad supersónica que nos permita custodiar y defender nuestro espacio aéreo”, declaró el ministro de Defensa, Luis Petri.

Según Román Lejtman, del portal web Infobae, Milei se había contactado, antes de que se difundiera este acuerdo, con Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden, en Washington, y recibió en la Casa Rosada, como es público y notorio, a Antony Blinken, secretario de Estado del país del norte. Más aún, su jefe de gabinete, Nicolás Posse, se reunió dos veces con William Burns, actual jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en dos citas en las que el tema central “fue uno solo: China y su ofensiva en América Latina”. Allí, entonces, se gestó el sonoro portazo a una anterior oferta de Beijing de equipamiento militar en condiciones que parecían ventajosas para Argentina. “Sullivan, Blinken y Burns sabían –Lejtman dixit– que Xi Jinping ofrecía 34 aviones de guerra JF-17 a precio de ganga, y recomendaron que la operación de softpower chino sea rechazada para siempre. Milei aceptó la sugerencia de la Casa Blanca”.

• La compra de los F-16 estadounidenses que, según algunos rumores, habría sido descartada previamente por Colombia por considerar que los aparatos ya estaban obsoletos, no solo tiene ingredientes geopolíticos sino también prácticos que es pertinente analizar. El doctor en RR.II. Luciano Anzelini, en un artículo titulado “Milei y la compra de los F-16”, abunda en estos aspectos recordando que, cuando Argentina adquirió a EE.UU. un grupo de Skyhawk A4-AR en 1997, si bien la compra alcanzó a 35 aeronaves, solo dieciocho estaban en condiciones de ser operadas de manera inmediata. Y también hay dudas en relación con cuánto equipamiento moderno Estados Unidos estaría dispuesto a traspasar a estas nuevas plataformas de combate, considerando que el conflicto de Malvinas todavía está latente y lejos de ser superado, y Londres es un socio preferente de Washington. Anzelini recuerda que el planeamiento defensivo-militar se basa en lo que en jerga castrense se denomina “Mirilado”. Es decir, “no solo se contemplan los medios (M), sino también la infraestructura (I), los recursos humanos (R), la información (I), la logística (L), el adiestramiento (A), la doctrina (D) y la organización (O). Por ejemplo -añade-, y en lo que (se) refiere a la logística, cabría preguntarse por cuántos años los proveedores de Estados Unidos garantizarán el sostenimiento de los vetustos F-16; o si se repetirán los mismos inconvenientes que la Argentina tuvo con los A4-AR adquiridos en la década del 90”.

¿Un Menem 2.0?

A propósito de los años 90 viene al caso, asimismo, señalar que hay comparaciones que resultan incluso abusivas cuando se intenta hacer una analogía entre la política exterior de Carlos Menem y la de Javier Milei. Cierto es que al inicio de la década de 1990, y con el comienzo de una breve etapa de hegemonía cuasiunipolar de parte de EE.UU., al extinguirse la URSS, Menem decidió enviar naves a la guerra del Golfo (1990-1991) dentro del marco de lo que Guido Di Tella, su canciller, llamó las “relaciones carnales” con Washington, y que el propio riojano, más pudoroso, prefirió denominar un “giro copernicano” en la habitual política exterior argentina. Pero ese era otro mundo, muy distante al de hoy, en términos de distribución de poder y de transición hegemónica a escala global.

Carlos Escudé, asesor de Di Tella y académico connotado, quien fuera además creador de la noción de “realismo periférico”, partía de la base de que países del Sur Global, como Argentina, solo podían desarrollar una política exterior autónoma pagando altos costos –es decir, un trade off importante–, que en última instancia recaían sobre los hombros de la propia ciudadanía. Frente a eso, proponía entonces una política externa de carácter utilitarista y pragmática que, en ningún caso, puede confundirse con el alineamiento incondicional y absolutamente subordinado que propugna Milei, en relación con Estados Unidos.

Escudé definía a un país periférico como aquel que i) tiene algo que ofrecer; por ejemplo, recursos naturales que la gran potencia necesita; y ii) posee una situación geográfica estratégicamente significativa. Y a continuación, concluía, en El realismo de los Estados débiles, que “Argentina no cae en ninguna de las categorías de arriba. Su economía no es complementaria con la de los Estados Unidos, sino que por el contrario tiende a ser competitiva”. Además, “no posee suficientes recursos petrolíferos como para ser un exportador importante”. Ni tiene “el canal de Panamá, el cobre de Chile, el caucho de Brasil, ni el estaño de Bolivia. Geográficamente está en el fin del mundo”.

Mutatis mutandi, hoy la situación es completamente distinta. Está el “triángulo del litio” (Argentina, Chile y Bolivia) que concentra un alto porcentaje de reservas conocidas de ese mineral estratégico, y en suelo argentino se encuentra el yacimiento de Vaca Muerta, extraordinariamente abundante en recursos energéticos de gas y petróleo. Por si fuera poco, como destaca Anzelini en otro texto, “nuestra posición geográfica es más relevante que nunca, resultando el Estrecho de Magallanes un espacio estratégico tanto por su rol como vía navegable entre el océano Atlántico y el Pacífico como por constituir un punto privilegiado de acceso a la Antártida”.

Escudé, por otra parte, estaba muy lejos de asignarle a China un carácter “maligno” de por sí, como se le atribuye desde Washington, y prefería verla como una importante oportunidad de diversificación de los lazos exteriores argentinos a la que “debemos sacarle el máximo provecho”.

