*Columna de opinión escrita por Daniel Matamala, periodista, para La Tercera.

Es que el Rey Sol creía gobernar por derecho divino. Su poder venía directamente de Dios y, por lo tanto, no estaba limitado por la deliberación humana.

En contraste, la República cree que el único soberano es el pueblo, y quienes ejercen el poder no son más que delegados, investidos temporalmente con poderes limitados para el servicio de ese pueblo.

Pero, a 235 años de la revolución que inició el reemplazo de los monarcas absolutos por las repúblicas (y que le costó la cabeza al nieto del bisnieto de Luis XIV), esa concepción minimalista del poder político es desafiada por una generación de caudillos populistas que, a coro con el Rey Sol, proclama que el Estado son ellos, y nadie más que ellos.

Un ejemplo paradigmático lo tenemos al otro lado de la cordillera, con Javier Milei.

Milei se proclama como el líder de “las fuerzas del cielo”, y portador de una misión divina. El culto a sí mismo de este aspirante a Rey Sol sudamericano es impactante. Una nota de la revista Time se asombra de que, en un solo día, “Milei le dio me gusta o retuiteó 336 publicaciones, muchas de ellas delirantes elogios hacia sí mismo en mayúsculas”. Mientras más extáticas sean las loas a su persona, con mayor fervor son replicadas por él y por un aparato de propaganda gubernamental dedicado al culto a su personalidad.

La barrera entre los intereses del Estado y los del líder, entre la República y el caudillo, han desaparecido.

Mientras Argentina sufre una de las peores crisis económicas y sociales de su historia, Milei está dedicado a viajar por el mundo en el avión presidencial (el mismo que prometió vender), en una agenda que obedece a sus deseos personales.

En menos de medio año en el cargo, ya ha hecho seis giras internacionales centradas, no en cumbres con jefes de Estado, sino en mítines partidistas, reuniones con dirigentes políticos afines, y recepción de premios de escaso prestigio.

Milei también ha convertido su fervor personal por el judaísmo en la guía de la política internacional de Argentina, arrinconando a su país en materia diplomática.

Contra prácticamente toda la comunidad democrática mundial, expresa su “apoyo irrestricto” a la masacre de Gaza. Cuando estallaron hostilidades entre Irán e Israel, llegó al extremo de incluir en una reunión de gabinete, como si fuera un ministro más, al embajador israelí en Buenos Aires. También anunció el traslado de la embajada argentina, de Tel Aviv a Jerusalén, algo que solo han hecho Honduras, Guatemala, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Estados Unidos.

¿Qué interés nacional defiende Milei con esta “política de sumisión total a cambio de nada”, como la define el historiador Leandro Morgenfeld? Ninguno.

Es que cuando el Estado es un individuo, la geopolítica es suplantada por la egopolítica.

Ahora viajó a España, a una reunión de políticos de ultraderecha. En ella, envalentonado por los vítores del público ultra, trató a la esposa del Presidente del gobierno español de “corrupta”, y luego escaló el feudo republicando comentarios hacia Pedro Sánchez como “comunista, corrupto, dictador e hipócrita”. Cuando Sánchez ordenó el retiro de la embajadora de España en Buenos Aires, Milei tildó a su colega de “cobarde”.

El gobierno argentino había comunicado a España que Milei viajaba en una “visita privada”, aunque intentó rectificar cuando se cuestionó que esa visita privada fuera pagada con fondos públicos. Y ya ha anunciado que volverá a España en cuatro semanas, otra vez en un viaje que nada tiene que ver con las necesidades de su país: irá a recibir un premio de un think tank derechista.

Para el historiador Loris Zanatta, la agenda personal de Milei termina por “destruir de noche lo que la cancillería construye de día con enorme esfuerzo. Destruirlo con furia y placer, saña y sadismo”.

Es que el Presidente ya ha provocado conflictos diplomáticos con Colombia, Brasil y México, debido a sus ataques contra los líderes de esos países. No hay razones de Estado tras esas diatribas; es solo el encono ideológico de Milei contra quienes piensan distinto a él, y su compulsión por complacer a los extremistas en redes sociales. “Milei”, dice el perfil de Time, “ve el mundo a través del lente de los memes de derecha”.

De vuelta en Buenos Aires, la escalada ególatra aumentó. Lideró un homenaje a sí mismo en el Luna Park, para el lanzamiento de un libro que, tal como sus publicaciones anteriores, está plagado de descarados plagios a otros autores.

En este caso, copió textualmente párrafos completos de libros de dos economistas chilenos, y, en una suprema ironía, plagió un trabajo de Conicet, el prestigioso ente científico que ha prometido cerrar, tachando a sus trabajadores de “parásitos”.

El lanzamiento del libro plagiado terminó con un show “musical” en que Milei se celebró a sí mismo como un rockstar de pacotilla: “Soy el rey, te destrozaré”, cantó sobre una canción de La Renga, que la banda por años le ha pedido que deje de usar con fines políticos. Plagio sobre plagio: su suma devoción por la propiedad privada no alcanza a la propiedad intelectual, que viola ya como una costumbre.

Es llamativo que los peores dardos e insultos de Milei suelan dirigirse a quienes han logrado lo que él siempre soñó pero no pudo ser: un académico de prestigio, un científico serio, un músico reconocido.

