*Artículo escrito por Ana María Sanhuenza, periodista de El País Chile y publicado por el mismo medio.

Fue la primera hebra. En noviembre de 2014, cuando Juan Miguel Fuente-Alba (70) había dejado hace ocho meses de ser el jefe del Ejército chileno durante cuatro años (2010-2014), el fiscal José Morales (50) vio varias publicaciones por redes sociales en las que exmilitares daban cuenta de que el general en retiro tenía una vida ostentosa –con autos de lujo–, que señalaban que aquel estilo no era acorde al sueldo que había percibido durante su mandato, de 3.500.000 pesos chilenos mensuales (unos 3.800 dólares). Luego se sumaron cartas anónimas, algunas escritas a mano y otras en computador, con denuncias en el mismo sentido. Entonces el abogado, quien es parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, una de las más grandes de las cuatro regionales que hay en Santiago, decidió abrir de oficio, es decir motu proprio, una investigación en su contra por lavado de activos.

Para cuando resolvió indagar a Fuente-Alba, y luego a la esposa del uniformado Anita María Pinochet, José Morales –un fiscal con casi 24 años en el Ministerio Público– contaba en su currículum con dos largas indagatorias en las que había obtenido condenas por lavado de activos. Por ello, no llamó la atención que, por su experiencia, emprendiera esta nueva investigación que involucraba en una causa de corrupción el exjefe máximo del Ejército.

Morales, por ejemplo, en 2007 obtuvo una de las primeras sentencias en Chile por lavado de activos desde que rige la reforma procesal penal, un sistema de justicia que cambió gradualmente y que partió primero en dos regiones el año 2000 y rige desde 2005 en todo el país. Ese año el fiscal logró que el empresario Patricio Gálmez fuera sentenciado por ese delito al enviar droga desde Europa en un cargamento de bananas a través de la firma bananera Kristel Food. Y, en 2015, tras su investigación en el caso La Polar, uno de los mayores escándalos financieros chilenos protagonizado por tres altos ejecutivos de una multitienda que defraudaron a más de un millón de clientes –Pablo Alcalde, María Isabel Farah, y Julián Moreno–, la justicia los condenó, en un juicio abreviado, por infracciones a las leyes de bancos, al mercado de valores y también por lavado de activos.

Tras escuchar el fallo en el caso La Polar, en diciembre de 2015, la prensa chilena describía a Morales salir “sonriendo” del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, un contraste total con el rostro perplejo que el fiscal evidenció este lunes, cuando el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió en votación unánime a Fuente-Alba y su esposa por el delito de lavado de activos. Pero la resolución fue más allá, pues además criticó duramente el trabajo del abogado y de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) que trabajaron recopilando pruebas. Las tres juezas manifestaron en el veredicto tener “dudas razonables sobre la solidez de la imputación fiscal y respecto de la rigurosidad, seriedad y confiabilidad del análisis patrimonial en el que se basó el Ministerio Público para llevar adelante su acusación”.

Es una resolución que ha significado un duro golpe para Morales y el Ministerio Público. Pero que el fiscal pretende revertir pues ya ha anunciado que, cuando lea los argumentos en la sentencia –el lunes fue comunicado solamente el veredicto–, que serán entregados por el tribunal el 5 de agosto, pedirá anular el juicio.

El elegido por Boric

José Morales, abogado de la Universidad Central, entró al Ministerio Público en el año 2000 y es parte de la primera generación de fiscales del organismo, que se creó en 1998. Comenzó su carrera en Los Vilos, un municipio de la zona centro-norte chilena ubicado a unos 220 kilómetros de la capital de Chile. En 2001 protagonizó uno de los primeros juicios de la reforma procesal penal, cuando dos sujetos fueron condenados por los homicidios, uno calificado y el otro frustrado, de dos monjas que fueron atacadas en la Región de Coquimbo.

En la Fiscalía Metropolitana Centro Norte lleva más de una década en distintos cargos, tanto en delitos contra la propiedad como en la unidad de alta complejidad. Entre esas causas investigó en 2016 por estafas reiteradas en contra de 29 víctimas, por un perjuicio de 1.200 millones de pesos chilenos (aproximadamente 1,3 millones de dólares ) al ingeniero comercial y expanelista de televisión Rafael Garay. Fue condenado en 2017 a siete años de cárcel: cuando le revisaron sus cuentas solo le quedaban 1.250 pesos chilenos (poco más de un dólar).

Tras el estallido social que comenzó el 19 de octubre de 2019, Morales ha logrado de las pocas condenas por la quema de las estaciones de metro. En su caso, llevó a juicio a dos jóvenes por el incendio de la estación San Pablo: uno de ellos fue sentenciado a 10 años de cárcel y otro a dos, por daños.

En junio de 2022 obtuvo presidio perpetuo para el homicida de Tamara, una niña de cinco años que en febrero de 2021 fue asesinada de un disparo durante una encerrona, cuando dos hombres interaron robar el autómovil de sus padres.

Actualmente, el fiscal está en etapa de juicio por el incendio, también durante las protestas del estallido social, de la iglesia de Carabineros. Es una causa que llevaba en paralelo al caso de Fuente-Alba, que acaba de perder.

Morales ha postulado dos veces para ser fiscal nacional, en 2013 para reemplazar a Sabas Chauhuán y en 2022 para ocupar el cargo que dejó Jorge Abbott. En ambos concursos ha quedado como finalista en las quinas de candidatos que elabora la Corte Suprema, pero no ha logrado liderar el Ministerio Público.

En noviembre de 2022 estuvo muy cerca de convertirse en fiscal nacional, pues el presidente de izquierdas Gabriel Boric lo eligió como su candidato, pero su nombre fue rechazado en el Senado. Finalmente, fue nombrado en el cargo el abogado Ángel Valencia, cuando el Parlamento aceptó la tercera propuesta del mandatario.

Un nuevo juicio

José Morales investigó al general Fuente-Alba, quien fue representado por el penalista Miguel Chaves, por casi nueve años, mientras que el juicio oral se extendió por cerca de 300 días. Sin embargo, el fiscal no logró acreditar el delito reiterado de lavado de activos, que tiene como ilícito base la malversación de caudales públicos, arista que investiga la justicia militar.

La acusación en contra del excomandante se basaba en un posible desvío de fondos de 2.980 millones de pesos (cerca de 3,2 millones de dólares) que provenían de los gastos reservados del Ejército para la compra de propiedades, regalos, automóviles y viajes. E imputaba tanto al exuniformado como a su esposa haber realizado diversas acciones para ocultar el origen del dinero. Ambos arriesgaban una pena de entre 10 a 15 años de prisión, de acuerdo a lo pedido por el Ministerio Público.

Según ha dicho Chaves, el abogado del exuniformado y su esposa, “son 40 años de matrimonio” y “quedó absolutamente acreditado que en la labor de la Fiscalía y de las policías no se indagó para nada esta trayectoria patrimonial, tanto así que usaron un término que para este tipo de casos es sumamente importante: el contraste entre lo que había antes de y lo que ocurrió durante”.