Así las cosas, el parecido de Milei con Menem solo queda reducido al largo de las patillas de ambos y el compartido enamoramiento (en tiempos muy diferentes, conviene subrayar) respecto al denominado “Consenso de Washington”, que configura, como se sabe, las Tablas de la Ley fundacionales del neoliberalismo. Milei, con todo, sigue empeñado en sellar su Santa Alianza con la Casa Blanca, guiado tal vez (al igual que el general Leopoldo Galtieri, en su momento) por la peregrina idea de que comportarse en forma dócil y aquiescente con EE.UU. podría permitirle destrabar el siempre complicado puzle de las Malvinas y convertirlo en dueño, por qué no, o al menos en el poseedor de las llaves que aseguren el tránsito fluido por el estrecho de Magallanes, en medio de la creciente pugnacidad geopolítica global.

Para ello, recibió con inusuales honores, casi de jefe de Estado, a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono, en la Casa Rosada, y luego viajó a Ushuaia para reunirse de nuevo con ella y anunciar, desde el extremo austral, la creación de una base naval conjunta con la nación norteamericana. Acto al que consideró el primer paso para la “recuperación por la vía diplomática” de las Islas Malvinas y Georgias del Sur.

Pruebas de amor

Se sellaba así un romance que acumula ya múltiples y variados episodios de acercamiento. A saber:

• El anuncio de una nueva doctrina de política exterior que pone el acento en una alianza estratégica con EE.UU e Israel, y les baja el perfil en todos los planos a la integración latinoamericana (excepto en lo que se refiere al comercio con Brasil, que para Argentina es de importancia crucial).
• La cancelación del acuerdo con China para la construcción de la central nuclear Atucha III.
• La admisión de la presencia del cuerpo de ingenieros del Ejército de EE.UU en la gestión de la Hidrovía Santa Fe-Buenos Aires, en el tramo argentino de una vía fluvial que conecta a cinco países.
• El cuestionamiento a la presencia china en la estación de observación satelital de Neuquén, donde ya se ha anunciado una “visita” de autoridades argentinas. “No una inspección”, según acotó un funcionario de gobierno, conocedor tal vez del hecho de que China es hoy el primer socio comercial de Argentina.
• La asociación con EE.UU. para llevar adelante la construcción de un polo logístico antártico en la isla grande de Tierra del Fuego.
• El haber recibido, sin la autorización previa del Congreso, al patrullero guardacostas estadounidense USCGC James (WMSL-754).
• Y último pero no menos importante: la adquisición por valor de 600 millones de dólares de 24 aviones cazabombarderos estadounidenses F-16, con algunas actualizaciones a nivel de equipamientos, en lugar de los aviones chinos JF-17 de última generación que ofrecía Beijing.

Tal vez estos gestos basten, en la óptica de Milei, para ganarse el aprecio definitivo de la hasta ahora primera superpotencia, y de ese modo ingresar a las “grandes ligas” del poder mundial, esperando quizás que un hipotético triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre facilite su “cruzada” redentora que tiene como fin reposicionar a Occidente en su lucha contra el eje Rusia-China-Irán.

“No queríamos dejar de aprovechar la ocasión para darle la bienvenida a la Argentina a la general Richardson (…) y expresar nuestro agradecimiento por su visita y por el apoyo que el Gobierno de EE.UU. ha demostrado a este nuevo Gobierno”, sostuvo Milei, al arribar a Ushuaia, el 5 de abril pasado. Calificando, a su vez, a la futura Base Naval Integrada como “un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”.

Y ya en el discurso oficial de recepción a Richardson fue aún más taxativo, al señalar que “tanto el pueblo norteamericano como el argentino tienen en común que cuando adoptaron las ideas de la libertad pudieron emprender las expansiones territoriales más importantes de su historia, a la altura de su ambición y vitalidad”.

Queda la duda pendiente, eso sí, con respecto a qué tipo de expansiones son aquellas en la que Milei hoy está pensando.

*Artículo escrito por Mesa de Noticias de El Mostrador.

No fueron pocos los que se vieron sorprendidos en 2021 cuando Sergio Muñoz Yáñez, el ahora imputado director general de la PDI, fue designado como Director General de la Policía de Investigaciones, en medio de un turbulento panorama. Pocos días antes se habían destapado las acusaciones en contra del exdirector, Héctor Espinosa Valenzuela, quien terminaba su periodo acusado de una serie de delitos vinculados al uso de gastos reservados y para nadie era un misterio de que Muñoz era su delfín.

De hecho, “heredó” la relación privilegiada que Héctor Espinosa tenía con el entonces exministro del Interior, Andrés Chadwick, y con el abogado del ministerio del Interior y socio de Chadwick, Luis Hermosilla, a favor del cual Muñoz está ahora acusado de filtrar información sobre lavado de activos, como lo confirmó la fiscalía oriente. La vinculación delictual entre Muñoz y Hermosilla surgió de los peritajes realizados al celular del ex abogado de los poderosos en problemas, por lo cual se solicitó formalizarlo, lo que se efectuará el próximo martes 19, a las 9 horas.

Por cierto, Hermosilla asumió como abogado de Héctor Espinosa cuando este fue formalizado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento de uso público y lavado de activos.

Por todo ello, extrañó que el gobierno de Sebastián Piñera decidiera dejar en su cargo al entonces subdirector de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria.

