Sabido y prudente es tomar distancia respecto a los resultados de las encuestas, especialmente si tratan de reflejar breves períodos de tiempo (semanas) y, además, sin que nadie realice una fiscalización externa y confiable de las mismas, como muchos chilenos desde hace años demandamos que la haya.
Dicho lo anterior, y con la reserva planteada, algo más de valor tiene el hecho que diversas encuestas arrojen resultados similares sobre un mismo tema. Es el caso de las preguntas formuladas sobre conocimiento del proceso constitucional, que lleva a cabo el Consejo Constitucional, sobre la importancia que los chilenos le asignan a ese proceso y sobre la predisposición actual a pronunciarse a favor o en contra del texto que en definitiva se presente a votación popular.
En este aspecto hay una cierta coincidencia entre las diversas encuestas en cuanto a que aproximadamente el 48% rechazaría y solo un 24% votaría aprobando la proposición, lo cual, de mantenerse esos números hasta el plebiscito sería un verdadero desastre para el proceso, para el gobierno y para el país.
En paralelo a esta desmovilización comienza a imponerse la idea que estar a favor del texto constitucional, con consenso previo o sin el, constituiría un verdadero suicidio político para la izquierda y para la derecha. Esto produce una trampa mortal para el proceso.
En efecto, si republicanos no quiere perder gran parte de su votación reciente, producto de la derrota de un proyecto constitucional auspiciado por ellos, su decisión por el rechazo va a tardar poco en presentarse. En última instancia a ellos les acomoda la constitución del 80, con sus modificaciones.
En el caso del resto de la derecha ocurre lo mismo.
Si miramos ahora al gobierno y a la coalición gobernante el incentivo al rechazo es exactamente el mismo que para los republicanos, con la agravante que significa el riesgo mortal de perder otra elección.
Los que aún creen en un gran acuerdo político, desde los comunistas hasta los republicanos, han entrado definitivamente en el terreno de la ciencia ficción porque de alcanzarse el soñado acuerdo constitucional nada garantiza que el pueblo chileno no aproveche esta extraordinaria oportunidad de rechazar a todos los políticos. En esa hipótesis el rechazo puede ser enorme.
Esa es la gran trampa política en que está sumido el país: desarrollar un proceso constitucional que ya no lo quiere la gran mayoría de los votantes.
Es riesgo de esta trampa suicida es la ingobernabilidad y el renacimiento de las semillas de un nuevo estallido social, especialmente si no se aprueba la esperada reforma al sistema de pensiones.