Si bien Fuente-Alba ha sido liberado en esta arista que lidera la Fiscalía, el exjefe del Ejército se encuentra sometido a proceso por la justicia militar por malversación de fondos públicos por un monto aproximado de 3.500 millones (unos 3,7 millones de dólares), falsedad de documentación y uso de un automóvil y de un avión institucional fuera de su horario del trabajo mientras era comandante en jefe. Es una causa que primero investigó la jueza Romy Rutherford y que hoy está en manos de la ministra Ana María Osorio y cuyos peritos son los mismos que han sido cuestionados este martes por el tribunal que absolvió al general y su esposa. Ello implica un desafío mayor para Morales, si es que finalmente decide, en agosto próximo, cuando analice el fallo, pedir la nulidad del juicio.

“Existe falta de precisión y rigurosidad en la investigación. El análisis contable se debe hacer bajo el prisma de lavado de activos, lo que da cuenta que el enfoque estuvo centrado en una causa distinta, llevado en otra sede”, ha dicho el tribunal oral, en el veredicto publicitado el lunes, en referencia a la investigación de la justicia militar.

Morales, tras conocer el lunes el resultado adverso, respaldó la labor de los peritos de la Policía de Investigaciones, de quienes dijo que “son serios” y que han hecho por años “un trabajo completo”, tanto para la justicia militar como para la Fiscalía.

En 2019, Fuente-Alba estuvo en prisión preventiva durante seis meses en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, en el sector oriente de Santiago, por orden de la justicia militar. La causa se encuentra abierta.

*Artículo escrito por Mesa de noticias de El Mostrador.

En una intensa sesión, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados despacharon a la sala de la Cámara Baja el proyecto de ley que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las fuerzas de orden y las Fuerzas Armadas. En la instancia, los parlamentarios aprobaron una indicación que devuelve a la justicia militar los casos en que militares o policías incurran en un delito cumpliendo labores de orden público.

Dicha aprobación no estuvo exenta de polémicas, ya que en primer lugar, la indicación presentada por los diputados Andrés Jouannet (Amarillos por Chile), los RN Ximena Ossandón, Camila Flores, Andrés Longton y Diego Schalper, los gremialistas Jorge Alessandri y Henry Leal y la independiente Gloria Naveillan fue sometida a una votación sobre admisibilidad, la que fue superada por un estrecho 14 a favor y 12 en contra. Posteriormente fue aprobada por la misma cantidad de votos.

En concreto, el texto incorpora un artículo nuevo que modifica la competencia de los tribunales militares, que dice que “durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación a los actos electorales y plebiscitarios a que se refiere la Constitución Política de la República, los delitos imputados a militares en actos de servicio militar, en cumplimiento de sus labores o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenidos en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”.

Esta jornada el proyecto se verá en Sala, y se espera que esta moción sea parte importante de la discusión.

Gobierno: norma es inadmisible

Antes de la votación, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, dijo que dicha norma aprobada por estrecho margen era inadmisible debido a que escapaba de las “ideas matrices” del mensaje presidencial y anunció reserva de constitucionalidad por parte del Ejecutivo.

“Siempre el autor, el mocionante, o el Presidente de la República cuando presenta mensaje, son los que determinan cuáles son las ideas matrices de un proyecto de ley, y el sentido de las ideas matrices es muy relevante, ya que permite que no se aborden materias que no han sido objeto del debate parlamentario con la suficiente acuciosidad y con el tiempo necesario”, indicó.

“Por lo tanto, nosotros hacemos la reserva de constitucionalidad en la eventualidad de que esto tenga que ser resuelto por el órgano jurisdiccional correspondiente”, cerró.

En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que es necesario que cuando se decide una jurisdicción, “no hay que darle garantías a una parte, hay que darles garantías a todas las partes”.

“Si el Congreso empieza a decir ‘queremos que el tribunal tal vea esto, porque así le damos garantías a una parte’, estamos mal. Los tribunales tienen que aplicar la ley, y tienen que aplicarla respecto de acusados y acusadores, y tiene que darle garantías a ambos”, destacó.

Otras normas aprobadas

En la instancia, también aprobaron una moción -también presentada por el diputado Jouannet- sobre la distinción del armamento letal. El parlamentario apuntó a que Carabineros y las FF.AA. tengan la posibilidad de ocupar sus armas letales cuando sufren un ataque, a pesar  de que su armamento “es aquel que, empleado conforme a su diseño y destinación, tiene alta probabilidad de causar la muerte o lesiones graves”.

Paralelamente, las comisiones apoyaron una indicación de Andrés Longton (RN, que indica que “el uso de la fuerza potencialmente letal constituye una medida que procede sólo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en las etapas previas y justificada en caso de cumplimiento del deber, legítima defensa, cumplimiento de una orden judicial, con el objeto de detener a una persona que oponga resistencia a la autoridad, para impedir su fuga o para la protección de infraestructura crítica, cuando exista peligro grave de verse afectada”.

Otra moción respaldada fue una indicación presentada por Luis Sánchez (Republicanos) que define que el uso de la fuerza debe adecuarse a los grados de resistencia o agresión, a los que se enfrente el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Por otro lado, se rechazó el artículo 10, que hacía referencia a la implementación de reglamentos. El Ejecutivo lamentó el hecho, ya que, en voz de la ministra del Interior, Carolina Tohá, “de esta forma el proyecto solo quedaría como una norma genérica”.

Columna de opinión escrita por Carlos Monge, periodista y analista internacional, para El Mostrador.

Si se le pidiera a un alumno de pregrado de la carrera de Relaciones Internacionales una nómina simple de los atributos que un país debe poseer para tener un peso internacional relevante y sostener su autodeterminación en el complejo escenario internacional actual, de seguro destacaría, en primer lugar, sus capacidades tecnológicas, industriales y militares. Vale decir, un conjunto de elementos materiales que, al igual que su población, su espacio geográfico natural, sus riquezas evidentes y potenciales y su ubicación en el mapa mundial, constituyen la base de lo que se podría llamar su “poder duro” (o hardpower, en caso de que se prefiera usar el término en inglés).

Pero junto a estas variables, de carácter objetivo y que, en principio, se presentan como bastante consolidadas, el análisis y la revisión de los factores que otorgan importancia y jerarquía a un país dado en el concierto global de las naciones, requiere también de otras cualidades que exceden con mucho a aquellas relacionadas con su mera infraestructura productiva, de transporte y de comunicaciones. La cual, al fin de cuentas, es solo un soporte de recursos técnicos sobre los cuales descansan una serie de intangibles, de carácter más subjetivo, pero no por ello menos decisivos, como podrían ser, por ejemplo, sus fortalezas educativas, culturales y sanitarias, el grado de cohesión e integración solidaria de su sociedad bajo banderas y preceptos comunes.

Y, en lo que se refiere a valores estrictamente políticos e ideacionales, la fortaleza de su aparato estatal; la consistencia y coherencia histórica de su diplomacia; la “solidez de su sistema de alianzas y de cooperación internacional” y también, siguiendo conceptos expresados en un reciente artículo del especialista Ricardo Aronskind, “la capacidad de su elite dirigente para identificar objetivos estratégicos propios de largo plazo y sostenerlos a lo largo del tiempo hasta lograr las metas establecidas”.