No era ese, sin embargo, el único problema que muchos veían en Muñoz. Entre otros estaba el hecho de que la inteligencia policial dependía de él cuando se produjo (en enero de 2020) el fallido operativo que culminó con el homicidio del subinspector Luis Balcázar, en un frustrado allanamiento, sin que se previeran las consecuencias de dicho operativo, que además dejó a una decena de oficiales heridos.

Su paso por la dirección general de la PDI no ha sido tranquilo, pues ha tenido una tensa relación con el Presidente Boric, de quien se recuerda el gesto que tuvo cuando, tras su primera Cuenta Pública, no lo saludó al salir del Congreso, lo que contrastaba fuertemente con la actitud que tuvo con Yáñez, a quien saludó afectuosamente.

Fuentes policiales indican que, además de una falta de afinidad entre el director y el Presidente, uno de los puntos de quiebre fue la realización del funeral de un tío de Muñoz, un exoficial de la PDI que, al fallecer, fue objeto de unas exequias oficiales, en la Escuela de Investigaciones. El problema es que el fallecido estaba implicado en violaciones a los Derechos Humanos y esa información llegó a La Moneda, donde fue muy mal evaluada, lo mismo que opinan respecto del manejo que Muñoz ha tenido del caso de la oficial Valeria Vivanco, cuyos familiares han efectuado una serie de protestas públicas, incluso afuera del parque O’Higgins, durante la parada militar.

Muñoz ingresó en 1985 a la escuela de oficiales de la PDI y entre sus destinaciones estuvieron la Brigada de Investigaciones Criminales (Bicrim) de Providencia, la Brigada de Robos, la Brigada Antinarcóticos de Coyhaique y la Bicrim de San Fernando. Fue prefecto en Colchagua, Santiago, Antofagasta y Valparaíso, y en 2019 (bajo el mandato de Héctor Espinosa) quedó a cargo de una de las subdirecciones más delicadas de la PDI, la de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria y, de hecho, como también informó El Mostrador, su relación con quienes le sucedieron en dicho cargo no fue simple, pues en menos de cuatro años dos de los oficiales que fueron designados en dicho cargo renunciaron al mismo: José Ortiz y Luis Silva, quien (según Canal 13) decidió dejar la PDI debido a las desavenencias   que tenía con Muñoz.

*Columna de opinión escrita por Ignacio Walker, Abogado, expresidente DC y exministro de Relaciones Exteriores, para El Mostrador.

En una reciente aparición, el sábado 2 de marzo, en Richmond, estado de Virginia, ante miles de seguidores, Trump señaló que él no era una amenaza para la democracia, como lo acusan sus detractores.

La evidencia sugiere lo contrario.

Tal vez todo se resuma en la asonada (“subversiva”, “insurreccional” y “sediciosa”, entre otras expresiones formuladas por parte de sus detractores, de cierta prensa e, incluso, de algunos fiscales) llevada a cabo el 6 de enero de 2021, en la que Trump llamó a sus miles de seguidores, reunidos en Washington DC, a marchar sobre el Capitolio, la sede del Congreso. Se trató a todas luces de un ataque violento, a instancias del propio presidente de la República en ejercicio, que acabó con la vida de cinco personas, con 150 policías lesionados, destrucción de la propiedad pública y privada, y serias amenazas formuladas contra los congresistas y funcionarios allí presentes.

En el Comité formado en la Cámara de Representantes para investigar los hechos, compuesto por nueve miembros de ambos partidos, la representante Liz Cheney (republicana) habló de la necesidad de asegurar que “el expresidente nunca se vuelva a acercar siquiera a la Casa Oval”, acusándolo de “insurrección” y de haber violado en forma flagrante y violenta la misma Constitución de los EE.UU. que él jurara respetar. Finalmente, Liz Cheney, hija de Dick Cheney, vicepresidente bajo el mandato de George W. Bush, fue removida por su partido y sus pares del Partido Republicano de sus posiciones de liderazgo. Ella es autora del libro Oath and Honor (a memoir and a warning), publicado en 2023, un testimonio vivo, valiente y elocuente de lo que estamos hablando. Lo cierto es que Donald Trump cuenta con un apoyo abrumadoramente mayoritario entre los republicanos.

Trump acusa que la elección de noviembre de 2020 le habría sido robada y que se habría tratado de un verdadero “fraude” contra él, su partido y el pueblo estadounidense. En las horas y días siguientes instó a su vicepresidente, Mike Pence, a rehusar la certificación del voto en esas elecciones (Pence se negó a hacerlo, declarando válidas las elecciones). El presidente en ejercicio presionó a legisladores y funcionarios estatales con miras a modificar los resultados en las elecciones de 2020. Entre esas presiones, se comunicó por teléfono con el secretario de estado de Georgia para alterar el resultado electoral en ese estado: “Solo necesito 11.780 votos”, le dijo, para modificar la expresión de la ciudadanía en las urnas (esas grabaciones están consignadas en el Comité de la Cámara de Representantes).

Trump enfrenta en la actualidad cuatro investigaciones criminales sobre la posible comisión de 91 delitos (felonies), incluidas acusaciones sobre desconocimiento de los resultados electorales y un conjunto de actuaciones dirigidas en esa dirección. Entre ellas, las presiones para presionar por la alteración de los resultados en el estado de Georgia (la fiscal ha dirigido esa investigación contra 18 otras personas, además de Donald Trump, por la posible comisión de 13 delitos –tres de los inculpados ya se han declarado culpables–).