“Soy el mayor exponente de la libertad en el mundo”, se autoelogia Milei, para quien sus críticos son “liliputienses que no están acostumbrados a ver a una persona que es uno de los dos líderes más importantes del mundo”.

Milei no es el primer caudillo que borra los límites entre su persona y el Estado, y olvida las fronteras entre su ego y los intereses de su Patria. Con más o menos talento, Chávez, Trump, Bucaram, AMLO, Cristina K y otros han transitado caminos similares.

Pero el autoproclamado “León”, con su extremado culto a la personalidad, y con el uso de las relaciones internacionales como mero instrumento de vendettas personales, está llevando esta egopolítica a un nuevo extremo.

A uno en que el Estado se convierte en un simple juguete para satisfacer las pulsiones de un sujeto.

Pero en estos días el verdadero “hombre enfermo” de occidente está en América.

Es Venezuela.

El colapso económico y social provocado por la dictadura de Nicolás Maduro es considerado por expertos como el peor derrumbe en décadas de un país que no esté viviendo una guerra. El desempleo, la hiperinflación, la violencia, la represión política y la miseria han llevado a cerca de ocho millones de venezolanos a emprender un éxodo que organismos internacionales califican como el más grande en la historia del continente.

Es una crisis que afecta a toda América. La migración de millones de personas en tan breve tiempo tiene un efecto desestabilizador sobre cualquier sociedad, y así está ocurriendo en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Ha pasado una década desde que la huida comenzó a cobrar características de éxodo. Pero aún los países de América son incapaces de abordar el problema en conjunto. Donde necesitamos políticas racionales y coordinación internacional, tenemos dirigencias que usan el tema venezolano como un arma arrojadiza en la guerrilla partidista interna.

En nuestro país, la campaña de 2017 vio el nacimiento del concepto “Chilezuela”, acuñado por partidarios de Sebastián Piñera para descalificar a sus adversarios.

Luego, Piñera usó la diáspora para posicionarse como líder internacional contra Maduro. Anunció que “vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad”. En su cuenta pública ante el Congreso, anunció a los venezolanos que “Chile es y seguirá siendo el asilo contra la opresión”.

El exembajador en Caracas, Pedro Ramírez, advertía que “cerca de 450 mil venezolanos están solicitando antecedentes para poder trasladarse a Chile”. La oposición a Maduro decía que “Chile es uno de los países donde la mayoría de los venezolanos están tratando de llegar”.

Lo prudente habría sido bajar la retórica. Pero, incluso en 2019, la vocera Cecilia Pérez declaraba que se les seguiría recibiendo “hasta que el país lo resista”.

Luego, el Presidente Piñera fue convencido de que sería protagonista del derrumbe del régimen. Fue a Cúcuta, esperando que una multitud atravesara la frontera, con la complicidad de los militares venezolanos, y Maduro cayera ese mismo día.

Mejor aconsejados, presidentes frontalmente opuestos a Maduro, como Bolsonaro, Macri y Vizcarra, se restaron; lo mismo hizo el vicepresidente de Estados Unidos. Piñera se quedó solo junto al Presidente de Colombia, como la cara internacional del fiasco.

La página negra de Cúcuta es una lección sobre lo que ocurre cuando se actúa con voluntarismo, sin escuchar a los expertos en diplomacia, en una crisis de esta magnitud.

La oposición de entonces, hoy oficialismo, también ha sido parte del problema. Por años, tuvo una actitud ambigua ante el régimen venezolano, que oscilaba entre la admiración por su proyecto y el negacionismo frente a su carácter dictatorial.

Ya en el gobierno, tampoco ha sido capaz de definir una política de Estado. Más bien ha dado palos de ciego, al parecer condicionado por la consideración que el Partido Comunista sigue teniendo por el régimen de Maduro, al que la línea oficial del PC se resiste a calificar de dictadura.

Entre el oportunismo y la imprevisión, la crisis del hombre enfermo de América golpea fuerte a Chile: problemas sociales por la migración masiva, penetración de bandas criminales importadas y, ahora, la tesis de Fiscalía sobre un “móvil político” que se “originó en Venezuela”, como línea de investigación en el asesinato del exmilitar disidente Ronald Ojeda.

Si se confirma el involucramiento del régimen de Maduro en un crimen cometido en Chile, sería un hecho de la máxima gravedad. Lamentablemente, las reacciones políticas siguen aportando mucho ruido y poca estrategia.

Aquí cabe recordar otro episodio: el reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela. En teoría sonaba bien: Maduro es un dictador, y había que apoyar a las fuerzas democráticas que se le oponían.

Pero en la práctica fue un desastre: para su gestión del día a día, los gobiernos deben relacionarse con quienes realmente controlan sus países, no con autoridades simbólicas. La aventura de Guaidó terminó con la disidencia fracturada y con un Maduro más fortalecido que nunca.

Hoy pasa algo similar. Compitiendo por quién da la cuña más indignada, los políticos exigen cerrar las fronteras y romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Al mismo tiempo, exigen la extradición de los dos sospechosos del crimen (que debe conceder el país con el que quieren romper relaciones), expulsar a los migrantes irregulares (que deben ser recibidos por ese mismo país), y denunciar el caso Ojeda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (instancia de la que los mismos políticos exigían que Chile se retirara).

Es la diferencia entre competir por quien grita más fuerte, y tomar decisiones en el áspero mundo de la realpolitik internacional.