Este recetario básico constituye una suerte de “jaula de hierro”, de la cual ningún voluntarismo permite escapar, por más esfuerzo que se ponga en la tarea. Y es, sin duda, un conjunto de premisas y de factores condicionantes que a Milei, al menos, parecen tener sin cuidado desde que asumió como presidente de Argentina, el 10 de diciembre de 2023. A partir de lo cual se ha empeñado en llevar adelante una política exterior altamente ideologizada, y por momentos hasta naif o ingenua, en la que el rasgo más determinante ha sido poner a sus preferencias personales por encima de las políticas del Estado y el interés nacional de su país. En efecto, como bien apunta Aronskind, Milei y sus colaboradores en el área externa, encabezados por su canciller, la economista y empresaria cordobesa Diana Mondino, parecen haber tenido acceso al listado de atributos que mencionamos en primer término como imprescindibles para ejercer una política externa independiente y autónoma, y lo emplean “como brújula para avanzar exactamente en la dirección opuesta: concentran todas sus energías en debilitar y degradar cada uno de los rubros de ese listado estratégico para que la nación sea libre y soberana”.

Dicho juicio podría aparecer, a ojos de algunos, como muy radical y descalificador, pero basta con remitirse a los hechos para observar cómo, en muy poco tiempo, Milei y su equipo han destruido algunos de los pilares básicos de la política exterior argentina, con un estilo avasallador y jacobino. En un estilo muy propio, por otra parte, de quien se ha atribuido a sí mismo la misión mesiánica de destruir a una “casta” corrupta que debe ser barrida del escenario público.

Repasemos algunos de los hitos de su agenda externa que han puesto de cabeza a los tradicionales principios del Palacio San Martín en este ámbito. Para empezar, alineó a Argentina, sin matices de ningún tipo y de manera absoluta, en la confrontación que actualmente puso de un lado a Israel (con el apoyo de EE.UU. y de la mayor parte de Europa Occidental) y del otro a Hamas, Hezbollah, Siria, Yemen e Irán, entre otros. Antes de ser electo presidente dijo que mudaría la embajada de su país desde Tel Aviv y Jerusalén, y lo confirmó en su visita a Israel, de febrero de este año, donde oró en el Muro de los Lamentos.

Es más: el 14 de abril pasado sumó al embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, a una reunión de gabinete de emergencia convocada luego de que Milei regresara imprevistamente de una visita al exterior, con EE.UU. como cabeza de serie, como consecuencia de una ofensiva con misiles y drones del régimen de Teherán contra territorio judío, en represalia ante un ataque aéreo que mató a varios jefes militares iraníes en el consulado de ese país en Damasco (Siria). Para Milei, quien dice haberse convertido a la religión hebraica, Israel representa los valores occidentales en lucha contra “el mal”, acorde con su visión escatológica de los asuntos mundiales, y no hay mucho más que hablar al respecto. En ese sentido, se ha alejado radicalmente de la postura tradicional de la Cancillería argentina que propiciaba la solución de dos Estados (uno israelí y otro palestino), como garantía final y sine qua non de paz para el convulsionado Medio Oriente.

“Occidentalización dogmática”

Pero esa no es, por cierto, la única expresión de una política exterior caracterizada por su adscripción a una “occidentalización dogmática”, concepto acuñado por el experto argentino Luciano Anzelini. Para muestra, algunos botones:

• A fines de marzo, los ministerios de Defensa de Argentina y Dinamarca informaron la suscripción de una carta de intención para la adquisición de 24 aviones de combate Lockheed Martin F-16 y su equipamiento de apoyo. “Estamos sentando las bases para la cooperación en el área de defensa entre Dinamarca, Estados Unidos y la Argentina. Seguimos fortaleciendo nuestras fuerzas y recuperando la capacidad supersónica que nos permita custodiar y defender nuestro espacio aéreo”, declaró el ministro de Defensa, Luis Petri.

Según Román Lejtman, del portal web Infobae, Milei se había contactado, antes de que se difundiera este acuerdo, con Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden, en Washington, y recibió en la Casa Rosada, como es público y notorio, a Antony Blinken, secretario de Estado del país del norte. Más aún, su jefe de gabinete, Nicolás Posse, se reunió dos veces con William Burns, actual jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en dos citas en las que el tema central “fue uno solo: China y su ofensiva en América Latina”. Allí, entonces, se gestó el sonoro portazo a una anterior oferta de Beijing de equipamiento militar en condiciones que parecían ventajosas para Argentina. “Sullivan, Blinken y Burns sabían –Lejtman dixit– que Xi Jinping ofrecía 34 aviones de guerra JF-17 a precio de ganga, y recomendaron que la operación de softpower chino sea rechazada para siempre. Milei aceptó la sugerencia de la Casa Blanca”.

• La compra de los F-16 estadounidenses que, según algunos rumores, habría sido descartada previamente por Colombia por considerar que los aparatos ya estaban obsoletos, no solo tiene ingredientes geopolíticos sino también prácticos que es pertinente analizar. El doctor en RR.II. Luciano Anzelini, en un artículo titulado “Milei y la compra de los F-16”, abunda en estos aspectos recordando que, cuando Argentina adquirió a EE.UU. un grupo de Skyhawk A4-AR en 1997, si bien la compra alcanzó a 35 aeronaves, solo dieciocho estaban en condiciones de ser operadas de manera inmediata. Y también hay dudas en relación con cuánto equipamiento moderno Estados Unidos estaría dispuesto a traspasar a estas nuevas plataformas de combate, considerando que el conflicto de Malvinas todavía está latente y lejos de ser superado, y Londres es un socio preferente de Washington. Anzelini recuerda que el planeamiento defensivo-militar se basa en lo que en jerga castrense se denomina “Mirilado”. Es decir, “no solo se contemplan los medios (M), sino también la infraestructura (I), los recursos humanos (R), la información (I), la logística (L), el adiestramiento (A), la doctrina (D) y la organización (O). Por ejemplo -añade-, y en lo que (se) refiere a la logística, cabría preguntarse por cuántos años los proveedores de Estados Unidos garantizarán el sostenimiento de los vetustos F-16; o si se repetirán los mismos inconvenientes que la Argentina tuvo con los A4-AR adquiridos en la década del 90”.

¿Un Menem 2.0?

A propósito de los años 90 viene al caso, asimismo, señalar que hay comparaciones que resultan incluso abusivas cuando se intenta hacer una analogía entre la política exterior de Carlos Menem y la de Javier Milei. Cierto es que al inicio de la década de 1990, y con el comienzo de una breve etapa de hegemonía cuasiunipolar de parte de EE.UU., al extinguirse la URSS, Menem decidió enviar naves a la guerra del Golfo (1990-1991) dentro del marco de lo que Guido Di Tella, su canciller, llamó las “relaciones carnales” con Washington, y que el propio riojano, más pudoroso, prefirió denominar un “giro copernicano” en la habitual política exterior argentina. Pero ese era otro mundo, muy distante al de hoy, en términos de distribución de poder y de transición hegemónica a escala global.

Carlos Escudé, asesor de Di Tella y académico connotado, quien fuera además creador de la noción de “realismo periférico”, partía de la base de que países del Sur Global, como Argentina, solo podían desarrollar una política exterior autónoma pagando altos costos –es decir, un trade off importante–, que en última instancia recaían sobre los hombros de la propia ciudadanía. Frente a eso, proponía entonces una política externa de carácter utilitarista y pragmática que, en ningún caso, puede confundirse con el alineamiento incondicional y absolutamente subordinado que propugna Milei, en relación con Estados Unidos.

