Cuesta entender lo que está pasando en Chile. Aún los analistas más avezados pugnan reiterada e insistentemente por entregar sus interpretaciones y pronósticos, que oscilan en el amplio movimiento pendular, desde posturas polarizadas hasta invitaciones al pragmatismo a cara descubierta.
Simultáneamente se producen extrañas paradojas como lo es el triunfo de los Republicanos en la elección de consejeros constitucionales, en circunstancias que ellos fueron los únicos que se restaron de participar en el acuerdo político transversal que dio origen al proceso electoral. En este ejercicio democrático, en el que resultaron ganadores, obtuvieron 22 escaños y adquirieron un poder de veto sobre el contenido definitivo del proyecto de Constitución que será sometido nuevamente a plebiscito.
A su vez, no deja de sorprender los 2,6 millones de votos nulos y blancos, ascendente a 21,53 % del total de votos escrutados, y que, de transformarse el desinterés en hastío de muchos chilenos con el nuevo proceso constitucional, podría significar una nueva mayoría por el rechazo en el próximo plebiscito de fin de año.
Ningún acuerdo político superestructural es capaz por si solo de cambiar el descontento que esa votación de nulos y blancos significa, el que puede verse incrementado, por ejemplo, por conflictos políticos intrascendentes para la gran mayoría de la población, por el desplome sin alternativas reales del sistema de salud privada del país, por una percepción masiva de ineficacia frente a la delincuencia o, simplemente, por falta de sanción oportuna a los no votantes en las dos elecciones anteriores, que se realizaron bajo voto obligatorio, al haberse generalizado la idea que las sanciones que contempla la ley son en realidad inaplicables por el aparato administrativo del Estado.
El descontento con la clase política es y será una variable importante de considerar por todo el arco de partidos y movimientos. Por ello es por lo que la tentación de encabezar el voto rechazo será muy grande e inevitable para los Republicanos, que tienen el suficiente número de consejeros como para hacer fracasar los amplios acuerdos que requerirá el proceso constituyente para volver de esta manera a la Constitución del 80 con sus modificaciones.
Para el gobierno el triunfo del apruebo, si es que este se produce, será también un problema, ya que el texto que se someterá a plebiscito será el resultado de una negociación dentro del Consejo Constitucional, que, seguramente, será menos tragable para la izquierda que el acordado por los expertos.
Si gana el apruebo Boric tendrá que promulgar con su firma la Nueva Constitución, que, siendo un documento de mínimos, estará aún más lejos ideológicamente de sus convicciones que la constitución vigente.
Eso se llama ir por lana y salir trasquilados.
Estas son las grandes paradojas de todo este oscuro período: El gobierno defendiendo la aprobación de un texto depurado por los Republicanos, y estos últimos, jugando a dos bandas, duros en la negociación y preparando el rechazo en caso de fracasar el acuerdo.
Por estas razones es que la prescindencia del gobierno en la discusión del Consejo Constitucional sería un grave error político, pues significaría dejar a la deriva a sus partidarios en el Consejo Constitucional, tal como lo hizo Piñera y su gobierno con la Convención Constitucional.
Ni Portales, ni Arturo Alessandri, ni Frei Montalva, ni Lagos habrían hecho eso. Allende tampoco.
Ojalá la nueva generación en el gobierno, tan llena de autocomplacencia y supuestas supremacías morales, sepa hacer buena política y destrabar positivamente las cosas por el bien del país.
No ayuda la vana tentación de pasarse de listos declarándose prescindentes porque, al final, la gente por angas o por manga termina echándole la culpa al gobierno, y ello sucede a pesar de las excusas.
No hay que olvidar que esta generación en el gobierno auto justificó su advenimiento y llegada al poder. Precisamente, acusando a sus antecesores de no haber hecho los cambios sociales y estructurales que Chile requería.
Esta nueva generación política no puede terminar clausurando por maximalismo la vía de recaudar más impuestos, y consagrando la inmutabilidad de la Constitución del 80 con sus modificaciones insuficientes.
Para que decir si el gobierno se vuelve a jugar por el apruebo y pierde.