Chile debe usar todas sus herramientas diplomáticas, económicas y políticas de presión. Para eso, lo primero es recuperar nuestra tradición de unidad interna en temas de Estado. No más trincheras ni frases para la galería. Tal como ocurrió en las demandas de La Haya o la guerra de Irak, corresponde que el Presidente convoque a todas las fuerzas políticas, y las involucre en una estrategia de Estado en este asunto.

Y como somos un país pequeño, dependemos de la coordinación con otras naciones, y con los tan vilipendiados organismos internacionales, para acumular poder y presionar de manera efectiva a una dictadura que sólo responde al lenguaje de la fuerza.

Son pasos ineludibles ante la descomposición de un régimen que amenaza con enfermar a todo un continente.

*Columna de opiníon escrita por Daniel Matamala, Periodista, para La Tercera.

La madrugada del 21 de febrero, el exmilitar venezolano Ronald Ojeda fue secuestrado desde el departamento en que vivía. Ojeda era un opositor a la dictadura de Nicolás Maduro, que lo había arrestado bajo acusación de “terrorismo”. Escapó en 2017, y recibió el estatus de refugiado en Chile.

Hasta ahí los hechos. Eso es todo lo que se supo de ese caso durante nueve días.

Durante ese intervalo, la incertidumbre fue llenada por un festival de especulaciones. Los políticos se dedicaron a jugar a los detectives, intentando sacar provecho proselitista de una investigación de vida o muerte.

Hablando desde Miami, el dirigente opositor venezolano Iván Simonovis se paseó por los medios dando el caso por resuelto, con nombres y apellidos. “En una incursión ilegal Alexander Granko (de la Guardia Nacional Bolivariana) planifica el secuestro de un oficial venezolano en Chile. La madrugada de hoy funcionarios del DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) se hicieron pasar por funcionarios de inmigración de Chile y secuestraron” a Ojeda, quien “ya estaría en Venezuela”, aseveró apenas conocido el secuestro.

Es el mismo Simonovis quien aseguró que el estallido social fue “planificado desde Venezuela” como parte de un “agresivo plan de la izquierda socialista para la destrucción masiva de la democracia en América Latina”.

Políticos adoptaron esa tesis interesada y sin un gramo de evidencia como si fuera cierta. El diputado RN Frank Sauerbaum investigó y juzgó: “es una operación de inteligencia de un país vecino para hacerlo desaparecer”, sin vínculos con el crimen organizado. Se desató lo que Ex-Ante bautizó como una “tormenta política” contra La Moneda, para “hacer valer responsabilidades políticas” en el gobierno, “en el entendido de que Maduro está detrás de la operación”.

Para ello, acusaron a la ministra Tohá de “secretismo”, después que la Fiscalía decretara la reserva de la investigación, un procedimiento habitual en un secuestro.

El presidente de Amarillos y de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Andrés Jouannet, acusó que “el gobierno sabe mucho más de lo que dice”. (Obvio, ¿o acaso el gobierno debería decir públicamente lo que sabe sobre una investigación reservada?) Este silencio, concluyó, “abre la caja de pandora”, para que “todo el mundo empiece a especular”. Tras ello, Jouannet se dedicó a especular: “estamos infiltrados por grupos chavistas que están operando libremente en Chile”, aseguró.

Su colega UDI Henry Leal, también de la Comisión de Seguridad, agregó que “nosotros no le creemos al gobierno que no sepa nada. Aquí debe haber información que están ocultando y necesitamos que salga a la luz pública”.

Un breve flashback: en noviembre pasado, la ministra Tohá dijo que “se pagó un rescate” en un secuestro. Entonces, el mismo Leal la acusó de “imprudencia temeraria” y de “poner en riesgo la seguridad de todos los chilenos” por sacar a la luz pública esa información.

Pero ahora, los diputados exigieron a la ministra entregar los antecedentes en una sesión “secreta”. Otro breve flashback: en junio pasado, el gobierno habló “en confianza” con los parlamentarios sobre un tema de seguridad: los ataques en la Macrozona Sur. Uno de ellos, Miguel Mellado, grabó en secreto los dichos del Presidente Boric, filtró públicamente el audio, luego condenó la filtración y, tras ser pillado, declaró que “no sentía vergüenza” por lo hecho. Y ahí sigue, tan campante.

Los políticos también se colgaron de la versión de un medio opositor venezolano que, sin evidencia alguna, denunció que “Chile dio luz verde” para que el régimen de Maduro ejecutara el secuestro. Cuestionaron entonces el acuerdo firmado por el subsecretario Monsalve en enero, tras las fallidas expulsiones de venezolanos a ese país.

Las mismas gestiones que habían sido exigidas y aplaudidas por la oposición (“tenemos que estar todos detrás de Monsalve en esto”, decía el diputado UDI Jorge Alessandri al anunciarse el viaje a Venezuela), se convertían ahora en la trama de una oscura maquinación.

Y ya que se trata de hablar sin saber, el oficialismo también lanzó su teoría al voleo. El presidente del PC, Lautaro Carmona, se preguntó “si no hay aquí un montaje, una intromisión de aparatos de más al norte de Venezuela, particularmente de la CIA”. ¿Evidencia? Ninguna.