Escudé definía a un país periférico como aquel que i) tiene algo que ofrecer; por ejemplo, recursos naturales que la gran potencia necesita; y ii) posee una situación geográfica estratégicamente significativa. Y a continuación, concluía, en El realismo de los Estados débiles, que “Argentina no cae en ninguna de las categorías de arriba. Su economía no es complementaria con la de los Estados Unidos, sino que por el contrario tiende a ser competitiva”. Además, “no posee suficientes recursos petrolíferos como para ser un exportador importante”. Ni tiene “el canal de Panamá, el cobre de Chile, el caucho de Brasil, ni el estaño de Bolivia. Geográficamente está en el fin del mundo”.

Mutatis mutandi, hoy la situación es completamente distinta. Está el “triángulo del litio” (Argentina, Chile y Bolivia) que concentra un alto porcentaje de reservas conocidas de ese mineral estratégico, y en suelo argentino se encuentra el yacimiento de Vaca Muerta, extraordinariamente abundante en recursos energéticos de gas y petróleo. Por si fuera poco, como destaca Anzelini en otro texto, “nuestra posición geográfica es más relevante que nunca, resultando el Estrecho de Magallanes un espacio estratégico tanto por su rol como vía navegable entre el océano Atlántico y el Pacífico como por constituir un punto privilegiado de acceso a la Antártida”.

Escudé, por otra parte, estaba muy lejos de asignarle a China un carácter “maligno” de por sí, como se le atribuye desde Washington, y prefería verla como una importante oportunidad de diversificación de los lazos exteriores argentinos a la que “debemos sacarle el máximo provecho”.

Así las cosas, el parecido de Milei con Menem solo queda reducido al largo de las patillas de ambos y el compartido enamoramiento (en tiempos muy diferentes, conviene subrayar) respecto al denominado “Consenso de Washington”, que configura, como se sabe, las Tablas de la Ley fundacionales del neoliberalismo. Milei, con todo, sigue empeñado en sellar su Santa Alianza con la Casa Blanca, guiado tal vez (al igual que el general Leopoldo Galtieri, en su momento) por la peregrina idea de que comportarse en forma dócil y aquiescente con EE.UU. podría permitirle destrabar el siempre complicado puzle de las Malvinas y convertirlo en dueño, por qué no, o al menos en el poseedor de las llaves que aseguren el tránsito fluido por el estrecho de Magallanes, en medio de la creciente pugnacidad geopolítica global.

Para ello, recibió con inusuales honores, casi de jefe de Estado, a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono, en la Casa Rosada, y luego viajó a Ushuaia para reunirse de nuevo con ella y anunciar, desde el extremo austral, la creación de una base naval conjunta con la nación norteamericana. Acto al que consideró el primer paso para la “recuperación por la vía diplomática” de las Islas Malvinas y Georgias del Sur.

Pruebas de amor

Se sellaba así un romance que acumula ya múltiples y variados episodios de acercamiento. A saber:

• El anuncio de una nueva doctrina de política exterior que pone el acento en una alianza estratégica con EE.UU e Israel, y les baja el perfil en todos los planos a la integración latinoamericana (excepto en lo que se refiere al comercio con Brasil, que para Argentina es de importancia crucial).
• La cancelación del acuerdo con China para la construcción de la central nuclear Atucha III.
• La admisión de la presencia del cuerpo de ingenieros del Ejército de EE.UU en la gestión de la Hidrovía Santa Fe-Buenos Aires, en el tramo argentino de una vía fluvial que conecta a cinco países.
• El cuestionamiento a la presencia china en la estación de observación satelital de Neuquén, donde ya se ha anunciado una “visita” de autoridades argentinas. “No una inspección”, según acotó un funcionario de gobierno, conocedor tal vez del hecho de que China es hoy el primer socio comercial de Argentina.
• La asociación con EE.UU. para llevar adelante la construcción de un polo logístico antártico en la isla grande de Tierra del Fuego.
• El haber recibido, sin la autorización previa del Congreso, al patrullero guardacostas estadounidense USCGC James (WMSL-754).
• Y último pero no menos importante: la adquisición por valor de 600 millones de dólares de 24 aviones cazabombarderos estadounidenses F-16, con algunas actualizaciones a nivel de equipamientos, en lugar de los aviones chinos JF-17 de última generación que ofrecía Beijing.

Tal vez estos gestos basten, en la óptica de Milei, para ganarse el aprecio definitivo de la hasta ahora primera superpotencia, y de ese modo ingresar a las “grandes ligas” del poder mundial, esperando quizás que un hipotético triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre facilite su “cruzada” redentora que tiene como fin reposicionar a Occidente en su lucha contra el eje Rusia-China-Irán.

“No queríamos dejar de aprovechar la ocasión para darle la bienvenida a la Argentina a la general Richardson (…) y expresar nuestro agradecimiento por su visita y por el apoyo que el Gobierno de EE.UU. ha demostrado a este nuevo Gobierno”, sostuvo Milei, al arribar a Ushuaia, el 5 de abril pasado. Calificando, a su vez, a la futura Base Naval Integrada como “un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”.

Y ya en el discurso oficial de recepción a Richardson fue aún más taxativo, al señalar que “tanto el pueblo norteamericano como el argentino tienen en común que cuando adoptaron las ideas de la libertad pudieron emprender las expansiones territoriales más importantes de su historia, a la altura de su ambición y vitalidad”.

Queda la duda pendiente, eso sí, con respecto a qué tipo de expansiones son aquellas en la que Milei hoy está pensando.

*Noticia escrita y publica por Emol/ El Mercurio.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, profundizó en el oficio que su cartera envió a Gendarmería, para que diera cuenta, de forma mensual, a jueces y fiscales, acerca del número de internos, capacidad y condiciones de las distintas cárceles del país.

Según detalló El Mercurio, la medida apunta a que todos los actores del Sistema de Justicia Penal tengan a la vista los datos, en el contexto de la sobrepoblación penal que hoy existe en el país. Según ha señalado Cordero, en los últimos 24 meses, el aumento ha sido de un 40%, mientras que el número de plazas (41.000) se mantiene igual hace una década.

El oficio generó revuelo, incluso algunas voces tildaron de «irresponsable» al ministro, mientras que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, ya ha comentado que los jueces deben resolver en Derecho, y si no hay cárceles, eso es competencia del Ejecutivo.

«Yo lo único que hice, es que esa información que es pública, se entregue permanentemente. No sé desde cuándo decir datos públicos y decir la verdad es un problema», se defendió esta mañana Cordero en conversación con Radio Universo.

En esa línea, precisó que todas las recomendaciones internacionales en materia de gestión penitenciaria «es que el sistema de justicia tenga pleno conocimiento de la capacidad del sistema penitenciario; no para inhibir la posición de los jueces ni de los fiscales, sino que, esencialmente, para que sepan cómo está operando el sistema penitenciario».

«Esto, porque a mayor sobrepoblación, la segregación por seguridad se hace difícil o derechamente imposible; pero desde el punto de vista de la gestión de seguridad, si un fiscal quiere tener segregado a una persona por un determinado tipo de delito, es de responsabilidad del sistema penitenciario que le informe su capacidad», dijo Cordero. Mismo caso si Gendarmería desea hacer un traslado y existe una cárcel sobrepoblada.

El ministro insistió en que «hay dos cosas que me sorprenden de esa reacción. O nos da vergüenza a mirarnos al espejo, o tenemos una culpa del porte de una catedral, porque lo único que he hecho yo, es emitir un oficio que diga ‘esto es lo último que ha pasado en los últimos 24 meses'».