La duda es si esas investigaciones criminales van a poder mostrar algún resultado antes del 5 de noviembre próximo, fecha de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Ya hay 150 activistas que han sido condenados o se han declarado culpables por los hechos del 06/01.

Una de esas investigaciones criminales dice relación también con la acusación por parte de los fiscales federales por 40 delitos, relacionados con la retención por parte de Trump de documentos clasificados relativos a materias de defensa nacional. Los documentos fueron retenidos por el expresidente en su residencia de Mar-a-Largo, lo que requirió de una intervención en el mismo lugar por parte de agentes del FBI, los que procedieron a incautarlos.

Todo lo anterior debe analizarse en el contexto de un sostenido activismo legislativo por parte de los líderes republicanos, dirigido a restringir el derecho de voto, colocando una serie de cortapisas en el ejercicio de los derechos políticos y electorales garantizados en la Constitución (y sus enmiendas) y las leyes. Solo en 2021 pueden consignarse 566 iniciativas legislativas a nivel estatal sobre diversas restricciones al ejercicio del derecho a voto, el 93% de ellas presentadas por legisladores republicanos. De ese total, 52 fueron aprobadas, 45 de ellas presentadas por representantes del partido de Trump. En 2022, seis estados aprobaron leyes sobre restricciones al derecho a voto.

Detrás de esta trama criminal, política y electoral hay toda una ideología impulsada por Steve Bannon, quien en los últimos años ha asesorado no solo a Donald Trump y el Partido Republicano en los EE.UU., sino también a diversos líderes y partidos de ultraderecha en Europa. En lo que se refiere a los EE.UU., Bannon está consciente de que toda la trama en torno al liderazgo de Donald Trump, a quien él apoya decididamente, tiene consecuencias políticas y constitucionales, pero dice que es un precio que hay que pagar: “Vamos a tener una crisis constitucional, pero, ¿saben qué?, somos un país grande y fuerte, y podemos lidiar con eso”, ha dicho.

A todo lo anterior hay que sumar las demandas civiles dirigidas contra Donald Trump por diversos conceptos, incluyendo denuncias de mujeres que, en el pasado, dicen haber sido abusadas sexualmente por este. Esos hechos incluyen el pago, por parte de Trump, a través de su abogado Michael Cohen, de US$ 130.000 a la estrella porno Stormy Daniels (Cohen se declaró culpable, tras una larga y detallada declaración sobre los hechos). La falta federal, que ha dado motivo de una acción en su contra (y en contra de Trump), habría consistido en que el líder republicano imputó ese pago a legal expenses; todo lo anterior dirigido a comprar el silencio de la estrella porno ante las elecciones presidenciales de 2016, en las que fue elegido como presidente de la República.

También está la condena en meses pasados por US$ 88 millones por el asalto sexual (sexual assault) en contra de E. Jean Carroll. Si a lo anterior sumamos, siempre en el ámbito de las demandas civiles, el que el 16 de febrero pasado un juez del estado de Nueva York lo condenó a él y a sus empresas a pagar US$ 355 millones (más US$ 99 millones por concepto de intereses), por falsear datos sobre deudas con sus acreedores, impidiéndole además el poder desempeñarse como director corporativo de empresas en los próximos tres años en el estado de Nueva York, tenemos entonces que ha sido condenado por más de US$ 500 millones, solo por estos casos (hay otras demandas civiles pendientes).

Ese es Donald Trump, de eso estamos hablando.

La política de la indecencia

Uno se pregunta, a la luz de todo lo anterior, que es solo un botón de muestra de la situación de Trump y el estado de la democracia en los Estados Unidos, ¿dónde está el Partido Republicano de Abraham Lincoln?

La respuesta es lapidaria y lamentable: por ninguna parte.

Liz Cheney ha sido la excepción, pero ya hemos dicho que fue despojada de sus cargos de representación por sus propios pares y por su propio partido, el que pareciera no querer interferencias en la perspectiva de la reelección de Donald Trump. También está el caso del senador Mitt Romney, a quien Trump no le ha perdonado su “deslealtad”. Si John McCain estuviera vivo, seguramente estaría entre sus detractores. Se supone que George W. Bush no es un hincha de Trump, pero nada ha dicho públicamente. Lo cierto es que Donald Trump tiene al Partido Republicano y al electorado republicano en el bolsillo. Abraham Lincoln debe estar revolcándose en la tumba, pero ni esa suposición sirve para interrumpir el ascenso del líder republicano. Ron DeSantis y Nikki Haley ya quedaron en el camino. Su lapidario triunfo en las primarias del Super Tuesday lo coloca en la antesala de su confirmación y nominación de la próxima convención republicana, y eventualmente de la presidencia de la República (las encuestas muestran una competencia muy reñida entre Trump y Biden).

Eso dependerá también de lo que ocurra con otras candidaturas meramente testimoniales, como la de Cornel West, del People’s Party, un activista radical de izquierda, exprofesor de la Universidad de Harvard que considera que Trump y Biden son básicamente lo mismo; o de Jill Stein, activista ambientalista, formada en Harvard, candidata del Partido Verde y del Green New Deal, quien en 2016 obtuvo un escuálido 1,07% de los votos, lo suficiente como para facilitar la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton; o Robert F. Kennedy Jr., hijo de Robert Kennedy, asesinado en 1968, quien ha legado a llegado a comparar las vacunas contra el Covid-19 “con la Alemania de Hitler” (su desprecio por la ciencia acerca a algunos de sus seguidores al campo republicano).