Este viernes, tras seguir pistas ligadas a otros casos de crimen organizado, la PDI encontró el cuerpo de Ojeda, detuvo a un venezolano de 17 años, e identificó a otros dos sujetos como autores del crimen.

La Tercera informó que las diligencias “debilitan la tesis de un móvil político. Los hechos apuntan a que detrás del rapto estaría un grupo vinculado al crimen organizado, presumiblemente del denominado Tren de Aragua”. El Mercurio reconoció que “el móvil del delito se alejaría de la tesis de una intervención de agentes de inteligencia del régimen de Maduro”.

En resumen: mientras los políticos especulaban con fantasías interesadas, la Fiscalía y la PDI seguían pistas reales sobre el crimen organizado.

El hallazgo dio vuelta la tortilla. Ahora el oficialismo se envalentonó. La primera reacción del presidente Boric tras confirmarse el asesinato no fue condenar el crimen ni solidarizar con la familia de la víctima, sino… con el Partido Comunista.

Pero, de nuevo, cautela. El caso no está resuelto aún. Falta detener a los demás responsables, saber quién encargó el crimen, y establecer si hay alguna motivación política tras él.

Mientras los profesionales investigan, a los políticos les corresponde hacer su pega: despachar una Ley de Inteligencia que lleva seis años en trámite, crear el Ministerio de Seguridad y aprobar las aún pendientes reglas del uso de la fuerza.

También fortalecer la vigilancia sobre el dinero del crimen organizado. ¿Por qué tanta reticencia a abrir sus cuentas corrientes, “honorables”? ¿Por qué tantas trabas a que Impuestos Internos pueda pesquisar dineros?

En cuanto a la investigación de los crímenes, nuestros Hércules Poirot del Congreso, nuestros Sherlock Holmes de la política, nuestros 007 del hemiciclo, nos podrían hacer el gran favor de quedarse callados.

Porque la investigación de un crimen atroz es un tema demasiado serio para andar jugando a los detectives.

*Columna de opinión escrita por Daniel Matamala, periodista, para La Tercera.

Todos ellos fueron, en su momento, rivales de Piñera. Frei lo enfrentó en las elecciones senatoriales por Santiago Oriente en 1989, aún en dictadura. Bachelet, en la elección presidencial de 2005, tras la cual se dio una curiosa sucesión en la entrega de la banda presidencial: Bachelet a Piñera en 2010, Piñera a Bachelet en 2014, y Bachelet a Piñera en 2018. Quien interrumpió esa cadencia fue Boric, férreo opositor de Piñera en sus dos mandatos. Fueron, en resumen, adversarios. Rivales. Pero no enemigos.

Desde que se conoció la tragedia, la tarde de este martes, hasta que se dio la última despedida, este viernes, Chile se reencontró con una de nuestras grandes fortalezas. Con un sentido de humanidad y de continuidad que hace que nuestra República, pese a todas sus grietas y tensiones, sea aún capaz de seguir adelante.

El sentido de humanidad apareció el mismo martes. Una vida se había perdido trágicamente, una familia y un círculo de amigos lloraban una pérdida, y el pésame fue generalizado. Todas las figuras políticas relevantes tuvieron una sola voz para extender las condolencias a quienes sufrían.

Puede parecer obvio, pero no lo es. Hay momentos en la historia de los países en que la refriega es tan dura, que hasta ese básico sentimiento humano pareciera desaparecer. Ese, lo comprobamos con alivio esta semana, no es el caso del Chile de hoy.

Es que sin esa reserva de humanidad no hay cemento capaz de mantener unida a una sociedad. Y, sobre ella, la edificación de una República como la nuestra requiere el respeto a ritos y figuras, por su rol como depositarios de la soberanía popular.

En las monarquías, la fórmula es sencilla. Le roi est mort, vive le roi!, o The king is dead, long live the king! se ha exclamado por siglos para subrayar esa continuidad de la institución monárquica más allá de la persona que circunstancialmente ocupa el cargo.

Tras independizarse de las coronas europeas, nuestras repúblicas americanas debieron encontrar una nueva fuente de legitimidad que permitiera recrear el principio de autoridad antes encarnado por el rey. Chile fue especialmente exitoso en esa transición, siguiendo el principio portaliano de depositar esa legitimidad en una figura abstracta e impersonal: la Presidencia de la República.

No hay derecho de sangre en el Jefe de Estado de la República, sino una construcción política. En una democracia, la soberanía reside en el pueblo, y este le entrega su ejercicio, con límites específicos y por un período acotado, a uno entre los suyos. Su rol es ejercer ese mandato, y entregarlo luego a otra persona elegida de acuerdo a las mismas reglas.

Solemos hablar del “Primer Mandatario” como un simple sinónimo de Presidente, sin reparar en la profundidad de la expresión. Porque es la primera autoridad de la República, pero antes que eso, es quien recibe un mandato. El poder no está en él, en su sangre, su herencia ni su apellido. Tampoco en una suma de cualidades personales que lo hagan necesariamente el mejor de los nuestros. Sólo es un mandato, acotado y limitado, para ejercerlo en nombre del pueblo que lo ha elegido.

Cuando muere un expresidente, por lo tanto, fallece un ser humano, y eso nos hace condolernos con sus deudos. Se hace también el balance del legado de un líder político, balance que es siempre controvertido y polémico.