Añadió en esa línea que el tema de la sobrepoblación es relevante, no sólo por un tema de derechos, sino también «por la gestión de la seguridad penitenciaria».

Respecto a los dichos del ministro Blanco, Cordero remarcó que «tiene razón, a los jueces les corresponde aplicar la ley, y ojo que también con los años, nosotros hemos ido aumentando penas, eliminando beneficios, y las leyes no se han hecho cargo del impacto penitenciario. Yo le encuentro la razón al ministro Blanco, pero es mi responsabilidad como ministro de Justicia, informarle al sistema institucional y a la comunidad en general».

*Artículo escrito por Mesa de Noticias de El Mostrador.

No fueron pocos los que se vieron sorprendidos en 2021 cuando Sergio Muñoz Yáñez, el ahora imputado director general de la PDI, fue designado como Director General de la Policía de Investigaciones, en medio de un turbulento panorama. Pocos días antes se habían destapado las acusaciones en contra del exdirector, Héctor Espinosa Valenzuela, quien terminaba su periodo acusado de una serie de delitos vinculados al uso de gastos reservados y para nadie era un misterio de que Muñoz era su delfín.

De hecho, “heredó” la relación privilegiada que Héctor Espinosa tenía con el entonces exministro del Interior, Andrés Chadwick, y con el abogado del ministerio del Interior y socio de Chadwick, Luis Hermosilla, a favor del cual Muñoz está ahora acusado de filtrar información sobre lavado de activos, como lo confirmó la fiscalía oriente. La vinculación delictual entre Muñoz y Hermosilla surgió de los peritajes realizados al celular del ex abogado de los poderosos en problemas, por lo cual se solicitó formalizarlo, lo que se efectuará el próximo martes 19, a las 9 horas.

Por cierto, Hermosilla asumió como abogado de Héctor Espinosa cuando este fue formalizado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento de uso público y lavado de activos.

Por todo ello, extrañó que el gobierno de Sebastián Piñera decidiera dejar en su cargo al entonces subdirector de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria.

No era ese, sin embargo, el único problema que muchos veían en Muñoz. Entre otros estaba el hecho de que la inteligencia policial dependía de él cuando se produjo (en enero de 2020) el fallido operativo que culminó con el homicidio del subinspector Luis Balcázar, en un frustrado allanamiento, sin que se previeran las consecuencias de dicho operativo, que además dejó a una decena de oficiales heridos.

Su paso por la dirección general de la PDI no ha sido tranquilo, pues ha tenido una tensa relación con el Presidente Boric, de quien se recuerda el gesto que tuvo cuando, tras su primera Cuenta Pública, no lo saludó al salir del Congreso, lo que contrastaba fuertemente con la actitud que tuvo con Yáñez, a quien saludó afectuosamente.

Fuentes policiales indican que, además de una falta de afinidad entre el director y el Presidente, uno de los puntos de quiebre fue la realización del funeral de un tío de Muñoz, un exoficial de la PDI que, al fallecer, fue objeto de unas exequias oficiales, en la Escuela de Investigaciones. El problema es que el fallecido estaba implicado en violaciones a los Derechos Humanos y esa información llegó a La Moneda, donde fue muy mal evaluada, lo mismo que opinan respecto del manejo que Muñoz ha tenido del caso de la oficial Valeria Vivanco, cuyos familiares han efectuado una serie de protestas públicas, incluso afuera del parque O’Higgins, durante la parada militar.

Muñoz ingresó en 1985 a la escuela de oficiales de la PDI y entre sus destinaciones estuvieron la Brigada de Investigaciones Criminales (Bicrim) de Providencia, la Brigada de Robos, la Brigada Antinarcóticos de Coyhaique y la Bicrim de San Fernando. Fue prefecto en Colchagua, Santiago, Antofagasta y Valparaíso, y en 2019 (bajo el mandato de Héctor Espinosa) quedó a cargo de una de las subdirecciones más delicadas de la PDI, la de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria y, de hecho, como también informó El Mostrador, su relación con quienes le sucedieron en dicho cargo no fue simple, pues en menos de cuatro años dos de los oficiales que fueron designados en dicho cargo renunciaron al mismo: José Ortiz y Luis Silva, quien (según Canal 13) decidió dejar la PDI debido a las desavenencias   que tenía con Muñoz.

*Columna de opinión escrita por Lidia Casas, Centro de Derechos Humanos UDP, para El Mostrador.

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Celebramos la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género contra las Mujeres, proyecto que tardó casi tres administraciones en ser aprobado desde su ingreso en el Congreso, bajo la segunda administración de la expresidenta Bachelet. La ley sin duda es un avance, pues perfecciona normas, entrega atribuciones y considera nuevas formas de violencia. Sin embargo, la eficacia de las leyes descansa en el despliegue de medidas de diversas instituciones, la política pública, que no será tarea solo del Gobierno de turno. Sin cambios en las formas de hacer y mantener la inercia de las instituciones, algunas cosas cambiarán para que todo siga igual.

La violencia cruza distintos espacios. La realizan también las instituciones públicas a través de sus funcionarios y de los mecanismos de funcionamiento del aparato del Estado, desprovisto de consideración de las particularidades y los contextos que viven miles de mujeres y niñas.

Se convierte en violencia institucional cuando profesionales de salud, declarándose objetores de conciencia, ni siquiera están dispuestos a atender a una paciente, a “tocarla siquiera”, porque ha ingresado al hospital para realizarse un aborto por un embarazo por violación. Es violencia que exista un afiche que declara que es objetora de una ley, como si cada ciudadano y ciudadana supiera los números de las leyes, soslayando expresar abiertamente que no atenderá a mujeres por una o cualquiera de las causales de ley. A la vez, es una forma de violencia institucional cuando no se informa con afiches en cada centro de salud, cada consultorio, clínica y hospital, que mujeres y niñas tienen derechos a interrumpir el embarazo bajo ciertas causales.

Esto ocurre en el 2024. Los profesionales tienen derechos a que se respete su conciencia, pero no en desmedro de derechos reconocidos. Es violento, discriminatorio, constituyendo incluso un trato cruel que una paciente deba esperar solo para que hagan su admisión. No es solo la responsabilidad de ese profesional que carece de humanidad –de falta a la ética y la ley– sino también de un sistema que le permite hacerlo sin consecuencias. De la misma manera, resulta una deuda que no haya capacitación a profesionales ni información pública a mujeres y niñas de 10, 11, 12 años; que incluso bajo la protección del Estado o los organismos colaboradores se les niegue la posibilidad de tomar una decisión porque nadie les dio la opción de decidir.

Vemos con interés los bríos para retomar la discusión sobre la reforma al Código Civil en lo que respecta al régimen de bienes de la sociedad, lo que, dicho sea de paso, es una obligación pendiente desde 2007 para dar cumplimiento al acuerdo amistoso en el caso Arce y otra vs. Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El problema han sido los votos por las resistencias culturales a mantener lógicas de jerarquías al interior de las familias, como el hombre jefe de hogar, administrador de los bienes sociales, incluyendo los bienes propios de las mujeres.

Se dirá que hay igualdad declarada constitucionalmente entre hombres y mujeres, pero mantenemos unas brechas entre el derecho y las prácticas. El Banco Estado de Chile pedirá un certificado de soltería a las mujeres, pues no le basta revisar la plataforma del Registro Civil para cerciorarse de que no hay matrimonio, todo ello para que podamos disponer de los fondos que hayan dejado nuestros familiares ya fallecidos.