Así estamos en los Estados Unidos, con Donald Trump convertido en la principal amenaza contra la democracia y un liderazgo que tiene un alcance regional y global. Una persona que es capaz de llamar a sus enfervorizados seguidores a tomarse la sede del Congreso, y que cuenta con una enorme popularidad con miras a las elecciones del 05/11, nos dice algo no solo sobre él, sobre Steve Bannon (su mentor ideológico) y sobre el Partido Republicano, sino también sobre un electorado que lleva muchos años en pie de guerra contra la burocracia de Washington, las elites liberales y cosmopolitas del Partido Demócrata, los inmigrantes, y un conjunto de amenazas que se perciben en el mundo y que llevan, una vez más en la historia de los Estados Unidos, a querer plegarse en torno a la consigna de MAGA (Make America Great Again).

¿Y cómo estamos por casa?

El fenómeno Trump es local, pero también es global. Tiene aliados en Europa, como Nigel Farage, fundador y líder del UKIP (United Kingdom Independent Party) que fue clave en el triunfo del Brexit en el referéndum de 2016, euroescéptico, populista de derecha; Viktor Orbán, primer ministro de Hungría desde 2010 y líder del FIDESZ, amigo de Putin, acusado reiteradamente por parte de la Unión Europea de debilitar la democracia y el Estado de Derecho en ese país, quien por estos días se reunía con Trump en los EE.UU., habiéndole entregado públicamente su apoyo (ni siquiera pidió audiencia con el presidente Biden o con alguno de los funcionarios de su administración). A ellos se suman Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni en Italia y una larga lista de dirigentes, movimientos y partidos de ultraderecha en el Viejo Continente que son algunos de los aliados y referentes de Trump y el trumpismo, con redes, financiamiento y centros de estudio que comparten, a grandes rasgos, el mismo credo del líder republicano estadounidense.

Jair Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y, entre nosotros, José Antonio Kast –aunque en una menor medida, dada la mayor complejidad de la derecha chilena– son algunos de los referentes de esta tendencia global en la región.

Milei y Bukele acaban de participar, en febrero pasado, en la reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) celebrada en Maryland, Estados Unidos, el mismo escenario y la misma conferencia en que Donald Trump habló como líder indiscutido de este movimiento a nivel global. Aunque en esta oportunidad José Antonio Kast se excusó de asistir, sí lo hizo en la reunión de 2019 en Brasil, convocada por Bolsonaro, y en la de 2022, celebrada en México. En la reunión de Maryland tuvo lugar un efusivo encuentro y abrazo entre Donald Trump y Javier Milei. Mientras el primero llamó a un nuevo MAGA (Make Argentina Great Again), celebrando el triunfo en las urnas del líder derechista argentino, partidario este último del “liberalismo libertario” o “anarco capitalismo” (en su propia definición), Milei respondió con el consabido “Viva la libertad, carajo”.

Kast reconoció que habría votado por Trump en las elecciones de 2016 (CNN, 9 de noviembre de 2017). Temas como migraciones, fronteras, bajos impuestos, mano dura con la delincuencia, aborto y su clara oposición al “consenso de izquierda”, son algunos de los que unen a ambos líderes. Si bien Kast se ha encargado de decir que “no soy el Trump ni el Bolsonaro chileno”, junto con el reconocimiento a Trump, participó con un video de apoyo a la reelección de Bolsonaro en 2022.

Ambos, Bolsonaro y Kast, comieron en Puerto Madero en la víspera de la asunción del mando de Milei; anteriormente había felicitado a este último por su triunfo en las primarias (PASO) en agosto de 2023, mientras que reiteró esas felicitaciones tras su elección como presidente de la República en diciembre último. Asistió, junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, a la asunción del mando de Milei.

Se trata de la misma familia política, sin perjuicio de las realidades de cada país. Donald Trump es el líder indiscutido de esta familia política a nivel global. De entre todos ellos, Trump es el más peligroso, si consideramos la asonada sediciosa e insurreccional del 06/01. A la luz de esos hechos, actualmente sometidos a investigación criminal en los Estados Unidos, y sus repercusiones regionales y globales, se puede afirmar con toda claridad que Donald Trump se convierte en la principal amenaza contra la democracia en el mundo occidental.

El segundo de a bordo, y a nivel de América Latina, es Jair Bolsonaro, tras la asonada insurreccional ante las elecciones presidenciales de 2022, en las que el expresidente Lula logró imponerse por un estrecho margen de 50,9% de los votos, contra un 49,1% para Bolsonaro. El intento por desconocer esos resultados, llamando a sus seguidores a tomarse plazas y edificios en Brasilia, ha devenido en una acusación en su contra de 135 páginas. Se acusa a Jair Bolsonaro, cuatro generales, un almirante y una veintena de civiles de organizar una trama para anular los comicios electorales y cortar el paso a Lula.

A modo de conclusión

Esta es la hora de los demócratas, y la principal tarea de los demócratas consiste en defender la democracia frente a la amenaza de la ultraderecha en el mundo y la región, bajo el liderazgo de Donald Trump.

En el caso de Chile, todo apunta a que las próximas definiciones electorales tendrán como foco lo que ocurra al interior de la derecha. La primera voz de alerta fue la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de fines de 2021, con el 44% obtenido por José Antonio Kast, exactamente la misma cifra que obtuvo la opción del Sí en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en favor de Augusto Pinochet.