Pero, sobre todo, se va alguien que ha sido elegido por el pueblo para entregarle un mandato, y por eso el homenaje a su figura es el homenaje a la República que él, más allá de sus virtudes y defectos, encarnó.

Cuando los expresidentes se reúnen, cuando los ministros de Estado forman guardia de honor, cuando los edificios y los símbolos de la democracia son ocupados en ese adiós, cuando quienes han sido sus adversarios destacan los aspectos más luminosos de quien ha partido, no sólo se homenajea a una persona, se enfatiza la continuidad de la República.

Insisto: todo esto puede parecer obvio, pero no lo es. Cuando las democracias se marchitan y mueren, ese proceso siempre es acompañado por un déficit de amistad cívica.

Los miembros de una comunidad, y en especial sus élites, pierden esas formas y atizan un enfrentamiento que ya no es entre adversarios ni rivales, sino entre enemigos.

Es lo que ha pasado en lugares tan diversos como Estados Unidos, Brasil o Venezuela. Una lógica de enemigos va destruyendo los cimientos de la convivencia, deshumanizando a los adversarios y volviendo aceptable cualquier acción política, por más violenta y antidemocrática que ella sea. El Chile de hoy no está ajeno a esta política de la confrontación. Pero en los momentos decisivos, en aquellos en que está en juego la continuidad de los símbolos democráticos, aún somos ejemplares.

Cada noche de elecciones, el perdedor reconoce su derrota y felicita al ganador. El presidente saliente llama al presidente electo y también lo congratula. Cada cuatro años, un 11 de marzo, quien ha ejercido el mandato concurre al edificio del Congreso para entregar la piocha de O’Higgins a su legítimo sucesor.

Y cuando la persona que ha tenido el honor de custodiar esa piocha fallece, sus pares, junto a todo el país, hacen una tregua en sus querellas diarias, se conduelen y recuerdan.

Más adelante vendrá el balance de la historia. Más adelante, los panegíricos más encendidos serán entibiados por la perspectiva del tiempo. Las virtudes y defectos, los éxitos y los fracasos serán aquilatados en su justa dimensión.

Pero en estos días, lo importante es que un ser humano ha sido despedido con respeto y la continuidad de la soberanía popular ha sido exaltada.

Hoy, nuestra República es más fuerte.

*Columna de opinión escrita por el periodista Daniel Matamala para La Tercera.

Stingo intentaba explicar, con escasa habilidad, qué pasaba con los fondos en un sistema de reparto. Convenientemente descontextualizada, se usó esa expresión como “evidencia” de que la Convención Constitucional planeaba quitar a las personas sus ahorros de las cuentas de AFP, lo que era falso.

Es que la propiedad privada, nos dijeron una y otra vez en los últimos años, es sagrada. Innegociable. No puede tocársele ni con el pétalo de una rosa. Y así, Republicanos, UDI, RN, Evópoli y Demócratas hicieron campaña en ambos plebiscitos con esa bandera.

Cualquier propuesta que reformara los derechos de previsión, educación, salud o vivienda significaba que “tu plata ya no será tuya”, “el gobierno se quedará con tus ahorros”, o “los políticos te quitarán tu casa”. Si no se votaba como ellos querían, advertían que venía “el robo”, “el manotazo”, “la expropiación”.

Hasta que efectivamente pasó.

Esos mismos partidos acaban de aprobar en el Senado de la República un manotazo de setecientos veintinueve millones de dólares (seiscientos noventa y un mil noventa y dos millones de pesos) contra cerca de 700 mil afiliados al sistema privado de salud.

No, ya no es tu platita.

¿Cómo ocurrió? Pues pasando piola, con un bonito eufemismo: “mutualización”.

“Senado aprueba la mutualización de las Isapres”. Una palabra arcana, a primera vista inofensiva, solidaria incluso.

Por eso, dejemos de lado el eufemismo y contemos la historia con peras y manzanas.

Entre 1990 y 2021, las isapres amasaron utilidades después de impuestos por un total de $ 1,3 billones. En paralelo, por 15 años, los tribunales fallaron más de dos millones de veces que las alzas de planes que las Isapres ejecutan cada año eran ilegales. Pero, como cada sentencia solo beneficiaba a quien reclamaba, las aseguradoras siguieron aplicando los reajustes al resto de sus afiliados.

Finalmente, en 2022, la Corte Suprema ordenó detener las alzas injustificadas, y devolver a las personas lo cobrado en exceso en los últimos tres años.

En vez de disculparse con sus clientes por haberlos esquilmado y presentar un plan para devolverles la plata malhabida, las isapres anunciaron que no podían pagar. Advirtieron que, de no haber un perdonazo a su favor, quebrarían, afectando la atención de 3,3 millones de pacientes y arrastrando consigo a las clínicas, a las que en paralelo también les deben sumas exorbitantes: más de 500 mil millones de pesos.

Ante tal amenaza, el sistema político lleva un año y medio de rodillas. Y los clientes despojados siguen sin recuperar un solo peso.

El gobierno ha pedido múltiples prórrogas a la Suprema mientras maniobra planes, cada vez con menos elegancia. En diciembre llegó al extremo de incluir dentro de la ley de reajuste a los empleados del sector público una norma pro-isapres, que les permitía adelantar el alza de sus planes.