Estos cambios no caen desde el cielo, han sido décadas de lucha de muchas, pues los cambios culturales en favor de las mujeres nunca han sido fáciles.

*Análisis escrito por El Mostrador.

Sustentada mayormente en una competencia electoral de trazo corto entre dos extremos políticos, la propuesta de nueva Constitución elaborada por el Consejo Constitucional no alcanza el perfil de marco institucional que pueda brindar estabilidad política y social de largo plazo al país. No hubo acuerdo en lo esencial entre las principales fuerzas políticas, por lo que carece de un consenso político transversal amplio que la vertebre y proyecte de manera institucionalmente ordenada hacia el futuro.

A pesar de que los expertos designados por los partidos políticos, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, sí consiguieron ponerse de acuerdo en lo básico, los consejeros constitucionales no pudieron hacerlo –o no quisieron–, imponiéndose en definitiva la mayoría de Republicanos con el apoyo de integrantes de Chile Vamos, quienes terminaron elaborando un proyecto de Carta Magna lleno de excesos ideológicos y programáticos, que difícilmente nos permitirá convivir, crecer y desarrollarnos como sociedad diversa y compleja.

Lo entregado por el Consejo Constitucional está demasiado lejos del compromiso de “una que nos una” o de “la casa de todos”, asumido por quienes lideraron el Rechazo a la anterior propuesta constitucional –también deficiente, pero de signo contrario–. Más bien, se trata de un texto partisano y populista, excesivo hasta en su extensión (sería una de las constituciones más extensas del mundo y con más de 60 normas transitorias), y más propio de un programa de gobierno de extrema derecha. Salvo en la regulación del sistema político, donde incorpora tibios avances o mejoras, en términos generales la propuesta no significa un progreso respecto del texto constitucional vigente, muy por el contrario.

Lo peor es que sube el quorum para hacer reformas constitucionales, desde el actual 4/7 de parlamentarios en ejercicio a 3/5 de ellos, lo que dificultaría realizar mejoras y adecuaciones al texto –o derechamente cambiarlo–, en el caso de ser aprobado.

Así las cosas, a estas alturas, todo indica que lo más razonable es rechazar (votar “En contra”) el proyecto constitucional propuesto, dándole consecuencialmente legitimidad democrática a la actual Constitución que nos rige, la que seguiría plenamente vigente.

Podría pasar legítimamente a denominarse “Constitución Consociativa de 1990”, o Constitución de 1980/2005 –por la macrorreforma que se le hizo ese año, en pleno Gobierno del Presidente Ricardo Lagos–, toda vez que su actual texto es el resultado del juego democrático de las fuerzas políticas durante más de 30 años, en los que se le han hecho decenas de reformas, con cientos de modificaciones puntuales, más o menos relevantes.

Esto sería darle coherencia y continuidad al proceso político e institucional de largo plazo que implicó la recuperación y fortalecimiento de la democracia, más allá del origen espurio de la actual Constitución (la que se vería “saneada” por decisión de la ciudadanía, en caso de ganar la opción “En contra”). Y otorgarle a la voluntad de cambio exhibida por la ciudadanía en todos estos años un valor cívico, cual es que no desea cualquier tipo de cambio, sino uno con racionalidad política de renovación democrática, sin innovaciones dramáticas o excluyentes.

Aunque parezca un contrasentido de legitimidad histórica, la Constitución de 1980/2005 que nos rige resulta más flexible, útil y conocida para todos. Además de una necesaria cuota de certidumbre, a fin de cuentas, del juego democrático de largo plazo de los últimos más de 30 años.

*Artículo escrito por Danilo Herrera para El Mostrador.

Se ha cerrado el capítulo del segundo proceso constitucional, o tercero si se considera el del segundo mandato de la Presidenta Bachelet. En diciembre del año pasado, todos los partidos políticos, excepto el Partido Republicano, firmaron el “Acuerdo por Chile”, dando inicio a un nuevo proceso. Este comenzó con la Comisión Experta, un órgano integrado por personas elegidas por el Congreso, que entregó un anteproyecto consensuado, abarcando desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Sin embargo, la situación cambió tras las elecciones del 7 de mayo, en las cuales Chile eligió a los consejeros constitucionales, mandatados para, basándose en el trabajo de los expertos, proponer una nueva constitución para el país.

La elección del Consejo Constitucional sorprendió a todos, otorgándole 22 escaños al Partido Republicano, que se oponía a cambiar la Constitución, dándoles así el liderazgo de este proceso constitucional. A esto se sumaron los 11 consejeros de Chile Vamos, logrando una mayoría de tres quintos y, por ende, la capacidad de aprobar las normas que deseaban, ya que los partidos oficialistas solo lograron 17 consejeros, quedando en minoría y sin poder de veto. Finalmente, normas relevantes como los derechos a huelga, pensiones, salud, educación y vida fueron redactadas por las derechas, sin el apoyo de las izquierdas. Este lunes se aprobó el texto constitucional que será sometido a plebiscito, repitiéndose un resultado ya habitual en estos meses: 33 votos a favor, de las derechas, y 17 en contra, de las izquierdas.

Fue en la jornada de la tarde de este lunes, durante el receso de almuerzo de la última sesión del Consejo Constitucional, cuando los consejeros constitucionales y los comisionados expertos de los partidos de gobierno instaron a votar por la opción “en contra”. “Algo tarde”, “hasta que ocurrió”, bromeaban consejeros de todo el espectro político al escuchar las palabras de Alejandro Köhler (PS): “Ante la disyuntiva de aprobar o rechazar este texto excluyente, nosotros, la izquierda y la centroizquierda, afirmamos con certeza y claridad que votaremos en contra de la propuesta presentada”. A estas declaraciones se sumaron otros representantes oficialistas del proceso constitucional: Paloma Zúñiga (RD) denunció que el texto constitucional “va en contra de los derechos de las mujeres”; Fernando Viveros (PC) criticó que se trataba de “una propuesta constitucional mezquina y mal elaborada, que no nivela el campo de juego”; Gabriel Osorio (PS) señaló que el texto aprobado “presenta graves problemas técnicos, que solo se traducirán en judicialización”; y finalmente, María Pardo (CS) instó a “no dejarse engañar por la publicidad engañosa ni por la letra chica”.

Por otro lado, en la derecha no solo hay optimismo respecto a la victoria de la opción “a favor”, sino también una fuerte defensa del texto que redactaron, argumentando que la “libertad de elegir” en temas de pensiones, salud y educación se traduce en una “Constitución ciudadana”, además de poner el énfasis en temas de interés para la población, como la migración irregular, la seguridad y el terrorismo.

María de los Ángeles López (REP) expresó que la “propuesta trae esperanza; Chile volverá a mirar al progreso con la frente en alto y desde el exterior volverán a poner los ojos en Chile. Esta Constitución es buena y está bien hecha”. Luis Silva, también del Partido Republicano, indicó que con el “voto a favor tengo la certeza de lo que ocurrirá; sé que se cierra un proceso y conozco las reglas con las que se gobernará Chile en adelante”.

