No cabe duda de que nuestro país está viviendo una inédita crisis de seguridad, de grandes proporciones para lo que es y ha sido nuestra historia e idiosincrasia.
Durante décadas se produjo un sostenido incremento de la criminalidad, que fue creciendo en forma permanente. Crisis de seguridad que se agravó durante y después del violento desborde del orden público ocurrido durante el estallido social y la explosión del conflicto en la Araucanía, precariamente bajo control aún con Estado de Emergencia.
A estos antecedentes se ha sumado la masiva inmigración ilegal y la subrepticia, pero significativa, llegada e instalación del crimen organizado y el narcotráfico que se ha traducido en el incremento de los delitos violentos y en la sensación de temor extendida a todas las comunas con mayor densidad poblacional. Según las últimas encuestas de victimización el temor de la población alcanza un 92%.
La violencia ya es habitual en regiones como Bíobío, La Araucanía, Arica y Parinacota, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Concepción y prácticamente todas las ciudades del país.
Pero los más grave es la pérdida del control territorial por parte del Estado y la ausencia de vigilancia policial suficiente con efecto preventivo, a diferencia de todas las grandes ciudades del mundo que han tenido que lidiar con este problema. No es exagerado decir que hoy en Chile el control territorial de vastas zonas urbanas y rurales no lo tiene la policía sino los delincuentes.
Parte de esta realidad es la falta de una política clara en el tema migratorio y el debilitamiento de la legitimidad del Estado a raíz de la innumerable cantidad de casos de corrupción en todos los niveles.
Resulta también inexplicable la desidia de los fiscales y jueces, parte del engranaje de un sistema garantista, que defiende más a los delincuentes que a las víctimas, y la falta de una estructura de rehabilitación carcelaria eficaz y oportuna.
Podemos decirlo sin ambigüedades, la impunidad y una sensación de indefensión generalizado constituyen hoy uno de los principales problemas de nuestra sociedad.
Frente a este contexto claman las voces pidiendo declarar hasta el Estado de Sitio en algunas regiones, el Estado de Excepción en Santiago, lo que implica involucrar a las Fuerzas Armadas en el abordaje de este tema, todo ello con sus luces y sombras.
Sin embargo, no debe confundirse la demanda de mano dura en el combate a la delincuencia con la militarización del orden público y la seguridad ciudadana, lo que será un grave error, si es que se cree en el Estado de Derecho y en la prescindencia de las Fuerzas Armadas en temas de política, gestión de un gobierno o posicionamientos frente a determinadas demandas sociales.
Hay gente que anhela que el control de la seguridad territorial lo tengan las Fuerzas Armadas. Sacar a los militares a la calle es un viejo anhelo autoritario común en todas las sociedades.
Para ciertos individuos el militarismo es casi una tendencia política, que se camufla generalmente en los extremos violentistas del espectro de derecha y de izquierda.
El culto a Pinochet que muchos chilenos de ultra derecha tienen bien arropado dentro de su corazoncito solo se compara con la fascinación que en la década del 60 existió en la izquierdas por los guerrilleros verde oliva de la Revolución Cubana.
Mientras tanto en las otras fuerzas políticas cunde la contradicción, como la de los neoliberales que detestan al Estado y ahora claman a gritos para que los proteja y se despliegue masivamente en comunas y localidades.
Da vergüenza, pero no sorprende, el grotesco y encubierto llamado al uso de la fuerza, que día a día hace la extrema derecha, como lo han hecho infinidad de veces en la historia de Chile.
¿Por qué quieren militares en las calles y los Estados de Excepción? Para matar, y después lavarse las manos como Poncio Pilatos. Como siempre quieren que los militares reestablezcan el orden y la seguridad a costa de muerte y violaciones a los Derechos Humanos y el debilitamiento de la democracia.
Aquí es el sistema penal el que está fallando y curiosamente muchos estatistas de tomo y lomo quieren se resisten a otorgar más facultades a las policías.
Para ayudar al debate resulta útil realizar algunas preguntas a propósito del sistema preventivo y represivo de la delincuencia.
¿Coinciden los territorios de los Juzgados de Garantía, de las Fiscalías, de las Policías y las comunas? Esto es clave para tener estadísticas y planes preventivos teniendo como base un mismo territorio.
¿Se cuenta con información permanentemente actualizada y desagregada hasta el nivel de comuna sobre la ocurrencia de los delitos con mayor connotación social y de más alta peligrosidad? ¿El Ministerio del Interior tiene un acceso propio y permanente a los datos desagregados a nivel territorial?
¿Los Alcaldes tienen acceso propio y permanente a los datos comunales?
¿Cuál es el nivel de autonomía de las Policías en materia de información y operación? ¿Es buena la coordinación de las Policías?
¿Accede el Gobierno a la información de las Policías? Dotaciones territoriales, asignaciones de zona, seguros de vida, ¿Cumplimiento de metas y no solamente ascenso por la antigüedad? ¿Cuántos policías realizan funciones administrativas no operativas?
¿Tiene el Gobierno un diagnóstico sobre la población penal, las cárceles y Gendarmería?
¿Está integrada GENCHI (Gendarmería de Chile) a la estrategia preventiva y represiva de los delitos?
¿Tienen las policías tecnología de punta en el mundo para hacer seguimiento de actos, personas, organizaciones criminales? ¿Es expedito el trámite de autorización?
¿Que rol tiene el secreto bancario en el lavado de dinero?
¿Deberían modificarse las reglas de la prisión preventiva, exigiendo justificación del juez de garantía no solo para otorgarla, sino que también para denegarla?
Como se puede ver, hay mucho que hacer y aclarar antes de buscar la protección de los militares, que, por lo demás, no tienen ningún interés en asumir tareas policiales.
En este tema no hay soluciones mágicas ni golpes de suerte.
Hay que hacer el trabajo y hay que hacerlo con menos cámaras y hacerlo bien.