Un chantaje que obligó a tramitar ese salvavidas a un grupo de empresas a matacaballo, so pena de dejar sin reajuste a los empleados del Estado. Lo lograron, y ahora se prevén alzas que podrían llegar al 41%.

Pero para las isapres, nada es suficiente. Y así llegamos a la martingala bautizada como “mutualización”.

En los últimos tres años, las isapres cobraron cerca de U$ 1.180 millones en exceso a unos 700 mil afiliados, especialmente mujeres y adultos mayores. La justicia ordenó devolver el dinero expoliado a esas personas.

La “mutualización”, en vez de cumplir ese fallo, hace un truco de magia. Calcula cuánto se cobró de más a esas personas, resta lo que se le cobró de menos a otros clientes (hombres jóvenes, especialmente), y saca un promedio entre todos. Así, se devuelve a cada persona afectada sólo ese promedio, y no el total que se le adeuda.

¡Eureka! Con esta artimaña, los U$ 1.180 millones se convierten mágicamente en U$ 451 millones. En un solo truco, los honorables prestidigitadores han reducido a apenas el 38% la deuda de las isapres con los chilenos.

Digamos que la isapre te cobró $ 1.000.000 de más durante tres años. La Corte Suprema ha ordenado que te devuelvan el millón de pesos expoliado ilegalmente. Y he aquí que el Senado de la República dice: “No, que las isapres se embolsen $ 620.000 y que te devuelvan sólo $ 380.000″. “¿Y mis otros $ 620.000? ¿Los que me quitaron ilegalmente, los que según la justicia me corresponden?”.

Aquí es donde los senadores se encogen de hombros: ya no es tu platita.

Por supuesto, no lo dicen así. Usan frases más elegantes, como “asegurar la sustentabilidad del sistema” o “garantizar las coberturas de la salud privada”.

Queda camino aún. Falta que el Tribunal Constitucional, la Cámara de Diputados y eventualmente la propia Corte Suprema se pronuncien sobre este manotazo contra la propiedad de cientos de miles de chilenos.

Pero las isapres y sus aliados confían en que, como siempre, se saldrán con la suya. Es que en Chile, la propiedad privada sólo es sacrosanta cuando su defensa coincide con los intereses de los dueños del poder económico. Cuando hay contradicción, cuando la propiedad privada no conviene a esos intereses… pucha, qué lástima por la propiedad privada.

“Con mi plata no”, fue el muy bien financiado grito de campaña cuando se pretendía tocar a las AFP. “Con tu plata sí” es la cruda realidad cuando se trata de salvar a las isapres.

Así haya que meterles la mano al bolsillo a unas 700 mil personas, quitándoles el dinero que según la justicia les pertenece, para entregárselo a los dueños de las isapres.

¿Tu platita? Ya no es tuya.

*Columna de opinión escrita por el periodista Daniel Matamala para La Tercera.

Friedman tiene razón. Es demagogia que el Estado prometa la provisión de algún servicio o prestación “gratuita” sin explicar cómo la financiará.

Alguien tiene que pagar la cuenta. Y antes de ordenar el menú, todos los comensales debemos estar de acuerdo en cómo la repartiremos.

Por eso es tan insólito que muchos herederos de Friedman en Chile insistan en ordenar el menú sin tener antes las cuentas claras.

Lo vemos en la caótica discusión de la reforma previsional. Hay acuerdo en la necesidad de aumentar la pensión garantizada universal y reforzar las jubilaciones de la clase media. Pero la oposición se niega tajantemente a destinar parte del aumento de las cotizaciones a ese fin. Todo debe ir a las cuentas individuales de las AFP, insisten.

Eso aumentará las pensiones de quienes están cotizando hoy cuando jubilen, en 20, 30 o 40 años más. ¿Qué hacemos con los jubilados de hoy? “Debe financiarse con cargo a las rentas generales”, es la respuesta. Ok, ¿y qué impuestos vamos a subir entonces? No, no se pueden subir impuestos.

La conversación es enervante. Porque para financiar gastos permanentes necesitamos ingresos permanentes, salvo que queramos ir por el camino argentino de endeudar al Fisco o de emitir billetes para que el “impuesto inflación” haga esa tarea. Tampoco las frases tipo “el crecimiento proveerá” son una respuesta seria.

¿Quién pagará la cuenta?

Mientras los políticos se hacen los lesos (a algunos les sale bastante natural), los dueños del capital, más avispados, ya se están anticipando.

Su consigna es simple: la cuenta la pagará cualquiera, menos ellos.

Para ello, partieron por descarrilar la reforma tributaria del ministro Marcel, que planteaba que, en un país con un nivel tan extremo de concentración económica, al menos parte de la cuenta deben pagarla quienes concentran ese capital. El impuesto a los súper ricos fue atacado inmisericordemente por la bien aceitada industria de defensa de la riqueza, hasta hacerlo naufragar.

Si no quieren pagar más impuestos, al menos que paguen los que corresponden, fue el siguiente razonamiento de Marcel. Un estudio del Servicio de Impuestos Internos (SII) calculó que el impuesto corporativo, que pagan los dueños de empresas, tiene un “incumplimiento tributario” del 51,4%. O sea, menos de la mitad de los tributos que deberían pagar llega efectivamente a las arcas del Fisco. Según el ministerio de Hacienda, en países desarrollados esa brecha no supera el 15%.