La segunda campanada de alerta estuvo constituida por la opción del “A favor” en el plebiscito del 23 de diciembre de 2023, con un 44,21% (idéntico al de Kast en 2021 y de Pinochet en 1988), en un Consejo Constitucional con 33 representantes de Chile Vamos, sobre un total de 50, 22 de los cuales eran del Partido Republicano.

Son muy pocas las voces y los análisis que no reparan en la hegemonía (“dirección moral e intelectual”, en la definición de Antonio Gramsci) ejercida por los republicanos en ese Consejo Constitucional. Lo cierto es que Chile Vamos no se la pudo con Republicanos. Un tema distinto, que escapa –por ahora– a este análisis, es la forma en que Amarillos y Demócratas incidieron (o no incidieron) en ese resultado, y cuáles serán sus estrategias y políticas de alianzas frente al escenario electoral de 2024 y 2025.

Es demasiado lo que está en juego en Chile, en la región, en los Estados Unidos y a nivel global. En el caso de nuestro país, la polarización y la fragmentación (con 20 partidos en el Parlamento) es la tendencia. No sería de extrañar, dada la dinámica electoral, que la DC llegara a constituir algún tipo de acuerdo electoral con el PC y el Frente Amplio (y el Socialismo Democrático), mientras que Amarillos y Demócratas hicieran algo similar con Chile Vamos, y a la postre –por las dinámicas electorales, por la fuerza de los hechos– con el propio Partido Republicano.

El centro, la centroizquierda e incluso la centroderecha (especialmente frente a la irrupción de Republicanos) siguen siendo un nicho relativamente vacío, carente de representación política y electoral.

En un escenario de polarización y de fragmentación, con una derecha y una ultraderecha en fase de ascenso, en los Estados Unidos, en Europa, bajo los liderazgos de Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Viktor Orbán, Matteo Salvini, Geert Wilders, Nigel Farage, Alternativa para Alemania y el Partido de la Libertad (Austria), entre tantos otros, y en América Latina, en la era de Jair Bolsonaro, Javier Milei, Nayib Bukele y el propio José Antonio Kast, entre otros, la tarea de los demócratas es defender la democracia frente a la oleada ultraconservadora y ultraderechista que recorre el mundo, bajo el liderazgo de Donald Trump.

*Columna de opinión escrita por Lidia Casas, Centro de Derechos Humanos UDP, para El Mostrador.

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Celebramos la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género contra las Mujeres, proyecto que tardó casi tres administraciones en ser aprobado desde su ingreso en el Congreso, bajo la segunda administración de la expresidenta Bachelet. La ley sin duda es un avance, pues perfecciona normas, entrega atribuciones y considera nuevas formas de violencia. Sin embargo, la eficacia de las leyes descansa en el despliegue de medidas de diversas instituciones, la política pública, que no será tarea solo del Gobierno de turno. Sin cambios en las formas de hacer y mantener la inercia de las instituciones, algunas cosas cambiarán para que todo siga igual.

La violencia cruza distintos espacios. La realizan también las instituciones públicas a través de sus funcionarios y de los mecanismos de funcionamiento del aparato del Estado, desprovisto de consideración de las particularidades y los contextos que viven miles de mujeres y niñas.

Se convierte en violencia institucional cuando profesionales de salud, declarándose objetores de conciencia, ni siquiera están dispuestos a atender a una paciente, a “tocarla siquiera”, porque ha ingresado al hospital para realizarse un aborto por un embarazo por violación. Es violencia que exista un afiche que declara que es objetora de una ley, como si cada ciudadano y ciudadana supiera los números de las leyes, soslayando expresar abiertamente que no atenderá a mujeres por una o cualquiera de las causales de ley. A la vez, es una forma de violencia institucional cuando no se informa con afiches en cada centro de salud, cada consultorio, clínica y hospital, que mujeres y niñas tienen derechos a interrumpir el embarazo bajo ciertas causales.

Esto ocurre en el 2024. Los profesionales tienen derechos a que se respete su conciencia, pero no en desmedro de derechos reconocidos. Es violento, discriminatorio, constituyendo incluso un trato cruel que una paciente deba esperar solo para que hagan su admisión. No es solo la responsabilidad de ese profesional que carece de humanidad –de falta a la ética y la ley– sino también de un sistema que le permite hacerlo sin consecuencias. De la misma manera, resulta una deuda que no haya capacitación a profesionales ni información pública a mujeres y niñas de 10, 11, 12 años; que incluso bajo la protección del Estado o los organismos colaboradores se les niegue la posibilidad de tomar una decisión porque nadie les dio la opción de decidir.

Vemos con interés los bríos para retomar la discusión sobre la reforma al Código Civil en lo que respecta al régimen de bienes de la sociedad, lo que, dicho sea de paso, es una obligación pendiente desde 2007 para dar cumplimiento al acuerdo amistoso en el caso Arce y otra vs. Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El problema han sido los votos por las resistencias culturales a mantener lógicas de jerarquías al interior de las familias, como el hombre jefe de hogar, administrador de los bienes sociales, incluyendo los bienes propios de las mujeres.

Se dirá que hay igualdad declarada constitucionalmente entre hombres y mujeres, pero mantenemos unas brechas entre el derecho y las prácticas. El Banco Estado de Chile pedirá un certificado de soltería a las mujeres, pues no le basta revisar la plataforma del Registro Civil para cerciorarse de que no hay matrimonio, todo ello para que podamos disponer de los fondos que hayan dejado nuestros familiares ya fallecidos.