Ivonne Mangelsdorff (RN), por su parte, citó a Margaret Thatcher para atacar al Partido Comunista: “Cuando un comunista habla, miente. Cuando calla, encubre. Cuando tiene poder, roba y persigue a los que piensan distinto a él. Cuando no tiene poder, destruye. Así han construido su historia”.

La posición oficialista, ya conocida por su opción “en contra”, tendrá que esperar las decisiones de sus órganos partidarios. Esta tarde, se realizará una “cuenta pública ciudadana” en un colegio del centro de Santiago, donde los consejeros constitucionales de izquierda y centroizquierda presentarán el texto constitucional aprobado durante la jornada de ayer, elaborado sin sus votos, que excluye sus ideas y las declara inconstitucionales.

Reacciones

Decepcionado, el consejero Edmundo Eluchans (UDI) aseguró que en Chile Vamos “pretendimos ser un punto de encuentro entre las izquierdas y Republicanos. Hoy, con un dejo de decepción, digo que no pudimos lograrlo, porque acuerdos en temas complejos donde tenemos posiciones distintas con todos, han sido pocos nuestros votos, no tuvieron fuerza para ser más influyentes”.

Gloria Hutt, consejera de Evópoli, planteó que estaba culminando “una etapa más de un proceso que en su origen puso en riesgo la democracia y que ha demostrado, a pesar de las dificultades, que el camino institucional es el más seguro para canalizar las inquietudes de la ciudadanía”. “Respeten la voluntad popular”, dijo la exministra en alusión al oficialismo.

Verónica Undurraga (PPD), presidenta de la Comisión Experta, expresó que su tristeza “hoy no me hace olvidar nuestros logros que plasmamos en el anteproyecto, esta vez no fue posible, tendremos que seguir trabajando para construir acuerdos verdaderos”, aunque declaró que “siempre estaré disponible con persistencia para mantener abiertos los caminos que nos permitan reencontrarnos”.

El único representante indígena Alihuen Antileo, consejero independiente, se manifestó en contra de la propuesta, calificándola de “excluyente” y afirmando que “tiene un sesgo revanchista”.

Lee aquí el texto aprobado por el Consejo Constitucional.

*Artículo escrito por Antonia Laborde para El País Chile.

La propuesta constitucional que los chilenos votarán A favor o En contra en un plebiscito el 17 de diciembre ya está prácticamente lista. El pleno del Consejo Constitucional, un órgano elegido por la ciudadanía compuesto por 50 miembros y dominado por los 33 consejeros de las derechas, ha aprobado este lunes el informe de la Comisión Mixta, la última instancia para destrabar los asuntos más polémicos, pero donde las derechas hicieron valer su mayoría y la izquierda no logró las modificaciones esperadas para moderar el texto. La votación de esta tarde ha sido de 32 votos a favor —un consejero de la oposición se ausentó— y 17 en contra, del oficialismo. El consejo debe votar el documento íntegro antes de entregárselo al presidente Gabriel Boric y a la ciudadanía, el 7 de noviembre.

“Por decisiones políticas que superaban la voluntad de algunos comisionados, el espíritu de acuerdos fue reemplazado por metas políticas ajenas al pacto constitucional”, ha lamentado Verónica Undurraga, de la centroizquierda oficialista y presidenta de la Comisión Experta, instancia conformada por 24 profesionales designados por los partidos políticos. “No logramos el propósito de ofrecerle al país una buena Constitución que permitiera reencontrarnos”, ha añadido. Los expertos redactaron un anteproyecto que logró un apoyo transversal, pero que en los últimos meses ha sufrido alteraciones significativas en el Consejo, impulsadas principalmente por el Partido Republicano, de la extrema derecha, y apoyadas por Chile Vamos, de la derecha tradicional.

“Nadie fue marginado de construir acuerdos”, ha defendido este lunes la presidenta del Consejo Constitucional, la republicana Beatriz Hevia, “pero hay que tener voluntad de querer ser parte de esos acuerdos y hay sectores que también se fueron excluyendo con la lógica del todo o nada. O me das lo que yo quiero o no me sumo a un acuerdo, y esa es una forma de autoexcluirse”, ha añadido.

Tras cuatro meses y medio de debates y votaciones en el pleno constitucional y en la Comisión Mixta, una de las grandes temáticas que aborda la propuesta es la consagración de un Estado social y democrático de derecho, una aspiración histórica de la centroizquierda y la izquierda, pero no quedó como quería el oficialismo. En la Constitución actual el modelo que está implícito es el del Estado subsidiario, que da un papel clave a los privados en la provisión de derechos sociales. En el artículo 1 de la propuesta, en el inciso tercero, se define a Chile como un Estado social y democrático de derecho “que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

La consagración del Estado social figura después dos incisos, que establecen que “la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia”, y que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”. Desde la izquierda, consideran que otros artículos que incluye la propuesta constitucional dejan “vacía” la definición de Estado social de derecho, como el que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado” o el que cada cotizante previsional “tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta [los fondos previsionales]. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”. Las críticas apuntan a que se impediría el rol solidario.

En materia educacional, la propuesta reconoce “el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos” y el que “las personas tienen el derecho de abrir y desarrollar establecimientos educacionales”. Quienes abogan por potenciar la educación pública, consideran que el texto no altera el sistema actual, donde la educación particular-subvencionada es cada vez más fuerte. También se garantiza el “financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados”.

En cuanto a la vivienda, la propuesta consagra el derecho “a la vivienda adecuada”, que no figura en la Constitución actual. Además, queda estipulado que el Estado “promoverá, a través de instituciones estatales y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad a la ley”. Uno de los temas polémicos en esta materia es la exención tributaria de la primera vivienda, una norma de gran apoyo popular, pero que beneficia solo a las personas de mayores ingresos. De manera infructuosa, la izquierda intentó eliminarlo.

Otra norma que el oficialismo quería cambiar y no lo consiguió es la que define que “la ley protege la vida de quien está por nacer” y el que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”. Los críticos plantean que estos artículos podrían colisionar con la ley de aborto tres causales que rige en Chile desde 2017 y que permite la interrupción del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación. La objeción de conciencia, que la derecha dura quería consagrar institucionalmente, finalmente quedó estipulada así: “El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión comprende, además, la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley”.

Sobre el principio de paridad, las derechas cedieron al reemplazar que la ley “promueva” al acceso por el “asegurar” “el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional”. También se incluye una norma transitoria —que en principio había sido rechazada— para que en las próximas dos elecciones parlamentarias ningún sexo supere la proporción 60%-40%.

La polémica enmienda sobre la expulsión de migrantes que ingresen por pasos no habilitados “en el menor tiempo posible” quedó en la propuesta constitucional. “La ley establecerá los procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan sido condenados a presidio efectivo por crímenes o simples delitos cometidos en el territorio nacional y que hayan cumplido la pena en Chile”. Además, se “procurará” que los extranjeros cumplan su pena en su país de origen. La izquierda estaba en contra de esta norma, pero sí se votó por unanimidad el incluir que todos estos procedimientos deberán efectuarse “con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile”.

El Consejo también modificó el sistema político. El Servicio Electoral de Chile deberá realizar un redistritaje con un tope máximo de 138 diputados; 17 escaños menos. Los partidos políticos deberán conseguir al menos el 5% de los votos a nivel nacional para acceder a la repartición de escaños en una elección parlamentaria, una norma que cuenta con una serie de excepciones y que se aplicaría gradualmente. También establece que los parlamentarios que renuncien a su partido perderán su escaño en el Congreso, una norma impulsada contra la fragmentación política que hoy existe en el Congreso chileno. Las derechas aprobaron que alcaldes y concejales puedan ser “reelegidos sucesivamente en sus cargos hasta por dos veces en cada comuna”.