Esto equivale a una cantidad gigantesca: 4,7 puntos del PIB. Para hacerse una idea, el gasto fiscal en la PGU y el aporte del pilar solidario de las pensiones hoy es de 2 puntos del PIB.

Que paguen el almuerzo quienes hasta ahora están haciendo perro muerto, entonces. Justo y necesario.

Para ello, hay que “darle dientes” al SII para aplicar la norma antielusión, como ocurre en todos y cada uno de los países de la OCDE. Las únicas excepciones son Chile y Suiza, que obviamente no es un ejemplo de transparencia en el control de capitales.

Así es en Alemania y en Estados Unidos; en Corea del Sur y en Nueva Zelanda; en Francia y en Noruega; en breve, en cualquier economía capitalista que podamos mirar como ejemplo. Pero en Chile, el titular de El Mercurio es “Congresistas y expertos cuestionan uno de los ejes de la norma antielusión”. Vamos al cuerpo de la nota. ¿Quiénes son esos connotados expertos que saben más y mejor que todas las economías capitalistas sobre el Planeta Tierra? Les ahorro el click: son el presidente de la CPC y algunos socios de bufetes tributarios. O sea: los que quieren pagar menos impuestos, y quienes trabajan para ellos.

¿Quién pagará, entonces? Los dueños del capital ya tienen dos candidatos. El primero: la clase media. El segundo: los más pobres.

La gremial de los grandes empresarios, la CPC, pide bajar el impuesto a las empresas, de 27 a 23%. Y a cambio “ampliar la base de contribuyentes”. Lo mismo propone el Instituto Libertad y Desarrollo. Esto es, que las personas con sueldos mensuales menores a $850.000, hoy exentas, paguen impuesto a la renta. El argumento es que en los países desarrollados las clases medias sí pagan ese tributo.

Pero claro, ser de clase media en Suecia o Dinamarca es bastante diferente que serlo en Chile. No sólo por el nivel de ingresos (mucho mayor) y la desigualdad (mucho menor), sino porque a cambio el Estado provee a esa clase media de servicios públicos de calidad, en materias como salud o educación.

Hoy, uno de cada cuatro chilenos paga impuesto a la renta. Macarena Navarrete, consejera de la Sofofa, dice que “no es razonable que el país sea mantenido por una parte tan pequeña de la población”.

No. Muchos obreros, empleados por cuenta propia, dueñas de casa y jubilados no pagan impuesto a la renta, pero de todos modos pesa sobre sus hombros una fuerte carga. Porque pagan una gran proporción de sus exiguos ingresos en IVA, que en Chile es una anomalía: nuestro país recauda 42,7% de sus ingresos mediante el IVA, contra sólo 20,2% del promedio OCDE, donde las tasas son más bajas y muchos productos de primera necesidad están exentos.

En Chile, en el decil más pobre, el IVA se lleva el 25,4% de los ingresos del hogar; en el decil más rico, apenas 7,2%.

Pese a ello, el CEP plantea subir el IVA. Y el exministro y asesor de empresas Juan Andrés Fontaine lo resume así: que “más gente” pague el impuesto a la renta, y si eso no alcanza “aumentar el IVA”.

En resumen, los grupos que concentran la riqueza proponen hacer aun más regresivo el sistema tributario. En vez de acercarnos al mundo desarrollado, alejarnos aun más de él.

Hacer que la cuenta, otra vez, la paguen aquellos que menos tienen.

Columna de opinión de Ascanio Cavallo extraída de La Tercera.

Explorando la figura a veces enigmática de Carlos III, escribe G.K. Chesterton: “Era un caballero, y un caballero es, desde el principio de los tiempos, alguien que obedece a extraños estatutos que no constan en ningún manual y que practica extrañas virtudes sin nombre”. Belisario Velasco era un caballero, un hombre que en vez de manual tenía intuición y un político cuyas virtudes eran extrañas, como por ejemplo la rectitud.

Velasco fue el primer funcionario de la democracia recobrada, en los tensos días de marzo de 1990. Y también fue el último de la dictadura, como le decían sus amigos en plan pesado. ¿Por qué? Porque Pinochet debió firmar el decreto que lo habilitaba, en tanto subsecretario del Interior, para formalizar el traspaso del mando y los juramentos de presidente y ministros. Alguien con vocación de profeta se habría horrorizado de ser nombrado por el capitán general. Pero Velasco sabía muy bien que en los hombres que anteponen la vocación de profeta muchas veces habita también la vocación de no ser seres humanos, como intuyó George Orwell en su ensayo sobre Gandhi.

No Velasco, de ninguna manera Velasco. Es probable que Aylwin, que nunca estuvo en el mismo bando que Velasco dentro de la guerra endémica de facciones de la Democracia Cristiana, haya ponderado su reconocida sangre fría, su aspecto tranquilo y hasta algo flojo, su indiferencia hacia la banalidad igual que hacia la pompa, para encargarle la primera tarea difícil de su gobierno. Ser nombrado por Pinochet.

Pinochet tenía su propia historia con Velasco.Casi 30 años antes, la hija mayor del general, Lucía, había sido secretaria privada de Velasco cuando era gerente general de la Empresa de Comercio Agrícola, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Algunas de esas tardes de los años 60 el general pasaba a buscar a su hija y allí había cruzado sus primeras gentilezas con el político al que pocos años después enviaría relegado dos veces, primero a Putre y después a Parinacota, y dos veces más arrestaría en los regimientos Buin y Tacna. Eran las violentas vueltas de la vida de unos años violentos.