Estos cambios no caen desde el cielo, han sido décadas de lucha de muchas, pues los cambios culturales en favor de las mujeres nunca han sido fáciles.

*Columna de opinión escrita por Pablo Bravo, periodista y escritor, para El Mostrador.

Desde la publicación de “El adversario” (2000), el francés Emmanuel Carrère se ha consolidado como uno de los principales autores de novelas de no ficción a nivel global. En esta obra, aplaudida y aclamada, el escritor se involucra personalmente y narra de forma escalofriante la historia de Jean-Claude Romand, quien mató a su mujer, sus hijos, sus padres e intentó -sin éxito- suicidarse, luego de 18 años de haber engañado a su familia y amigos, haciéndoles creer que era un médico de la Organización Mundial de la Salud.

En su siguiente obra, “Una novela rusa” (2007), Carrère se aproxima a la historia de su abuelo materno, de origen georgiano-ruso, quien tras una vida de exilios desapareció misteriosamente en el otoño de 1944 y, muy probablemente, fue ejecutado por actos de colaboración con los nazis. Este libro lo distanció con su madre por más de un año, ya que se trataba de un tema tabú que estrictamente se había mantenido dentro de la intimidad familiar.

Su madre no es un personaje menor. Hélène Carrère d’Encausse fue una destacada historiadora, reconocida como una de las principales especialistas en Europa sobre el estudio de la historia rusa. Fue miembro de la Academia Francesa, de la cual fue nombrada «secretaria perpetua» hasta su reciente fallecimiento el año pasado. Ya volveremos sobre esto.

Paralelamente en “Una novela rusa”, un Carrére divorciado de su primer matrimonio, nos cuenta su relación con Sophie, una mujer a la que clasifica como de una clase diferente a la suya. Sin temor a mostrarse pedante, expone comentarios despectivos de su pareja y, para terminar de minar la relación, pública en un periódico un relato erótico sobre ella.

Su siguiente obra, “De vidas ajenas” (2009), nos muestra a un autor más estable y reconciliado consigo mismo tras haber contraído un segundo matrimonio, esta vez con la periodista Hélène Devynck. Parte importante de esta novela se centra en Juliette, hermana de Hélène y dedicada jueza, quien ha sido diagnosticada con un segundo cáncer. Finalmente, la mujer muere, dejando tres hijas pequeñas y un desconsolado marido.

El libro “Yoga” (2020) nos muestra a Carrère sumergido en las tinieblas de la oscuridad. Separado de Hélène Devynck, nos cuenta su caída en una profunda desgracia moral y anímica: se autoincrimina por sus acciones durante su vida matrimonial y reconoce que arruinó lo que era una vida feliz. Con gran nivel de detalles, de forma descarnada, el escritor describe la horrorosa convivencia con sus demonios interiores y, tras sufrir dos depresiones profundas, cae en tratamiento psiquiátrico con un diagnóstico de bipolaridad, además de una internación de cuatro meses que incluyó tratamientos con ketamina e, incluso, electroshocks.

Indudablemente, Emmanuel Carrère ha publicado otros libros de altísimo valor (“Limónov”, “El reino”, “V13”), pero en esta columna estamos tocando aquellos que tocan sus fibras más íntimas y familiares.

Volvamos a su madre. Nació en Paris en 1929 con el nombre de Hélène Zourabichvili, hija de inmigrantes georgianos-rusos y germanos-ruso. Según nos cuenta Emmanuel Carrère, durante su infancia hablaba ruso en su casa y cuando salía a la calle no entendía el francés.

Contrajo matrimonio en 1952 con el negociante en seguros Louis Édouard Carrère d’Encausse, y desde entonces ese fue el apellido que utilizó. Su carrera académica fue brillante y ascendente, especializándose en la historia rusa (predijo el fin de la URSS). Entre otros logros, fue académica de universidades en América del Norte y Japón, así como tuvo un doctorado honoris causa de la Universidad de Montreal y de la Universidad Católica de Lovaina. Recibió el premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales en mayo de 2023.

Esta hija de inmigrantes se alzó a lo más alto de la intelectualidad al ser incorporada en la Academia Francesa en 1990. Allí fue nombrada secretaria perpetua (la primera mujer en este cargo) en 1999, aunque utilizó el título no feminizado de “secretario perpetuo” inmediatamente después de su elección. Una de sus últimas acciones más reconocidas fue la promoción del peruano Mario Vargas Llosa a la Academia. “Vargas Llosa ha ayudado a la cultura francesa más que muchos escritores franceses”, declaró.

Hélène Carrère d’Encausse falleció a las 94 años, el 5 de agosto del año pasado. No cabe duda de que su solvencia intelectual ha tenido una influencia inestimable sobre su hijo escritor. Es una mera especulación, pero no debería extrañarnos que un próximo libro de Emmanuel Carrère aborde precisamente la vida y obra de su madre, así como su relación con él mismo. Algo de eso ya adelantó en “Una novela rusa”, y lo hizo de forma destacada.

De cumplirse este pronóstico, es de esperar que el escritor francés nos vuelva a deslumbrar con una entrañable y portentosa novela de no ficción: el mismo autor ha confesado que escribe experiencias personales “sin lugar para la mentira”.

*Columna de opinión escrita por Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, para El Mostrador.