Cuando faltan ocho semanas para que los chilenos acudan a las urnas a votar por el segundo intento para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, pero que ha sido reformada más de sesenta veces desde 1989, los sondeos de opinión pública revelan que la mayoría pretende rechazarla. La última encuesta semanal de Cadem, publicada este domingo, señala que el 54% pretende votar en contra, un 31% a favor y un 15% todavía no lo sabe.

Artículo escrito por Antonia Laborde para El País Chile.

Este lunes comienza a votar las observaciones. El proceso constitucional chileno entra este lunes en una fase clave. El Consejo Constitucional, un órgano elegido por la ciudadanía compuesto por 50 miembros y dominado por los 33 consejeros de las derechas, recibirá un informe con todas las observaciones realizadas por la Comisión de Expertos designados por los partidos, en un proceso donde los especialistas no lograron acercar posiciones. Los consejeros votarán a partir de este lunes una a una las observaciones y, de no llegar a consensos, pasarán a una Comisión Mixta, compuesta por expertos y consejeros. De acuerdo al republicano Luis Silva, de la extrema derecha, podría haber un texto definitivo de propuesta de nueva Constitución a fines de esta semana, según dijo este domingo en el programa Mesa Central de canal 13.

En la etapa anterior, la del debate de los 24 expertos, no se llegaron a acuerdos en asuntos sustanciales. Lo explicó la especialista Alejandra Krauss, de la centroizquierda: “Leyendo normas que pasan al Consejo para la revisión y las que ya son parte del texto que se plebiscitará [en diciembre]. Se corrigieron errores técnicos, se suprimieron normas que jamás debieron estar. Pero en derechos como educación, salud, pensiones, negociación colectiva y huelga hay retrocesos”, escribió la democristiana.

Hasta ahora, las derechas han hecho valer su contundente mayoría en el Consejo y la propuesta tiene un sello conservador que no solo ha alertado a la izquierda, sino también a líderes del centro político. En la etapa que se inicia los consejeros deberán votar cada una de las indicaciones realizadas por los expertos, entre las que figuran varias que podrían moderar el borrador. Los 22 representantes del Partido Republicano, de la derecha dura, sin embargo, cuentan con poder de veto. El escenario juega en contra del oficialismo.

La cronología del debate

Este segundo proceso constitucional chileno comenzó con el trabajo de los 24 integrantes de la Comisión de Expertos –de todo el espectro político–, un órgano nombrado por el Congreso chileno. Este grupo elaboró un anteproyecto constitucional moderado que logró un apoyo transversal. El 7 de junio, le entregaron el documento al Consejo Constitucional dominado por las derechas, donde se aprobaron modificaciones profundas. Incluyeron normas polémicas como “el derecho a la vida de quien está por nacer”, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados, la objeción de conciencia institucional y la exención tributaria de la primera vivienda (que beneficia a los de mayores ingresos, aunque se trata de una norma de gran apoyo popular). La semana pasada los expertos recibieron ese texto y votaron más de 600 modificaciones para entregárselas en un informe este lunes a los consejeros.

El núcleo de los expertos pretendía lograr nuevamente un acuerdo político transversal, como en la primera etapa, pero fracasaron en su intento. Cada observación debía ser aprobada por 14 de los 24 integrantes. Si se no lograba el número, quedaba la enmienda que les había llegado a sus manos. La derecha tradicional, la coalición de Chile Vamos, jugó un papel esencial. En algunos casos, hubo descolgados que se sumaron a la izquierda y, por ejemplo, dieron sus votos para eliminar la exención tributaria de la primera vivienda y la objeción de conciencia institucional, que sacaron del texto (aunque en esta nueva fase puede volver a incluirse).

En los casos en que los expertos no llegaron a consenso hay algunos que sacan ronchas en la izquierda. Uno de los principales es la norma de que “la ley protege la vida de quien está por nacer” y el que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”. El oficialismo plantea que estos artículos podrían colisionar con la ley de aborto tres causales que rige en Chile desde 2017 y que permite la interrupción del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación.

Como apuntaba Krauss, luego del debate de los expertos se mantuvieron normas respecto de derechos sociales que son rechazadas por los sectores de izquierda y centroizquierda. Quedó el artículo que reza, por ejemplo, que las cotizaciones obligatorias de salud deben ser administradas siempre por una entidad pública y otra privada, lo que podría bloquear que el Estado pueda administrarlas en su totalidad y respaldar el sistema actual de la industria de las isapres, las aseguradoras de salud privadas. Algo similar ocurrió con las pensiones, donde se mantiene la protección de la propiedad de los fondos y la libertad de elección vinculada a la administración de estos recursos por entidades privadas como públicas.

En las observaciones, el Estado social, una aspiración histórica de la centroizquierda chilena, fue devuelto al artículo primero de la propuesta, en el inciso tres —el Consejo Constitucional lo había dejado en el segundo— pero, aún así, no quedó en el lugar que ocupó en el anteproyecto de la Comisión Experta: inciso dos.

Gabriel Osorio, experto socialista, escribió: “Espero que en la etapa que viene, se pueda arreglar este entuerto y no se siga apostando por un plebiscito adversarial, que tanto daño ha hecho a Chile y que solo busca una ventaja sectorial y de corto plazo”.

La derecha está a favor

Lo rechazado en la Comisión de Expertos ya no tiene vuelta atrás. Lo aprobado, sin embargo, entra esta semana en una fase determinante. El pleno del Consejo deberá aprobar (30 de 50 votos) o rechazar (33 de 50) sus observaciones. En esta instancia está en juego el grueso de la propuesta constitucional y los temas claves para los republicanos, que tienen poder de veto. Si se reúnen los votos necesarios a favor, pasa al texto final. Si no, deriva a la Comisión Mixta, integrada por 12 integrantes, seis expertos y seis consejeros. Previsiblemente, estará conformada por cinco integrantes de izquierda y siete de derecha, proporcional a la configuración del Consejo. Los nombres se definirán este lunes. La Comisión Mixta es, básicamente, la gran instancia de los acuerdos finales.

Mientras, los principales líderes de la derecha han comenzado a dar vueltas las cartas para llamar a apoyar el nuevo texto en el plebiscito del 17 de diciembre, cuando la ciudadanía deberá decir si está En Contra o A Favor de la propuesta. Este fin de semana fue el turno del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que en El Mercurio dijo que “un eventual rechazo nos deja en una situación muy negativa de inestabilidad e incertidumbre”. Desde el ala liberal de la derecha, el excandidato presidencial Sebastián Sichel, dijo en La Tercera: “Voy a votar A favor, a pesar de José Antonio Kast, porque sé que el texto final no es el que quería ni el que le gustaría”.

El oficialismo de Gabriel Boric sigue firme en su postura de no dar vuelta sus cartas ante el referéndum, pero resulta evidente que, tal y como está, el Gobierno no quiere el texto que se trabaja.

De acuerdo a la encuesta Plaza Pública Cadem, de este domingo, un 28% dice que votará a favor en diciembre y 53% que rechazará, sin cambios respecto a la medición de la semana anterior.