Frei Montalva tampoco estaba en el sector de Velasco, que por esos años siempre prefirió a Radomiro Tomic y Bernardo Leighton, las figuras de la izquierda del partido. Pero Frei también sabía que sería un funcionario leal. Lo que no podía saber es que años más tarde, a fines de los 80, apoyaría la candidatura prematura de su hijo, Eduardo Frei-Tagle, no la de Aylwin, y que se convertiría en uno de sus amigos dilectos.

Hasta hace poco, Velasco caminaba las cuatro cuadras que separaban su casa de la del expresidente para conversar de política. Ambos estuvieron de acuerdo en rechazar el texto que la Convención Constitucional le propuso al país. Pero ninguno pudo impedir el lento desangramiento del partido al que entregaron sus vidas. Es posible que la última tristeza de Belisario Velasco fuese ver el estado ruinoso de la DC en sus años invernales.

¿Estaba esa destrucción larvada desde los orígenes mismos de la DC? Eso diría cualquier determinista, los que creen en alguna forma del destino, sacramental o materialista. A Belisario Velasco se lo recuerda a menudo como uno de los 13 firmantes de la carta que el 13 de septiembre de 1973 repudió el Golpe militar, contraviniendo la declaración que había emitido el día anterior la directiva vigente. Fue un momento difícil y acaso heroico, pero al menos Velasco sabía que la política, como la vida, no está hecha de momentos infinitos ni totales, momentos “inconmensurables”, como los llamó el filósofo Charles Taylor, sino de sucesos cambiantes, volátiles, hasta reversibles. Tener la razón una vez no significa quedársela para siempre.

Después se peleó con esa misma directiva -la de Patricio Aylwin, desde luego- por el grado de atrevimiento que debía tener la Radio Balmaceda. Como prueba de que la verdad era esquiva, la discusión la zanjó la dictadura, que sencillamente clausuró y confiscó la radio. Alguien diría que esas eran buenas razones para no volver a cruzar palabra con Aylwin. No Velasco, nunca Velasco.

La otra tarea difícil, más difícil y menos simbólica que la de la firma del decreto, era asumir como subsecretario del Interior en una transición que se iniciaba con tres grupos embarcados en la lucha armada, tres fragmentos que creían que transición remaba más con traición que con revolución, para los cuales no había diferencia entre el gobierno de Aylwin y el de Pinochet. El radicalismo político es así: nunca distingue entre fondo y forma, sufre de un tipo de estrabismo que le impide separar perspectivas.

La izquierda de la Concertación creyó que esos grupos se disolverían con el solo esplendor de la democracia, aunque estuviera poblada de limitaciones. No es claro que Velasco haya compartido esa idea; parece más bien improbable, porque en su manual invisible no figuraba la candidez. Al contrario: era astuto, observador, suspicaz. Y entendía que, en su cargo, debía cautelar el orden público, porque sin eso no habría transición, ni vigilada ni libérrima.

En todo caso, el asesinato de Jaime Guzmán lo cambió todo. El Presidente Aylwin decidió enfrentar ese estridente desafío con toda la fuerza del Estado. Belisario Velasco quedaría en la primera fila, y no le gustó nada -porque entre sus extrañas virtudes no figuraba la de compartir la responsabilidad- la creación del aparato que sería conocido como “La Oficina”, cuya misión principal consistiría en infiltrar y cooptar a los militantes insurgentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MAPU Lautaro y los restos del MIR. Compitió con ella, devolvió golpe por golpe y trastada por trastada, y terminó, sin quererlo, formando parte de esa pinza que redujo a escombros a las tres organizaciones antes del fin del cuatrienio. No se puede decir que quienes lo ayudaron en esas tareas fuesen todos trigos limpios. Pero Velasco sabía que, en política, cada tarea tiene su moral y se agota antes de que afecte la moral general.

No era todo. Al mismo tiempo hubo que hallar, en esa Moneda vacía que le entregaron en marzo, los micrófonos ocultos, los aparatos escondidos cuya otra punta iba a dar, en casi todos los casos, a la Dirección de Inteligencia del Ejército. Nunca habló mucho sobre esto. En general, nunca se le dio mucho la vanagloria.

En el 2006, cuando aún sentía que debía dar señales de autoridad, la Presidenta Michelle Bachelet despidió en tiempo récord a su ministro del Interior, Andrés Zaldívar, y nombró a Velasco en el que sería su último cargo público de alta visibilidad. Pero Velasco se enfrentó al ministro de Hacienda, tuvo roces con otros miembros del gabinete, chocó con el equipo de asesores y, por fin, se opuso al lanzamiento del Transantiago. Esa fue su última lucha. La Presidenta no volvió a responderle el teléfono y Velasco le entregó su renuncia por carta. Muchos testigos coinciden en que la Presidenta llegó a detestar, no su firmeza de planteamientos, sino su sangre fría, su aparente indiferencia. Exasperante para un gobierno nervioso.

¿Será esa la definición de un hombre de Estado? ¿O es la del caballero? Quizás por eso siempre fue raro nombrarlo por su apellido. Era más singular y contundente lo otro: Belisario. Con ese nombre se extingue ahora otro retazo de la transición.