El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha demostrado con su excelente organización y gestión del funeral de Estado del ex Presidente Sebastián Piñera su altura de miras y el sentido republicano que inspira su labor. Nadie puede negar la dedicada y cuidadosa atención que brindó a esta impecable ceremonia que ha sido objeto del reconocimiento de la familia Piñera Morel.

Pero esta delicada tarea también ha incurrido en una falta de prudencia que es necesario advertir con total sinceridad. Recordemos que en diversas ocasiones el Presidente Boric ha señalado que no hay futuro sin memoria y sin verdad. Ese principio no apunta solamente a los efectos de las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Con mucha más razón debe aplicarse a las violaciones a los derechos humanos acontecidas en democracia, y en particular a lo vivido durante el gobierno de Sebastián Piñera.

La celebración y cobertura de un funeral de Estado no es ocasión para poner esos hechos en el centro de la atención pública. Hay criterios de respeto humano y político que explican la moderación en las palabras y el énfasis en los puntos que destacan la trayectoria del mandatario fallecido. No es extraño que se construya un halo hagiográfico respecto a una persona que, falleciendo trágicamente, merece la consideración y resguardo de su aporte cívico, especialmente si ha ocupado dos veces la más alta magistratura del país por elección popular.

Pero estos criterios no pueden traspasar un límite infranqueable: el resguardo y protección de quienes han sido víctimas directas de un gobierno que vulneró sus derechos fundamentales de una manera cruel, masiva y en muchas ocasiones irreversible.

Esta frontera nunca se debería haber traspasado. Y en cierta forma las palabras del Presidente Boric cruzaron la línea que separa la cortesía republicana de cierta vacuidad que parece olvidar la gravedad de lo acontecido. Con Primo Levi parece necesario volver a repetir en voz alta: “Reflexionen y recuerden que todo esto sucedió”. 

Por favor, reflexionemos y recordemos que Gustavo Gatica y Fabiola Campillay no volvieron a abrir sus ojos y nunca volverán a hacerlo. Recordemos que cientos de jóvenes fueron mutilados de por vida, perdiendo facultades físicas y capacidades básicas para su desenvolvimiento motor, social, laboral y psicológico. Y un número nunca claramente establecido de personas perdió su vida en circunstancias más que sospechosas, por lo que sus familias merecen una investigación exhaustiva y diligente por parte de la justicia.

La verdad se padece, pero no perece, decía Teresa de Ávila. Esa hermosa frase refleja la realidad de quienes parecen estar abandonados al padecimiento de una negación explícita de lo que se afirmó con claridad en todos los informes internacionales de derechos humanos que se elaboraron en 2019 y 2020. 

Estas familias padecen la irrelevancia de sus nombres, de sus historias, de sus rostros, para una sociedad que no parece considerarlos dignos de acceder a una acción reparadora ante el crimen que padecieron. Pero esa verdad que padecen no perecerá. Nunca habrá olvido de lo ocurrido. 

Las palabras de buena crianza y sobria cortesía que envolvieron el funeral del ex Presidente Piñera no deberían desalentar la labor de juristas, la investigación historiográfica, periodística, criminológica, y las iniciativas de la sociedad civil en orden a alcanzar un mínimo de verdad para que el futuro se construya sobre una memoria que dé respuesta a las víctimas y no sólo a quienes ejercieron el poder. 

Nos corresponde el deber de memoria, que no espera compasión, sino la simple y pura justicia que ha quedado pendiente.

*Columna de opinión escrita por Víctor Barrueto, exdiputado y expresidente PPD, para El Mostrador.

Quedan solo dos años de Gobierno. Hay que responder a lo más urgente para la gente: el bolsillo, la seguridad, la migración y algunas medidas en salud y pobreza. Que la gente tenga claro que la atención del Gobierno está puesta en las personas primero.

El ministro de Hacienda ha llevado adelante un ajuste macroeconómico exitoso, pero ahora necesitamos escuchar sobre un plan de crecimiento potente, que nos hable de inversión, empleo y empleabilidad. Hay que llamar a los empresarios y a los bancos a colaborar con una mayor inversión y a reinvertir en Chile los capitales que sacaron fuera; que el Ministerio de Obras Públicas sea un motor más intenso en el impulso de inversiones públicas y facilitar la activación de la construcción. Ahí está la iniciativa de comprar parte del stock de más de 113 mil viviendas nuevas sin vender.

¡Debemos buscar todas las formas de subir las expectativas futuras de crecimiento más allá del 2% anual! Ello es prioritario.

En seguridad se debe aumentar la “sensación térmica” de que lo que se está haciendo es significativo y dar más señales ejemplificadoras en el combate al crimen organizado (como el llamado al Cosena), ciertamente algo nada de fácil.

En migración es imperioso dar señales más firmes aún contra la migración ilegal y contra los migrantes que cometen delitos. Que no exista duda alguna en la voluntad del Gobierno.

Se requiere, entonces, avanzar con acuerdos amplios, concretos y puntuales y, al mismo tiempo, mayor gestión por resultados.

Ojalá se aprobara la reforma previsional con el 3 + 3; ahí habría una muestra de que el diálogo y la búsqueda activa de acuerdos hacen posibles logros significativos, pero hay que ir más allá y buscar todas las alternativas. Si esa reforma no se aprueba, se podría pensar en concordar una reforma tributaria que permita específicamente financiar el aumento de la PGU, la remuneración con salario mínimo de cuidadoras y cuidadores, la disminución drástica de las listas de espera en salud y la remuneración con salario mínimo de los conscriptos. Estos son solo algunos ejemplos de opciones posibles.